Macri al 1.900

Si era tan sencillo, ¿por qué no lo hicieron antes? Fue Mauricio Macri: aumentó 20 veces el precio del canon pagado hasta ahora por las cinco empresas dedicadas a vender publicidad en el “mobiliario urbano”, nada menos que el 1.900 por ciento.
Historia fascinante, es preciso despanzurrar sus entresijos. Patentiza rasgos centrales de la Argentina contemporánea: rapacidad sin límites de un empresariado amancebado con el aparato estatal e hipocresías lacrimógenas de un centroizquierda declamatorio que eyacula precozmente promesas ideológicas que luego no cumple.
Macri demostró que ejercer el poder estatal no es exclusividad de una sola ideología. Cinco empresas pagaban en total irrisorios 400.000 pesos al año (US$ 8.300 por mes) por facturar US$ 100 millones en ese período. Desde ahora, pagarán ocho millones de pesos. Están desde 2001 sin contrato, cuando caducaron las licencias concedidas por Carlos Grosso, en 1991. Esa caducidad coincidió con la caída de la Argentina. Nadie se había ocupado seriamente más del tema, hasta hoy.
El anuncio de Macri provocó ese asombro enervante con que los medios tratan estratégicos temas urbanos. ¿Por qué las empresas afectadas aceptaban sin chistar un ajuste del 1.900 por ciento? Porque han ganado hasta hoy dinero en cantidades obscenas y aguardan la licitación de 2008 para continuar haciéndolo.
Junto con el colosal aumento del canon, Macri les concedió permisos provisorios por un año, pero algunas de las cinco empresas tienen concesiones caducas desde 1996 y otras deben incluso el canon fijado hasta hoy. Desde 2009 el negocio de la publicidad en vía pública será concesionado a empresas que el año próximo ganen la nueva licitación.
El negocio queda así: 1.362 refugios para pasajeros del transporte público para Spinazzola; 3.500 “carapantallas” (viejas carteleras municipales, de color verde) para Publicidad Rainbow, 1.000 “chupetes” transiluminados para Publicidad Sarmiento y, finalmente, la sociedad Lesko/Siemens/Trabacar sigue a cargo de 7.000 placas señalizadoras de nombres de calles y avenidas. La decisión central se tomará el próximo semestre, cuando se haga la licitación que no pudo (o no supo) hacer Aníbal Ibarra, y claramente no quiso hacer Jorge Telerman.
Los jefes citadinos del centroizquierda nunca entendieron el valor determinante del “mobiliario urbano”, artefactos colocados en el espacio público que encarnan un formidable avance de unos pocos sobre lo que es de todos. De hecho, este negocio cabalga sobre barrios de alto y mediano poder adquisitivo. A estas empresas les importan Recoleta, Belgrano y Palermo, pero no Mataderos, Boca o Soldati. Por eso, en estos barrios no hay mobiliario urbano. ni refugios para quienes viajan en colectivo. Los hay, en cambio, en barrios donde esos refugios sólo son rentables soportes de publicidad.
Evidente discriminación de los barrios más humildes. En las zonas más cotizadas, la selva de carteles y otros artefactos es abrumadora: pantallas municipales, chupetes luminosos, publicidad pegoteada sobre las cajas que contienen electro-mecanismos de semáforos, refugios peatonales, hasta meros carteles municipales que identifican plazas y lugares turísticos permanecen tapados por una cartelería privada asfixiante y descontrolada, aquelarre comercial que Ibarra y Telerman toleraron. Por eso, el negocio sigue siendo hasta hoy un cachivache normativo, situación que Ibarra y Telerman no encararon, convalidando un formidable negocio privado a expensas de los porteños. La licitación original para renovar las concesiones data de 2001 y sigue pendiente. Macri apretó el acelerador: 1.900 por ciento de aumento y liquidar el tema en 2008. La cuestión impacta en la Casa Rosada, donde, antes con Néstor y ahora con Cristina Kirchner, el poder de Enrique Albistur permanece vigente, sin cambios.
Albistur es secretario de Medios de los Kirchner desde mayo de 2003, pero también dueño de Publicidad Rainbow. Por acuerdo con Carlos Avila (ex factotum de Torneos y Competencias, que estaba en el negocio de las pantallas municipales con su empresa Wellon), ambos se repartieron la ciudad.
Ya desde antes del retorno del peronismo al poder en diciembre de 2001, Albistur pesaba en el negocio y en el lobby con el poder político. En uno de sus pocos reportajes, afanaba el 20 de mayo de 2001 en La Nación por enfrentarse con la Embajada de los Estados Unidos, cuyo titular, James Walsh, solicitaba que empresas norteamericanas fuesen consideradas en la licitación inminente.
Atemorizado, Albistur declaró sarcásticamente: “Voy a tratar de conseguir la carta de un embajador nuestro para que nos defienda”. Era la licitación más grande que afrontaba ese año Ibarra, y las empresas extranjeras reclamaban condiciones más transparentes en el pliego. Ese mismo octubre de 2001, la Legislatura porteña aprobó una ley de “compre nacional” con facilidades para empresas argentinas sobre las extranjeras.
En carta a Ibarra, Walsh pedía revisar la licitación, ya que las preferencias para las empresas locales violaban el Tratado Bilateral de Inversión entre la Argentina y los EE.UU., “que establece tratamiento nacional a las inversiones extranjeras”. Como preanunciando enojos kirchneristas con el actual embajador, Earl Anthony Wayne, Albistur decía que “la actividad empresaria no tiene por qué estar sujeta a los tiempos de los embajadores, creo que todavía somos un país soberano”. Agregaba: “Me da un poquito de lástima, como empresario argentino, que estemos tan dependientes del Norte. Sobre todo con los Estados Unidos…”. Rápido y astuto, el empresario avisaba, sin embargo, que “esto es un negocio, nunca hay posiciones irreconciliables”.
Hace años que Albistur integra una compleja red de entrelazados intereses privados y políticos. En noviembre de 2004, Poder Ciudadano solicitó a la Oficina Anticorrupción que se expidiera sobre un posible conflicto de intereses de Albistur, por los montos destinados a la pauta de propaganda oficial.
Dos empresas de Albistur fueron contratistas del Estado, entre febrero y abril de 2003, lo que lo inhabilitaría, según la Ley de Etica Pública, de asumir su cargo, un mes después, el 5 de junio de ese año. Eran Wall Street y la citada Rainbow, la primera contratada por el Poder Ejecutivo Nacional en febrero-marzo de 2003 y la segunda, en febrero-abril del mismo año, por un total de $ 630.000. Hace casi un año, el 4 de febrero último, Diego Genoud escribió en PERFIL que el secretario de Medios, representante argentino en la televisora chavista Telesur, “despliega una ingeniería en el Gobierno que ya excede su área. Logró que uno de sus hombres quede a cargo de la relación con los municipios de todo país desde el Ministerio del Interior. Pero, de chavista Albistur tiene poco: su prioridad pasa por incrementar sus negocios sin perjudicar su lugar en el Gobierno. Para eso, diseña una ingeniería que ubica a sus hombres en lugares estratégicos”.
Ante estos intereses comienza a diferenciarse, saludablemente, Macri. Pero será en 2008 cuando la pulseada final se concrete.