La coyuntura argentina parece dominada por el importante aumento de las tarifas de gas, luz y agua, que resuena en los medios y en conversaciones privadas como el “tarifazo”. El tema amerita diversos abordajes, entre los que se destacan: 1) el fuerte incremento en el presupuesto de familias, empresas y organizaciones sociales; 2) la forma desprolija de llevarlo a cabo; y 3) la violación de recaudos institucionales como las consultas a la sociedad. Los problemas relevados en los dos primeros abordajes terminarán resolviéndose por acuerdos entre las fuerzas políticas, facilitados por la forma civilizada en que se viene dando la relación entre las más representativas. En cuanto al problema institucional, el funcionamiento adecuado de la división de poderes y la presencia activa de la Corte Suprema ya han puesto las cosas en su lugar.
Sin embargo, por detrás de este problema se esconde uno de mucha mayor envergadura: la estrecha relación entre una política de subsidios generalizados para atender el corto plazo y su corolario: el estancamiento económico. Para resolver efectivamente los problemas que, como el tarifario, angustian a la población, no hay otra salida que terminar con el cortoplacismo, creando las condiciones que lleven a la producción de más riqueza y más empleo de calidad, y que a través del pleno empleo y con salarios justos se alcance la distribución equitativa en un marco de respeto por la institucionalidad democrática y republicana, con un Estado que recaude lo justo para atender todas sus obligaciones, que son muchas e indelegables, y para lo cual es necesario que administre lo recaudado con eficiencia, claridad de objetivos y, sobre todo, transparencia.
Algunas voces alertan ya sobre los efectos que las tarifas subsidiadas tienen sobre las inversiones en esos rubros. Pero el problema es de una envergadura mucho mayor, por lo que esas voces aisladas resultan insuficientes. Se hace necesario instalar con fuerza en el conjunto de la sociedad la urgente necesidad de consensuar una estrategia de desarrollo diferente a la que venimos poniendo en práctica desde hace décadas, de manera que las fuerzas políticas más representativas se animen a recoger el guante y se pongan a trabajar en forma conjunta para el diseño y aplicación de una política de más largo plazo.
Es cierto que los subsidios son una herramienta a la que suelen recurrir los diferentes países, incluidos los desarrollados, para fortalecer, en determinadas circunstancias, tanto aspectos productivos como de consumo. Pero si aspiramos a un modelo de sociedad como la resumida en párrafos anteriores, dichos subsidios no deben convertirse en la herramienta recurrente y principal de su estrategia de desarrollo. En nuestro país, el uso indiscriminado e irracional de los subsidios ha llevado a que los ricos se beneficien tanto o más que los pobres y que el porcentaje de los impuestos sobre el precio de los productos llegue en algunos casos a niveles que entorpecen la competitividad. A lo que se agrega que una buena parte de esos recursos extraídos de la producción termina en los bolsillos de funcionarios y amigos del poder.
Urge crear consensos y acordar políticas para terminar con el cortoplacismo, del cual los subsidios indiscriminados son una herramienta para esconder la ineficiencia y la corrupción. Y esta tarea, que debe ser tomada de manera urgente por el gobierno de Cambiemos, debe ser acompañada por todas aquellas fuerzas políticas que se interesen efectivamente por el futuro del país y el bienestar de su población. Este objetivo a mediano plazo debe ser materia de una política de Estado que se acuerde y comience a caminar en el presente, de manera de terminar cuanto antes con un tipo de política que para conservar el poder se vale de una forma de distribución que paraliza la producción. De no hacerlo así, estaremos en camino a convertirnos en una sociedad poco democrática y empobrecida como Venezuela.
*Sociólogo.
Más allá de las tarifas
