La pérdida del autoabastecimiento energético fue una de las mayores calamidades que dejó como herencia el kirchnerato. Esa pérdida creciente, iniciada hacia finales de 2005, fue el resultado no solo de una caída de la producción de petróleo, sino también de un aumento de la demanda que se generó, precisamente, a partir de las bajas tarifas –absolutamente irreales– que estimularon el nivel de consumo con dimensiones de derroche en los hogares de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires y, en menor medida en algunos sectores industriales. Esa cultura del derroche aún persiste. Le asiste la razón al Presidente cuando señala ese patrón de conducta y lo compara con el de los habitantes de otras ciudades de la región, tal como lo hizo con el grupo de periodistas a los que convocó a la Casa Rosada el jueves pasado. Allí les leyó un informe que le preparó el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, en el que se muestra que en Montevideo el consumo mensual de gas es de 62 m3, en Santiago de Chile de 69 m3 y en Buenos Aires de 109 m3.
Hay que recordar que, a lo largo del kirchnerato, se llegó a importar energía por valor de unos US$ 15 mil millones por año. “Esa enorme erogación de divisas fue una de las causas del cepo”, reconoció alguien que supo ser un conspicuo funcionario durante los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Uno de los grandes disparates ocurridos en ese período fue que, para evitar el costo político que representaba cobrar el coste real que tenía el precio de la energía, se decidió subsidiar a todo el mundo. ¡Un disparate!
Así, no. Nadie discute la necesidad de completar un ajuste que lleve esa tarifa a valores reales. El tema no es el qué, sino el cómo. Y he aquí que resulta increíble apreciar cómo el Gobierno repite dos veces el mismo error: insistir en un ajuste implementado de una manera tan abrupta que se hace muy difícil de pagar principalmente para la clase media que no goza de ninguna posibilidad de ayuda o subsidio. Es algo sobre lo que el gobernador de Mendoza y titular del la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, alertó a Macri cuando dijo que “esto golpea al corazón de nuestros votantes”. Todo esto se ve agravado por la mala comunicación que el Gobierno hace de estas medidas. Cuando por un lado el Presidente dice que lo peor ya pasó y, por el otro, la gente no para de recibir aumentos, lo que reina es el desconcierto y el malhumor. Es lo que están reflejando las encuestas de todas las orientaciones que andan dando vueltas por los despachos de varios funcionarios de la Casa Rosada.
El miércoles hubo pavor en el Gobierno. Las alarmas se terminaron de encender a la media mañana, cuando en el Congreso los diputados de la oposición estuvieron a punto de lograr el quórum para una sesión especial para tratar un proyecto de congelamiento de tarifas que habría sido un dolor de cabeza para el oficialismo. Con Alfredo Olmedo sentado, hubo 128 diputados. Es decir, faltó solo uno para lograr la mitad más uno y habilitar la sesión.
No hagan olas. Por eso, los teléfonos de los gobernadores peronistas que dialogan con el Gobierno están a full con demandas de la Casa Rosada para que ordenen a sus respectivos diputados no participar de la sesión que el kirchnerismo y el Frente Renovador intentarán concretar la semana entrante.
Pero las alarmas no solo se encendieron hacia afuera. También lo hicieron hacia adentro. Son alarmas que, desde el punto de vista político, son de mayor relevancia que las externas. Y el principal problema, contra lo que muchos creen, no fue Elisa Carrió, sino los radicales. Por eso la reunión del jueves en la que participó el mismísimo presidente fue clave. Allí Macri insistió en explicar cuál es la situación energética del país. Habló del endeudamiento que el atraso tarifario genera. Mostró datos sobre el impacto en los hogares. El arreglo al que se llegó –la prórroga de los pagos de un porcentaje de la tarifa de los bimestres mayo-junio, julio-agosto– pareció dejar conformes a unos y a otros. El tema de esta contrapropuesta se siguió con mucha atención y tensión en Washington. Allí, tanto el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, como el de Finanzas, Luis Caputo, vivieron momentos de incertidumbre cuando supieron de una posible modificación sustantiva en el esquema de aumento de tarifas. “Si esto no se hace como estaba planeado, se nos cae toda la pauta de inflación planeada a partir de mayo”, se le escuchó decir a Dujovne. El que lo llamó para tranquilizarlo fue Macri.
Pero el episodio del aumento de la tarifa del gas merece otras reflexiones. La oposición, que ahora se sube a este reclamo de muchos ciudadanos, debió haber advertido esto durante el debate del Presupuesto 2018, en donde este ajuste está incluido. Esto demuestra con qué liviandad se tratan temas tan profundos. También demuestra lo que pasa en las audiencias públicas. Solo va un puñado de incansables ciudadanos de ONGs que naufragan en sus intentos de hacer escuchar sus objeciones sobre estas medidas de alto impacto. En 2016, cuando la falta de realización de las audiencias públicas fue la razón invocada por la Justicia por la cual se suspendió el aumento tarifario de entonces, lo que sucedió –y no por lo bueno– es digno de ser recordado. En el primer día de las audiencias hubo un mundo de gente. Al segundo, ya hubo menos y en el último solo veinte personas.
El último coletazo opositor sobre este asunto fue la marcha de las velas de pobre concurrencia popular y dirigencial. El principal propulsor fue Hugo Moyano, a quien representó su hijo Pablo que, con gente del gremio de Camioneros, encabezó y tuvo a su cargo el grueso de la organización del acto. Allí quedó claro la soledad política de los Moyano. Como se ve, la mayoría de la ciudadanía argentina, afortunadamente, no padece de hyalofagia.
