Hablamos de salarios docentes, de inversión en infraestructura escolar. Hablamos de formación docente y de capacitación docente. Hablamos de la obligatoriedad de la sala de 5 años y del nivel secundario. Hablamos de educación estatal pública y gratuita pero también de los aportes del Estado a la enseñanza privada. Hablamos de desigualdad educativa en cada provincia y entre ellas. Hablamos de presupuestos nacional y provinciales. Hablamos de inversión en porcentajes del PBI. Hablamos de coparticipación federal. Hablamos de las leyes nacionales: de financiamiento educativo, de fondo nacional de incentivo docente, de educación nacional, de educación técnica. Hablamos de educación inicial, primaria, secundaria, terciaria y también universitaria. Hablamos de inclusión y de calidad educativa. Hablamos de todo eso y mucho más. El tema es lo suficientemente amplio y abarcativo, pero cuando se habla de financiamiento educativo la referencia inmediata es hacia el salario docente. Y el salario docente es central, pero no es tema excluyente.
La ley nacional de financiamiento educativo (LFE), que caduca el año próximo y que abarca todos los niveles del sistema (salvo la universidad), vino a poner en manos de la Nación una responsabilidad que las políticas de descentralización de los 90 había traspasado compulsivamente a las provincias. Dicha ley, aprobada en 2005, se sancionó bajo el espíritu de aportar a la resolución de los problemas de fragmentación, exclusión y desigualdad educativa que afectaban la estructura del sistema. Los resultados no son satisfactorios. La LFE propuso metas de inversión a cumplir relacionadas con el porcentaje del PBI. En los últimos tres años, dichas metas se cumplieron y superaron (5,4% en 2007). La meta final es llegar a 2010 con una inversión del 6% del PBI, sin olvidarnos que ese porcentaje incluye también ciencia y tecnología (C y T). Pero, ni aun con ley de financiamiento educativo, con ley de fondo nacional de incentivo docente, con ley de educación nacional, con la implementación por parte de la Nación de un fondo compensador salarial a las provincias, con paritarias docentes acordando pisos salariales mínimos se logró evitar los conflictos educativos ni canalizar la crisis estructural del sistema. Habrá que repensar entonces todo el sistema de financiamiento educativo y lograr desentrañar por qué el esfuerzo de la Nación y las provincias no alcanzó para modificar las desigualdades ni atenuar los conflictos, aun cuando el tema del salario docente (insuficiente aún) fue parte de los avances logrados. Habrá que comenzar a pensar una nueva ley de financiamiento que tenga en cuenta en forma integral el sistema educativo, basada en la corresponsabilidad entre la Nación y las provincias; pensándonos en un modelo de sociedad solidaria y con tolerancia cero para la pobreza; un país con inclusión social y ciudadanía plena. Una nueva ley que establezca taxativa y excluyentemente que el porcentaje de inversión en educación no podrá ser inferior al 6% del PBI, desagregado de la inversión en C y T, que no debería ser inferior al 1%. Dicha ley deberá contemplar también una nueva ecuación en cuanto a la inversión Nación-provincias, revirtiendo la actual, donde la Nación se haga cargo del 60% y las provincias del 40%.
Es necesario debatir responsablemente una nueva ley de coparticipación federal de aplicación efectiva, y que logre revertir las desigualdades entre las provincias, terminando con los manejos discrecionales de los gobiernos hacen de la distribución de los fondos coparticipables. Hay que poner énfasis en los fondos destinados a la formación docente y en la articulación entre Nación y provincias, que permita avances significativos en la calidad educativa. Hablar de financiamiento educativo es mucho más que hablar de dinero. Es hablar de un país que permita el acceso y la permanencia en el sistema educativo de nuestros niños, jóvenes y mayores. Es hablar de un Estado que cumpla con su rol de garante de la educación, considerada un bien social, como lo establece la ley nacional de educación.
*Diputada nacional bloque Solidaridad e Igualdad.
