Calidad sin inclusión es elitismo, es sostener un sistema educativo injusto para pocos; pero inclusión sin calidad es una estafa para miles de argentinos que confían en el progreso social.
El sistema político de la democracia tiene una deuda pendiente con la educación. Hubo diversas medidas y muchas idas y vueltas, en nombre del neoliberalismo, pero también desde el seudoprogresismo. Peroninguno de los gobiernos argentinos, desde el 84 a la fecha, logró resolver cómo incluir a chicos que aprendan en las escuelas. Es la tan mentada inclusión con calidad, de la que habla el gobierno nacional, pero también la oposición.
Nadie dice estar en contra de que todos los chicos estén en las escuelas, y desde diversos sectores hablan de inclusión con calidad, pero no se halló la fórmula que resuelva cómo hacer ese eslogan una realidad. Mientras tanto los niños, aunque los adultos no nos demos cuenta, desde muy pequeños se socializan y aprenden a través de las pantallas de todo tipo y tamaño.
El crecimiento de la matrícula es un hecho. Se sostiene año a año desde el 84 a la fecha. Hoy uno de cada tres argentinos está escolarizado y hasta en la escuela secundaria, el sector con más deserción, casi el 90% de los pibes está en las aulas.
Pero estar en las aulas no lo es todo.
La noticia que se conoció esta semana, que la provincia de Buenos Aires flexibilizó las reglas para pasar de año y cambió el sistema de calificación, no es algo nuevo, es un paso más de una política nacional que se viene ejecutando desde 2009 y que tiene como marco una resolución del Consejo Federal de Educación, la misma que aconseja a los educadores no hacer repetir a los chicos de primer grado, ya que la lectoescritura se adquiere, según la maduración de un niño, entre los ocho y los 14 meses.
La provincia de Buenos Aires es un mundo aparte, no sólo en materia educativa. Son 16 millones y medio de habitantes, 4.500.000 de estudiantes, con un Conurbano donde (según el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia-UCA) el 42% de los niños son pobres. En ese territorio amplio y diverso, en geografía y cultura, las autoridades educativas hace más de veinte años que intentan resolver la inclusión de nuevos sectores sociales a esas escuelas, muchas urbanas, otras tantas rurales y hasta algunas en islas.
Cuando Eduardo Duhalde fue gobernador y el presidente era Carlos Menem, en el marco de la que se denominó “reforma educativa” de los 90, se intentó hacer punta e instalar el Polimodal obligatorio. Año a año se mostraba públicamente como logro el crecimiento de la matrícula, pero cuando el menemismo empezó a perder poder, salió a la luz cuáles eran los costos de ese aumento: empobrecimiento de aprendizajes, chicos que iban un promedio de tres meses a las escuelas, inasistencias que no se computaban y profesores sumariados por no promover automáticamente a sus alumnos.
Flexibilizar las normas en una escuela con un formato y reglas arcaicas, en pleno estallido de las nuevas tecnologías y del conocimiento en todo el mundo, es necesario. Pero es imprescindible evaluar qué se flexibiliza y sobre todo cómo se controlan las consecuencias de esos cambios.
En un sistema educativo tan numeroso como es el bonaerense, la mayoría de las flexibilizaciones normativas terminaron igual: con mayor deterioro del aprendizaje. Muchos maestros, que son muy responsables, como dijo el ministro de Educación Alberto Sileoni, se rompen la cabeza para tratar que aprendan mucho los chicos más pobres que, por suerte, están en las aulas. Pero se corre el riesgo, sobre el que nos advierte la experiencia, de que muchos otros entiendan este tipo de medidas como desmotivadoras, hasta una ofensa a su autoridad para evaluar a los alumnos y, por lo tanto, caigan en un facilismo pavoroso que perpetúe un deterioro en un sistema que nos sigue mostrando sus heridas.
*Periodista.
