La no resolución de las “cuestiones pendientes” del default y la complejidad que ha caracterizado a la relación entre Argentina y el sistema financiero internacional en los últimos años, tuvieron como consecuencia directa la marginación del país del acceso al crédito internacional. Frente a esta realidad y en un contexto doméstico como el que se configuró en los últimos años, donde los dólares provenientes del complejo sojero exportador comenzaron a revelarse insuficientes para financiar el normal funcionamiento de la economía, al tiempo que aumentaron las presiones cambiarias e inflacionarias y en consecuencia se redujeron sustancialmente las reservas internacionales, se presentaron inevitablemente dos alternativas para asegurar la transición: resolver el frente externo o bien encontrar fuentes alternativas de divisas que permitan suplir la falta de dólares financieros.
Frente al costo político que conlleva la primera, la elección del gobierno argentino se inclinó por la segunda. Esta urgencia financiera combinada con el deterioro relativo del liderazgo de Brasil en la región (menor propensión a ofrecer bienes públicos), condujo a la Argentina a replantear su esquema de alianzas, re-direccionando paulatinamente su orientación hacia el continente asiático, puntualmente hacia China.
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Cabe destacar que en los últimos años, China parece decidida a tener una mayor influencia internacional jugando su rol como gran acreedor del resto del mundo (3,5 trillones de reservas internacionales), incluso en zonas tradicionalmente bajo influencia norteamericana como es el caso de América Latina. En este marco, Argentina comenzó a ensayar lo que podríamos definir como un “giro hacia China”, cuyos ejemplos más significativos han sido: la adjudicación de grandes obras de infraestructura a empresas chinas; la firma de un convenio bilateral de cooperación que da privilegios económicos al capital chino; y la firma de un swap de monedas, un importante aire financiero en un contexto de necesidad.
No obstante, resulta llamativa la inacción de Argentina en torno al lanzamiento propiciado desde Pekín en 2014, del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura (AIIB), con 33 miembros fundadores. La diplomacia china realizó invitaciones especiales para unirse al nuevo banco y la entidad estuvo abierta a la participación de todos los países que quisieran presentar su candidatura como miembros fundadores, plazo que finalizó el 31 de marzo. Luego de que hasta el propio Reino Unido aceptara participar a mediados de marzo –pese a los reparos de Washington– muchas naciones presentaron la solicitud: Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Austria, Corea del Sur, Australia, Holanda, Brasil, Noruega, Rusia, Dinamarca, entre otros. El 15 de abril el gobierno chino anunció la conformación definitiva de los miembros y su estructura de funcionamiento.
Dados los movimientos previos de la diplomacia argentina en pos de fortalecer el vínculo con China –principalmente en la dimensión económico-financiera–, era de esperarse una firme voluntad por parte de nuestro país de aspirar a lograr un lugar de privilegio en los nuevos y dinámicos espacios multilaterales que se están gestando en torno al gigante asiático.
Hasta el momento no ha habido ninguna declaración del gobierno en relación al AIIB, cuyos beneficios obviamente sólo se podrán ver en algunos años. De este modo, lo que parece traslucir detrás de esta particularidad, es que el ajuste en las alianzas internacionales de Argentina es más bien el producto de urgencias coyunturales –ligadas a la no resolución del frente externo– y no de una planificación estratégica respecto de lo que debe ser la inserción del país en el mundo.
*Profesor de Política Internacional Latinoamericana (UNR). **Profesor de Política Internacional Argentina (UNR).
