La palabra “represión” es una clave de la época. Alborozadamente asumida por personas y medios que no pueden o no quieren admitir lo que ese sustantivo verdaderamente significa, se la usa para todo, sin importar que reprimir no es evitar un acto ilegal, ni detener, juzgar y condenar a quien cometió un delito. No es la única tergiversación que intoxica a la Argentina. Sucedió lo mismo con el deber de asegurar el gobierno de la ley, que fue mutando en “reprimir”: los cortes perennes de calles, avenidas y autopistas se convirtieron en “manifestación”. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, reclamó al Congreso que avance en la sanción de una ley para regular la protesta social. “No vi que ningún diputado [de la oposición] se haya preocupado por poner un fin a todo esto”, aseguró, aludiendo al pedido de Cristina Kirchner al Congreso de una ley que ordene y sistematice el caos callejero permanente en que viven esta ciudad y sus alrededores desde hace un década. Para Berni, hay que tomar “el toro por las astas” en el Congreso, que es masiva, blindada e inexorablemente una marioneta del Poder Ejecutivo desde 2011. El diputado nacional Leonardo Grosso, jefe del Movimiento Evita, increpó a Berni por lo que denominó la “represión” a los piquetes en General Paz y Panamericana a comienzos de la semana pasada.
Normalmente, todos los medios califican de “piquetes” a grupos de personas que bloquean la circulación y, consecuentemente, obturan el derecho constitucional de andar por la vida sin ser forzadamente obligado a no poder hacerlo. En su acepción original, el piquete es, claro, un derecho obvio, a condición de que no se haga en contra o expensas de otro. “Berni debería explicar por qué hace todo lo contrario a lo que hacía Néstor. Es funcional a la oposición”. Grosso atacó directamente a los medios gubernamentales: “Dos días de represión a obreros y los medios ‘progres’ no dicen nada”. El Centro de Estudios Legales y Sociales, de Horacio Verbitsky, habló de un “preocupante desplazamiento en la política de no represión a la protesta social”. Según Grosso, “tenemos un Poder Judicial cómplice al que le importa mucho más una avenida cortada que un conflicto laboral que pone en riesgo cientos de puestos de trabajo”. He aquí la madre del borrego: “Avenida cortada versus conflicto laboral”. Hay que elegir: si hay gente que se queda sin trabajo, debe admitirse que “visibilicen” su reclamo haciéndole insufrible la vida a otra gente (notoriamente mucho más numerosa), condenada a recorrer laberintos callejeros y gastar centenares de horas porque salir o llegar a casa es un albur imprevisible.
La conversión de manifestantes en piqueteros devino en una situación enloquecedora, unida a la sistemática descripción de quienes sólo piden Estado de derecho como recalcitrantes gorilas y represores. La manifestación en sí misma, en plazas, parques, espacios abiertos, es un derecho de enorme potencia y completa vigencia jurídica. Los grupos que se siguen asumiendo hoy como manifestantes, en cambio, evitan concentrarse en ámbitos que les permitan expresarse pero sin herir la vida cotidiana de “los otros”, porque eso demuestra su ostensible condición minoritaria. Se agolpan en sitios geográficos fácilmente asfixiables, en los que el ruido y el caos que producen es infinitamente mayor que su verdadera representatividad. Normalmente los cortes no son protagonizados por millares de personas. A menudo, con veinte militantes alcanza y sobra. Durante un largo año, la Casa de Córdoba en la avenida Callao, de Capital, padeció un “acampe” estrambótico que ocupaba dos carriles de la supercongestionada vía. Nunca vi entre los contratados acampantes más de cinco personas, pero en cambio la Policía Federal siempre estaba junto a ellos, con o sin motos, ¿protegiéndolos?
Enloquecedor: los piqueteros que cortan vías de circulación pública son manifestantes, y los cortes son manifestaciones. Evitar esas gruesas infracciones es lo mismo que reprimir; reclamar el retorno al gobierno de la ley es ser represor. No es exclusivo del kirchnerismo: el entero arco opositor evita pronunciarse en contra de esta malversación, siempre aterrorizado ante la eventualidad de ser alcanzado por el estigma.
Desconcertante: en verdad, una comprobada mayoría social quiere y necesita que su vida cotidiana sea protegida, no sólo en materia de lucha contra asesinatos y robos sino también en su existencia diaria. Los cortes son obra de grupos muy reducidos, pero eficaces. El predominio alcanzado en varias comisiones de delegados de empresas del Gran Buenos Aires por militantes de los partidos trotskistas ha generado el mismo desenlace de siempre. En los cortes, se ven sobre todo las banderas del PO, el MST y el PTS, partidos cuyo núcleo dogmático reporta directamente a las enseñanzas del revolucionario asesinado por un esbirro de Stalin en 1940.
Pasaron 74 años y ellos, aquí, siguen siendo trotskistas. Hoy, como siempre, su preocupación es que “el partido” se valga de “las masas” para imponer su presencia como vanguardia del proletariado.
Lo de la incapacidad perenne de las fuerzas de seguridad para preservar el Estado de derecho sin valerse de métodos brutales, primitivos y criminales es la otra parte de la historia. Vi hace pocos años que dos patrulleros de la Federal aseguraban que Marcelo T. de Alvear quedara cerrada a la altura de Callao, y otros dos en la esquina de Riobamba para –de esa manera– proteger a 15 adolescentes del Carlos Pellegrini que cortaban la calle ¿en demanda de? Nadie supo ni sabrá. Se trata de un raciocinio insostenible, pero así se manejó el kirchnerismo desde 2003 hasta por lo menos mediados de 2013, incluyendo el aval explícito a una transgresión enorme, el corte durante cuatro años del puente que une Gualeguaychú con la uruguaya Fray Bentos. Pero mientras los medios sigan hablando de manifestantes y represión, no hay salida. La oposición, del PRO a la centroizquierda, tampoco ofrece salidas. Tiene mucho miedo
