Tengo 38 años, casi los 40 desde que transcurrió el último golpe militar. Nací bajo la presidencia de Videla, en uno de los años con mayor cantidad de desaparecidos. Conozco bien mi identidad pero cada vez que encuentran a un nieto me emociono porque, dada mi edad, pienso que podría haber sido yo el protagonista de una de esas historias de desapariciones, apropiaciones y reencuentros. Me parece monumental la obra y tenacidad de las Abuelas de Plaza de Mayo para recuperar a sus nietos, que son personas de mi generación. Ver abrazarse cuarentones con mujeres ancianas por primera vez en la vida es conmovedor y da bronca que haya pasado tanto tiempo para ese reencuentro.
Con la última marcha del 24 de marzo y con el nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas se agudiza la necesidad de reflexión sobre la violencia de los años de plomo. En lo personal, mi visión sobre los 70 fue mutando con el tiempo, pasé de certezas absolutas a dudar sobre determinados relatos que simplifican la complejidad de actores, intereses y disputas de aquella época. Por una cuestión generacional, empecé preguntándoles a mis padres sobre cómo era vivir en ese tiempo y después leí obsesivamente muchos libros sobre ese período para comprender el contexto político en el que yo había nacido. Entendí que hoy sigue habiendo una disputa sobre el pasado cuyo capital simbólico es un recurso político sin igual ya que cierne sobre algunos la ética y sobre otros la culpa. En 2005, Beatriz Sarlo publicó un libro llamado Tiempo pasado, donde explora los límites del relato subjetivo exigido por una suerte de industria de la memoria interesada y una sociedad poco autocrítica. Ahí afirma: “El pasado es siempre conflictivo. A él se refieren, en competencia, la memoria y la historia, porque la historia no siempre puede creerle a la memoria, y la memoria desconfía de una reconstrucción que no ponga en su centro los derechos del recuerdo (derechos de vida, de justicia, de subjetividad). Pensar que podría darse un entendimiento fácil entre estas perspectivas sobre el pasado es un deseo o un lugar común”.
En otras palabras, la memoria siempre es subjetiva y la historia se construye entre muchos con método, intersubjetividad, críticas y, especialmente, autocrítica.
Los testimonios basados en la memoria fueron recursos importantísimos para los procesos judiciales que se abrieron en los 80, y que siguen hasta hoy, contra los responsables del terrorismo de Estado. De hecho, estas versiones sobre el pasado trascendieron de la esfera jurídica al ámbito público porque parecen responder plenamente las preguntas del pasado. Como dice Sarlo: “Aseguran un sentido, y por eso pueden ofrecer consuelo o sostener la acción. Sus principios simples reduplican modos de percepción social y no plantean contradicciones con el sentido común de sus lectores, sino que lo sostienen y se sostienen en él. A diferencia de la buena historia académica, no ofrecen un sistema de hipótesis sino certezas”.
Percepciones. Sobre la base de esas certezas testimoniales y la búsqueda de los desaparecidos, los organismos de derechos humanos empezaron a ser percibidos por una porción importante de la sociedad con el rol de reserva moral. En los 80 y los 90 eran muy pocos los que se atrevían a criticar abiertamente a los organismos de derechos humanos como institución o a alguno de sus más distinguidos integrantes. Menos aún, a poner en duda el relato sobre los 70 que supieron difundir. Eso comenzó a cambiar con el kirchnerismo como consecuencia de su política de cooptación a las Madres, Abuelas y a otros organismos de derechos humanos como el CELS. La defensa abierta de Madres y Abuelas a un gobierno populista y corrupto las dejó a la intemperie de las críticas ya que para una franja grande de la población este apoyo les arrebató su pretendido rol de imparcialidad y reserva moral. Es ahí cuando se corrió definitivamente el velo que permitió a un vasto grupo de gente percibir la orientación ideológica y el sesgo que se pretendía imponer en el presente sobre ciertos rasgos del testimonio del pasado. Hay gente de mi generación, por ejemplo, que cree equivocadamente que los integrantes de Montoneros o el ERP eran jóvenes que luchaban para que volviera la democracia cuando en realidad pretendían una revolución. En este marco llegan las críticas de Alfredo Leuco, Pablo Sirvén, Jorge Lanata y Beatriz Sarlo la semana pasada. Leuco llegó a proponer la creación de nuevos organismos en defensa de los derechos humanos que le valieron críticas de Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto.
Pasaron 32 años desde la vuelta a la democracia y no parece que vaya a haber alguna autocrítica desde el interior de los organismos de derechos humanos sobre un relato que ayudaron a difundir. Quizá llegó el tiempo de pensar en la historia sin el chantaje moral de la víctima. Con esto no estoy diciendo que hay que dejar de mirar el pasado, sino todo lo contrario. Seguir insistiendo en un relato sobre el pasado con sesgos flagrantes sin autocrítica conduce a mayores divisiones en el futuro que se pueden evitar y así las próximas generaciones podrán evaluar mejor sus rumbos de acción política. Poner en duda la naturaleza democrática del actual gobierno –como esbozó Estela de Carlotto al comienzo de su discurso del 24 de marzo– por diferencias ideológicas es socavar consensos básicos y amplios de una sociedad. Por su parte, el desafío de este gobierno no es sólo desarrollar una política de derechos humanos de la agenda actual y futura que incluya el pluralismo cultural, la diversidad sexual y la lucha contra la violencia de género e institucional, sino poner de manifiesto que el pasado importa y así generar espacios heterogéneos donde se pueda debatir, reflexionar y poner a prueba la autocrítica sobre lo que ocurrió en la última dictadura cívico-militar. Tener dudas sobre el pasado no es un problema. El verdadero problema son algunas “certezas” que se usan para adoctrinar con rencor a las nuevas generaciones.
*Politólogo (@martinkunik).
