La Legislatura porteña está acostumbrada a pactos oscuros, donde los bloques que gobiernan la Ciudad y el país cambian unos negocios por otros. Esta vez, sin embargo, llegaron más lejos: el kirchnerismo y el PRO transaron negocios a cambio de la malversación de los derechos humanos. Juntos, el pasado jueves 8 votaron la disolución del Instituto Espacio de la Memoria (IEM), que estaba a cargo de los ex campos de concentración y del ex casino de oficiales de la ESMA. En su lugar, permanecerá en la órbita de la Ciudad un difuso y residual “consejo de políticas de memoria” bajo la dirección de un gobierno que –en materia de libertades democráticas– no ofrece otros pergaminos que los de la represión en el Hospital Borda, y varios otros atropellos de la Policía Metropolitana que fundó el espía Fino Palacios.
El IEM era conducido por un consejo autónomo de personalidades de los derechos humanos. Ahora, esos “sitios de memoria” pasarán a la égida del gobierno nacional. Las implicancias de ese traspaso son fáciles de adivinar: está muy fresco el episodio de los asados en la ex ESMA, convertida en un apéndice de la política oficial. Se ha revelado que los proyectos de “remodelación” de su ex casino de oficiales consisten en una grosera apología del gobierno actual.
La explotación kirchnerista de la memoria del genocidio fue siempre una coartada: mientras se empeñaba en cooptar a las organizaciones de derechos humanos, el kirchnerismo rescataba a la misma burguesía nacional que lucró con la dictadura. Mientras apelaba a los pañuelos blancos, el gobierno se apoyaba en la burocracia de los sindicatos, en sus patotas y el matonaje contra los trabajadores que no aceptaran su regimentación. Cristina Kirchner nunca condenó el crimen de Mariano Ferreyra. Tampoco el de los qom, o los centenares de víctimas del gatillo fácil.
De la memoria como excusa el Gobierno pasó rápidamente a la liquidación de la memoria. La razón es sencilla: sólo de ese modo pueden rescatarse a sí mismos quienes nombraron al represor Milani como jefe del Ejército; quienes promueven la injusta criminalización de los petroleros y trabajadores de Las Heras o quieren conculcar el derecho a la protesta.
Es claro que la apropiación de los sitios de memoria que se acaba de pactar en la Legislatura apunta a disimular esos hechos detrás de una “historia oficial” de los derechos humanos. La tentativa, sin embargo, es tardía. El kirchnerismo ha agotado largamente sus pretensiones de convertirse en una referencia popular, o de revitalizar al peronismo. El acuerdo del pasado jueves no es el único guiño que recibe del macrismo y otros derechistas: ellos también aplauden los acuerdos con Chevron, las aproximaciones al FMI o el retorno a las reformas laborales menemistas (blanqueo previsional).
La verdadera reconstrucción de una memoria histórica también dará cuenta del kirchnerismo, sus imposturas políticas y sus compromisos con los intereses sociales que saquearon el país. Del otro lado, los trabajadores han comenzado a dar una vuelta de página decisiva y a desarrollar una conciencia política propia.
*Legislador porteño por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
