“Renuncio. Es ella o yo”. Carlos Silvani le hablaba así a Carlos Menem. Le había pedido aquella tarde de diciembre de 1997 una audiencia privada con el que consideraba era su único jefe. Incluso por encima de Roque Fernández. El entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) (de hecho, el primer funcionario que ocupó ese cargo en una organización que reemplazó a la Dirección General Impositiva, DGI); tenía en la mira a la ministra de Educación del riojano Susana Decibe, quien había convencido al Presidente que había una forma novedosa, creativa y, según ella, “brillante” de aumentarles los salarios a los docentes de todo el país sin tocar los fondos públicos. Eran tiempos de inspecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que impedía cualquier empeoramiento del panorama fiscal, ya en déficit y en medio del uno a uno.
Eran tiempos en los que Menem aún soñaba con la re-reelección y fue convencido que la idea de Decibe, que una decisión de este tipo, mejoraría sus posibilidades de lograr un tercer mandato. El intento chocaba contra la protesta docente que el 2 de abril de 1997 había llevado a un evento histórico: la Carpa Blanca. Un megacampamento que se instaló en la Plaza de Mayo y que fue un imán político opositor de todo tipo y color, que acompañó negativamente al gobierno de Menem hasta sus últimos días de diciembre de 1999.
Convencido por Decibe, Menem creyó que mejoraría sus chances de re-reelección
Fue así que Menem dio el visto bueno a la creación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que luego fue aprobado por la ley 25.053 de 1998, por la cual aquellos ciudadanos (incluyendo los residentes fuera del país) “con automotores cuyo costo de mercado supere los cuatro mil pesos ($ 4 mil), motocicletas y motos de más de doscientos (200) cm3 de cilindrada, embarcaciones y aeronaves, registrados o radicados en el territorio nacional” debían pagar un impuesto extra que se instrumentaría a través de una “oblea” que debía pegarse en el vehículo, de manera visible. Se aplicaría sobre el “uno por ciento (1%) sobre el monto de la base imponible” y debía instrumentarse a través de la AFIP. Allí surgió la furia de Silvani, quien demostraba hasta las lágrimas en aquella reunión con Menem, que no contaba ni con los recursos ni con la infraestructura (ni las ganas) de poner a su AFIP a instrumentar el sistema de la oblea. En consecuencia, la aplicación de la oblea se retrasaba. Como Decibe había instalado mediáticamente, el culpable público de la demora era Silvani. La oblea se convirtió durante 1999 en el impuesto más evadido de la historia del sistema tributario argentino y el Fondo se convirtió en un debate nacional negativo para el Gobierno.
La Carpa Blanca seguía creciendo y se convirtió en un polo opositor. El 10 de diciembre de ese mes asumió Fernando de la Rúa y el Presidente de la Alianza anunció que la oblea desaparecería y que el dinero que se iba a recaudar por esta vía pasaría a ser aportado por el Tesoro Nacional. El 30 de diciembre de 1999 se levantó la carpa y con cada Presupuesto debía renovarse el dinero para el plus salarial de los docentes. Lamentablemente Argentina vivió las crisis de salida de la convertibilidad, el renacimiento de la inflación desde 2007, la crisis macrista del 2018, la licuación fiscal del gobierno de Alberto Fernández y la reciente devaluación del inicio de gestión de Javier Milei. En el medio, los fondos para el destino de aumentarles los salarios a los docentes se fueron licuando al punto de ya no poder distinguirse cuánto era el salario corriente del docente y cuánto el incentivo.
En represalia, Milei decidió que los gobernadores se hagan cargo de esos fondos
El Fondo de Incentivo Docente fue renovado cada año de manera automática, desde aquella decisión de Fernando de la Rúa de 1999. Como la decisión tomada por el jefe de la Alianza era la de convertir al Ejecutivo como el brindador del beneficio, sin que intervengan las provincias; los fondos nunca fueron coparticipados. El Fondo se pagó así con tributos de alcance general, pero sin incluir aquellos en los que por la reforma constitucional del 94 debían repartirse casi en partes iguales entre el Estado Nacional y las provincias. Todos los meses los gobernadores reciben desde el 99 el dinero correspondiente al Fondo desde las ahora muy famosas Partidas Extraordinarias; con envíos que se realizan de manera automática y sin que ningún responsable del manejo político y económico de una provincia deban reclamarle a la Nación. Así lo mantuvieron Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. El status quo se romperá en horas. Luego de la traición que vio Milei esta semana de parte de los gobernadores, decidió poner en práctica su venganza más dura: congelar una a una las partidas extraordinarias, y hacer que los gobernadores se hagan cargo de los destinos de ese dinero. Ya congeló la obra pública y esta semana las partidas para los subsidios al transporte. Desde esta semana le tocará el turno al Fondo. Es probable que termine así la historia de este tributo, que nació al final del gobierno de Menem, con la intención de fortalecer el intento reeleccionista del riojano. Toda una parábola de la falta de seriedad de los manejos fiscales del país.
