¿Cuál es la canción de todo gobierno en la Argentina? Con el gran Discepolín seguimos cantando Cambalache; con Sabina –felizmente ya de alta– seguimos cantando La Biblia y el calefón, que se escucha como su remasterización. Pero a la luz de esta semana en la que aún no se cumplieron ni noventa días de gobierno, Alberto puede agarrar la viola y cantar una de Gieco, aggiornada: “Son malas condiciones para gobernar”. ¿Alguna vez fueron buenas?
No pasaron tres meses, el Presidente todavía no dio su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, y parece que hubieran pasado tres años –basta ver algunas fotos para notar las marcas de esas malas condiciones en el cuerpo, como pasaba con Macri–. Esta última semana quedó en evidencia la fragilidad de la actual construcción del poder presidencial: pedir disculpas a Nora Cortiñas (referente fundamental de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), no contradecir a quienes agudizan la conflictividad política con la oposición y con los sectores que encuentran su representación en Juntos por el Cambio, (proyecto de intervención a la Justicia de Jujuy y reforma sobre las causas de corrupción), desmentir y retar a sus ministros y, como si esto fuera poco, quórum irregular en Diputados para una ley importante y conflictiva.
La escena de Diputados para el tratamiento de la reforma previsional de los judiciales resulta muy inconveniente por donde se la mire. ¿No fue un desgaste innecesario, un precio muy alto a pagar, tanto desde el punto de vista institucional como desde la perspectiva puramente política en términos de fuerzas? Hay en esta cuestión un nuevo coletazo de la crisis de 2001, que con todos sus males dio al menos el contexto para comenzar a ponerles límites a ciertos privilegios. Recordemos que en el año 2002, bajo el gobierno de Duhalde, el Congreso derogó los regímenes especiales de las jubilaciones de los legisladores nacionales, los funcionarios del Ejecutivo, los diplomáticos y los funcionarios judiciales. Pero con un veto parcial de esa ley de derogación, Duhalde mantuvo básicamente la eliminación del régimen especial para Diputados y Senadores, restituyendo la vigencia de regímenes especiales para el resto de los mencionados. Así, dejó intacto, entre otros, el que ahora se discute.
La iniciativa del Frente de Todos para modificar esas condiciones previsionales parece sensata y justa, en un contexto en el que no hay recursos ni para hacer el censo y se procurará aumentar la recaudación por vía de las retenciones a la soja. ¡Otra vez soja, otra vez sopa! Que estamos en un contexto de ajuste “ya no hay quien lo niegue”, ¿por qué no ahorrar en cajas jubilatorias más coherentes con una economía de abundancia y no de escasez?
Turbiedades. Pero con este proyecto de ley pasa como con otros de la anterior administración del Frente: las aguas bajan turbias, tan mezcladas como la Biblia y el calefón, precisamente. Porque junto con el cambio de las condiciones de la jubilación de los magistrados judiciales se aumentan las posibilidades de arbitrariedad para cubrir las vacantes existentes y las nuevas que se podrían generar en estas malas condiciones para los funcionarios afectados.
La situación es similar a cuando se aprobó la reforma de la ley para la conformación del Consejo de la Magistratura. La ley contuvo elementos positivos pero otros inaceptables, lo que terminó en la declaración de inconstitucionalidad de aquella ley por parte de la Corte Suprema. Entonces, si ya era presumible que se judicializaría la actual modificación previsional de los judiciales, ¿por qué facilitar el conflicto armando el quórum con Scioli, ya designado embajador en Brasil por el Senado, y por lo tanto ex diputado? (Por otra parte, esto no deja muy bien parado al propio Scioli al asumir sus funciones en representación del país en su conjunto).
Son demasiadas cosas juntas, que dificultarán acuerdos estratégicos con la oposición, como por caso el que se busca obtener en el Senado para el nombramiento del doctor Rafecas como procurador general de la Nación, en el mismo Senado en el que podría habilitarse el debate legislativo sobre el muy mal proyecto de ley que pretende modificar procesos judiciales según la evaluación que alguien –¿quién?– haga del impacto de la prensa en la conformación de la opinión pública respecto de una causa judicial en curso, una materia de legislación incierta pero con consecuencias ciertas, peligrosas.
Y todo esto ocurre con el telón del Fondo y de los acreedores privados.
El FMI y los tenedores de bonos parecen jugar un cabeza a cabeza, ya que cada quien, hasta donde se vislumbra a la distancia, espera que el otro arregle primero. Mientras tanto toda nuestra economía está en… malas condiciones para invertir recursos públicos, que no hay, para captar recursos privados, que no confían, para reactivar el consumo, etc., etc.
La única buena noticia para el Gobierno es que el ajuste transita sin demasiada resistencia, con movimientos paritarios más que parsimoniosos. ¿Comenzarán las clases? Esperemos que sí, y que podamos ponernos a discutir en serio en papel transformador que la docencia debe recuperar en nuestro país.
Cuando este artículo se publique, la noticia será el discurso doblemente inaugural del presidente Fernández ante la Asamblea Legislativa. Hay expectativas de un discurso que opere como recomienzo.
Queremos la imagen del paisaje hacia el que la nueva administración pretende llevarnos; es necesario, imprescindible, para recrear confianza y entusiasmo en un presente que ofrece muy pocas buenas noticias.
En fin, queremos cantar otra canción que la del cambalache y las malas condiciones, por bellas y verdaderas que sean.
Entonemos “pintarse la cara color esperanza”, o “todos juntos ahora”, según la canción de Los Beatles que eligió Alberto Fernández para la campaña que lo llevó a la presidencia.
*Ex senador, filósofo.
