El peronismo (político, sindical, parlamentario, burocrático) viene acusando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en manos del macrismo o Juntos Por el Cambio: no se sabe bien qué quedará de esa rara alianza electoral) de usar el retorno a la educación presencial como herramienta de mercadotecnia política.
El argumento es raro, porque supone de inmediato que la educación presencial constituye un rédito político. Esto es: que la mayoría del electorado ve con buenos ojos el retorno a las aulas y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires quiere sacar partido de ello.
Con el mismo criterio, se podría acusar al peronismo gobernante en la provincia de Buenos Aires de lo mismo, porque esta semana comenzó la vacunación a los grupos de riesgo (ayer fue el turno para mi mamá, a quien yo había inscripto en el programa de vacunación hace unas semanas).
Y así siguiendo, el buen gobierno no sería sino un ejercicio cínico de mercadotecnia. Quien elija pensar de ese modo bien pronto llegaría a la conclusión de que los sistemas eficientes de transporte, los sistemas equitativos de salud, los programas de asistencia a los sectores más vulnerados, las leyes de protección de la infancia, la reducción de la carga impositiva a los trabajadores, los aumentos jubilatorios, la transparencia de la gestión y la condena de la corrupción administrativa, la protección de los bosques y el uso social de la tierra no son sino estrategias de mercadotecnia.
Mejor es pensar que las medidas electoralistas son las que se anuncian pero no se cumplen, o las que sólo alcanzan para calmar la angustia ciudadana hasta la elección (ni un día más) o que disimulan detrás de palabrerío hueco el hecho de que no se sepa bien cómo salir de un atolladero.
Educar y vacunar, en un contexto como el nuestro, no pueden entenderse como herramientas electorales, cualquiera sea el partido que ejecute esas acciones. Son el Bien.
