“La tragedia ambiental aumentará y traerá cada vez más consecuencias humanitarias”, advertían a PERFIL las comunidades aborígenes que llevaron a la Justicia su reclamo para detener el desmonte. La realidad parece darles la razón: un alud de agua y tierra provocó desaparecidos, evacuados y casas destruidas en la ciudad salteña de Tartagal.
Los wichis vienen denunciando, hace tiempo, que el desmonte para sembrar soja y la tala de madera los desplazan de sus tierras y generan un desequilibrio en el ecosistema.
En diciembre pasado los aborígenes presentaron en la Corte Suprema un reclamo para detener el desmonte, luego de que 414.934 hectáreas habían sido arrasadas en Salta entre 2002 y 2006. La deforestación no sólo arrasa con los bosques naturales, también deja a familias enteras sin un lugar donde vivir y sin una fuente de trabajo. El Máximo Tribunal ordenó detener el desmonte y convocó a una audiencia pública entre las partes el próximo 18 de febrero.
Alicia Oliveira, ex defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y patrocinadora de los wichis en la presentación ante la Corte explicó a PERFIL que el desastre en Tartagal se produjo porque la naturaleza fue corrompida al hacer desaparecer el bosque. “El árbol cumple dos funciones: por un lado las raíces absorben el agua y por otro impiden que la tierra se deslice”, consideró y agregó: “El alud fue una consecuencia de la falta de árboles. El agua no se pudo parar y barrió las poblaciones”.
La tragedia ambiental y el desastre humanitario aparecen como consecuencias inseparables del desmonte sin control en la provincia. Oliveira aseguró que no está sorprendida: “Sabíamos que esto iba a pasar, lo venimos advirtiendo hace tiempo. En Santa Victoria Oeste, que está atravesada por un arroyo, no se puede ir porque caen dos gotas y queda aislada”.
La licenciada Norma Naharro, del Foro Salteño por la Tierra, indicó que el problema no fue sólo el desmonte para cosechar soja: “En esta zona se realizaron muchas picadas, que son caminos que abren las empresas petroleras. Se incumplieron las pautas técnicas ambientales”. Naharro dejó en claro que no se trató de una “tragedia natural” y aseguró: “Fue la suma de todo: el desmonte para el agro, la tala de madera y las picadas. Este desastre se debe al maltrato que sufrió la naturaleza por decisiones humanas y políticas”.
Como siempre, las autoridades del Gobierno y las empresas son señaladas como responsables. Aunque los funcionarios negaron la relación con el desmonte, el viernes la presidenta Cristina Kirchner reglamentó la Ley de Bosques para “articular el cuidado del medio ambiente”. Oliveira advirtió que “no se trata de construir nuevos puentes porque se van a volver a caer, el problema es estructural. Si no se recompone el ambiente va a seguir pasando”.
La abogada confirmó que realizaron un pedido de informes al poder político de la provincia de Salta, dirigido al gobernador Juan Manuel Urtubey, sobre las empresas que efectuaron desmontes en la zona, pero todavía no recibieron ningún tipo de respuesta.
“Como son corporaciones que compran los terrenos es difícil saber quiénes son”, aseguró, pero no son pocas las sospechas que hacen creer que algunos funcionarios tienen intereses económicos, por eso no detienen el desmonte.
Naharro, del Foro Salteño, admitió: “Estamos investigando cuáles son las empresas que están detrás de todo esto, ahora lo urgente es atender la emergencia y a la gente evacuada”, sin embargo, no ahorró críticas al gobernador: “Las autoridades saben lo que estamos diciendo. Hablamos con Urtubey cuando era candidato y nos prometió atender el problema, pasó un año y no hizo nada de lo que prometió, no fue coherente, decía que tenía las manos atadas, pero no hubo voluntad política, porque lo que la Corte dictaminó nos da la razón”.
Las esperanzas de que la situación se revierta son mínimas, luego de tantos años de palabras vacías. La licenciada indicó: “Nosotros seguiremos denunciando la catástrofe, porque detrás del problema ambiental hay una cuestión social y personas que están sufriendo”.
