Junto con manifestaciones macroeconómicas y políticas de un país quebrado, se están avizorando claras evidencias de disolución institucional:
corrupción encarnada en los más altos niveles de la política, expuesta masivamente en un histórico proceso contra la vicepresidenta;
inseguridad ciudadana;
moneda nacional inexistente en la práctica;
economía informal creciente;
desocupación e indigencia inéditos;
avance de la narcocriminalidad;
hallazgo de toneladas de cocaína en barcos que transitan el río Paraná;
violentos ataques de supuestos mapuches en el Sur;
ocupaciones de tierras, fábricas y escuelas;
renovadas depredaciones a silobolsas;
las muestras de un Gobierno inerme frente a los desbordes de los distintos sectores gremiales, políticos o estudiantiles, que haciendo caso omiso de las prescripciones del Estado de derecho avasallan a los pacíficos habitantes que desean simplemente disponer de su propiedad, circular, transitar, trabajar, educarse; en resumen, vivir en paz, dentro de los márgenes de una sociedad respetuosa en su diversidad.
No faltan las huelgas salvajes o paros sorpresivos que determinaron, entre otros, la cancelación abrupta de numerosos vuelos, o la demorada llegada a puerto de la fragata Libertad, luego de casi medio año de viaje, ante la ansiedad de los expectantes familiares por largas horas.
Se está viviendo un clima potencialmente explosivo de enorme conflictividad social con dosis de inusitada violencia, exhibiendo los síntomas de un Estado preanárquico.
En todas esas manifestaciones reclamando reales o supuestos derechos, se encuentra lamentablemente ausente cualquier referencia a los valores fundantes de un Estado serio: la educación, el trabajo, el empleo o la producción.
Por su parte, el casi increíble intento de magnicidio, en un escenario de inimaginable torpeza e ineficiencia oficial de los mecanismos de seguridad, constituye una muestra no menor de un Estado cuasi inexistente.
La ciudadanía de a pie se encuentra acosada por una problemática múltiple que explica la vocación de un creciente número de argentinos dispuestos a emigrar a otros destinos, más acordes con una vida digna, lo mismo que empresas deseosas de desarrollar sus actividades en marcos más propicios para su quehacer.
En este contexto, se torna evidente el desencuentro entre las preocupaciones de los argentinos y las de sus gobernantes.
Para la inmensa mayoría de la población, son motivos de inquietud, entre otros:
agobiante inflación;
seguridad jurídica;
un estado de casi permanente zozobra por un eventual default nacional, ante la práctica inanición de las arcas públicas en materia de divisas;
escasa o inexistente seguridad en muchas zonas ante el aumento del delito;
lamentable estado de la educación, sujeto a los desatinos de sectores sindicales que impiden el desarrollo de los ciclos educativos;
la toma del Estado nacional como un coto de caza o agencia de colocaciones partidarias, utilizando dependencias oficiales y empresas públicas (caso Aerolíneas Argentinas, cuyo déficit anual estimado es de 700 millones de dólares) como destino de multitud de acólitos, y a despecho de la realidad casi exhausta de las finanzas públicas (generadora a su vez de una emisión descontrolada, realimentadora de la inflación)…
… mientras otros son los temas que ocupan la agenda oficial, lo que es decir la del partido gobernante (o más precisamente de su única jefa), que son aquellos relativos a la Justicia (ante una posible condena penal), el número de miembros de la Corte Suprema, las designaciones de jueces o, en otro orden, el más actualizado intento de suspender las PASO ante la incierta perspectiva que el partido gobernante avizora para las próximas elecciones.
Del Estado preanárquico a la disolución nacional media un muy corto trecho, con un incierto y peligroso derrotero. Muy triste.
*Economista. Presidente honorario de la Fundación Grameen Argentina.
