¿Qué ocurre en un país organizado al amparo de una Constitución, cuando se sanciona una ley que es contraria a sus postulados? ¿es posible dejarla sin efecto? Y si lo fuera, ¿quién ser encarga de hacerlo? En la Argentina esa pregunta tiene una clara respuesta: se encargan los jueces, y en última instancia la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
¿Pero eso no es permitirle a la Corte que avance sobre las potestades del Congreso, en el caso de las leyes, o del Presidente en el caso de los decretos? De ninguna manera, porque esa es justamente la función del Poder Judicial: administrar justicia y declarar inconstitucional una norma que violenta a la Ley Superior.
A la luz de esta sencilla lección de educación cívica, el 16 de diciembre del año pasado, en el marco de un caso concreto sometido a su consideración y en pleno ejercicio de su potestad, la Corte declaró que la ley que regulaba al Consejo de la Magistratura era inconstitucional por no respetar el equilibrio que según la Ley Suprema debe haber entre políticos, jueces y abogados que lo integran.
Para evitar que el Consejo quedara paralizado desde diciembre mismo, la Corte decidió que volviera a entrar en vigencia la ley anterior que disponía que el mismo debía tener veinte miembros, como así también que debía estar presidido por el presidente del máximo tribunal. Tal vez haya habido algún exceso del máximo tribunal al devolverle vigencia a una ley derogada, pero fue la forma que encontró de evitar la parálisis inmediata del órgano que selecciona a jueces federales de primera y segunda instancia.
En aquel momento la Corte exhortó al Congreso a que sancione una nueva ley ajustándose al “equilibrio” que la Constitución Nacional exige en la conformación del Consejo, y mientras tanto le dio a éste un plazo de cuatro meses para que vuelva a tener veinte miembros. Para ello era necesario que la Asociación de magistrados designe a un juez más, que el Colegio de Abogados de la Capital Federal elija a dos abogados más, que el Consejo Interuniversitario Nacional nombre a un académico más, y que hagan lo propio la Cámara de Diputados y de Senadores, las que deberían haber designado a un diputado y a un senador más.
El viernes 15 de abril transcurrieron los cuatro meses que la Corte había conferido al Consejo, y todavía faltaban las designaciones de los legisladores. Cristina Fernández y Sergio Massa argumentaron que no podían efectuarlas porque un juez federal de Entre Ríos se los prohibió con una medida cautelar.
Curioso sentido del respeto a los fallos el del kirchnerismo gobernante: prefiere cumplir con una medida cautelar de un juez inferior antes que con una sentencia definitiva de la Corte Suprema dictada cuatro meses antes. Semejante desatino es el más claro reflejo de que no le conviene al oficialismo un Consejo de la Magistratura adverso, al que no pueden manipular a voluntad, así como tampoco que el mismo sea presidido por alguien a quien no pueden manejar. Es que en el ADN del populismo kirchnerista está el profundo desprecio por el adecuado funcionamiento de las instituciones independientes (jueces, fiscales y periodistas)
Solo en los delirios mesiánicos, narcisistas y antirrepublicanos de quien conduce al Senado, padecidos también por sus adláteres incondicionales, el accionar de la Corte puede constituir un golpe institucional. Lejos de serlo, lo que hizo la Corte es una demostración de que la República aun respira, a pesar del constante esfuerzo del populismo kirchnerista para asfixiarla con actitudes y retóricas infundadas, que solo ponen de relieve la supina ignorancia que padecen cuando de funcionamiento de las instituciones se trata.
No hay peor golpe institucional que el de defenestrar permanentemente a los jueces con el absurdo argumento de que no son elegidos por el pueblo. Los jueces no representan a la gente; no deben hacerlo; solo deben aplicar el derecho para hacer cumplir a la Constitución Nacional y para proteger a los gobernados del accionar de funcionarios incompetentes como los que conducen nuestros destinos.
*Abogado constitucionalista. Prof de Derecho Constitucional UBA.
