La normativa electoral establece el inicio de la campaña treinta días antes de la elección, sin embargo ésta empezó hace rato. A simple vista parece algo inocuo; que entre las gigantografías que abruman al peatón o al automovilista se asome la cara de un candidato parece no molestar demasiado. Ahora bien, aunque no se advierta, los efectos son muy nocivos para las elecciones que pretenden ser justas, equitativas y transparentes.
En primer lugar estamos ante un gasto multimillonario que no se rinde, que no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Los partidos sólo rinden en materia de gasto de campaña lo devengado en los treinta días que ésta dura, y nada dicen acerca de lo que se viene gastando.
En segundo lugar se advierte un desvío de dinero público a tareas proselitistas. No es casualidad que los candidatos que más infringen la normativa electoral sean a su vez presidentes, funcionarios de áreas con mucho presupuesto, gobernadores e intendentes. Grandes sumas de dinero que deberían plasmarse en políticas públicas terminan en una megacampaña.
En tercer lugar la campaña anticipada lesiona la competencia electoral. Los candidatos o los partidos que no tienen cargos de importancia deben ganarles a los oficialismos por nocaut, dado que en circunstancias normales se torna una tarea imposible. La oferta política termina siendo una imposición del mercado político.
Lo cierto es que este proceso electoral ha sufrido el impacto de la campaña anticipada. Las autoridades electorales debieron atender este tema con anterioridad. Si es un problema cultural no hay que lamentarse, hay que actuar. Si los jueces federales no pueden cumplir con su tarea hay que replantear las cuestiones referidas a la autoridad de aplicación.
* Director ejecutivo de Transparencia Electoral.
