Mirando a través de la polvareda que levantó la última crisis institucional provocada por el kirchnerismo, van surgiendo, nítidos, algunos de sus más preocupantes escombros. Hay ahora anarquía en la conducción del Banco Central, la entidad autónoma encargada de velar por la estabilidad de la moneda. Esto ocurre justo en el inicio de un proceso de aceleración inflacionaria que vuelve a poner la inflación cerca del 20%, a pesar de que el crecimiento es aún anémico. Hubo un nuevo embargo, en este caso por más de US$ 3.500 millones en las cortes de Nueva York. Hay un doble conflicto de poderes gatillado por un Poder Ejecutivo que no respeta las decisiones autónomas del Poder Judicial y que simultáneamente pretende apropiarse de facultades exclusivas del Poder Legislativo. Hay, también, una nueva escalada en el peligrosísimo conflicto de poder entre la Presidenta y su Vicepresidente.
Es cierto que nuestros males empalidecen frente a la tragedia que sufren hoy los habitantes de Haití. Pero la contemporaneidad de ambos terremotos no nos permite esquivar aquél adagio popular según el cual nuestra bendita tierra está, en general, exenta de los frecuentes desastres naturales de otros pagos porque está, en cambio, excesivamente expuesta a los desastres provocados por el hombre –especialmente nuestros dirigentes–.
Como en todo terremoto, en medio del desastre que se manifiesta en la corteza terrestre (el epicentro) poco importa detenerse en los desplazamientos tectónicos que dieron origen a la tragedia. Sabemos bien, sin embargo, que es poco aconsejable ignorar los movimientos del centro porque éstos se pueden repetir. En efecto, identificar los movimientos de las entrañas de la tierra muchas veces permite anticiparse y evitar nuevas tragedias y salvar miles de vidas.
Tomemos de la periferia el nuevo embargo del juez Griesa, que dio lugar, primero, a una insólita conferencia de prensa en la que el ministro de Economía lo acusó de formar parte de la conexión internacional de la conspiración en contra del gobierno de los Kirchner; segundo, a un fallido anuncio del secretario de Finanzas acerca de una falsa indulgencia del juez; finalmente, a una exoneración por parte de la Presidenta de la Nación, por considerarlo más probo y más expeditivo que nuestros propios jueces. Que lo anec-dótico no nuble la vista de la sustancia. La analogía del terremoto es por demás pertinente. Fueron muchos los temblores y remezones legales desde la renegociación de la deuda en 2005, todos ellos cabalmente ignorados por las mentes brillantes que idearon el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad. Dos de esos remezones, de hecho, no han sido resueltos aún, a pesar de que el ministro intente negarlo. Hay todavía US$ 200 millones de la ANSES (desde la época de la nacionalización de las AFJPs) y US$ 105 millones del BCRA (desde la época del pago anticipado de la deuda al FMI) congelados en Nueva York a la espera de un fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.
Podríamos decir entonces que hoy subsisten tantos embargos como intentos del Poder Ejecutivo por quedarse con cajas ajenas.
Mientras pienso en embargos, nuevos y pasados, y pienso en los cada vez más necesarios (y más generosos) canjes de deuda –para garantizar el éxito del último de ellos, se nos dijo, es que se montaba aquél Fondo de extenso nombre– me pregunto, ¿acaso no habíamos salido del default?
A medida que recorro el trayecto inverso, del epicentro al centro, me topo con el titular de tapa de un diario del 3 de marzo de 2005: “La Argentina salió del default: la aceptación del canje fue de 76,07%”. El subtítulo agrega: “La deuda pública quedó en 125 mil millones de dólares”.
Es comprensible la confusión del ciudadano común. Hoy debemos más, a pesar del fuerte superávit fiscal de los últimos años, no nos prestan, nos embargan y tenemos que esconder nuestros aviones y nuestros ahorros para que las cortes internacionales no los confisquen.
Quizás el origen de lo que ocurre hoy haya que buscarlo en lo que no se hizo y en lo que se ocultó en aquella reestructuración de deuda “tan exitosa” de 2005. No se obtuvo la quita que se anunció en aquél momento. Ni se recuperó el acceso al crédito, que es uno de los principales objetivos de tal negociación ya sea que se trate de un país soberano o de una empresa pequeña o mediana.
En aquella ocasión se recompraron bonos por US$ 78 mil millones a cambio de US$ 38 mil millones en efectivo y nuevos bonos (una quita nominal del 51%). Se les regaló a los acreedores, además, la posibilidad de un ajuste por inflación, cuando se sabía que después de semejante devaluación la inflación inexorablemente le iba a ganar al dólar en los años subsiguientes.
Se les regaló también un premio a los bonistas, asociándolos a la mejora del PBI de argentina que inevitablemente iba a ocurrir cuando volvieran a emplearse al menos una parte de los recursos que quedaron ociosos después de la crisis social y económica más extraordinaria de nuestra historia. Estos dos regalos barrieron con la quita de capital.
Para tapar el fracaso de aquella reestructuración, el Gobierno sucesivamente envió a Moreno a intervenir el INDEC, se apropió de fondos de las provincias, se llevó los ahorros de las AFJPs, usó fondos de la ANSES y ahora intenta llevarse puesta la autonomía del BCRA y sus reservas.
Quizás haya que ir más atrás y detenerse en las raíces del default de 2001 y también en el origen y autenticidad de la deuda pública argentina. Pero no hay dudas de que con una verdaderamente exitosa negociación de la deuda en 2005, ninguno de los injustificables atropellos institucionales más recientes hubiera sido siquiera necesario. Los argentinos pagamos hoy, entre otras cosas, el costo de la mentira, de la mala praxis y de la obsesión por el corto plazo. La mentira, como lo están comprobando Cristina y Néstor Kirchner, Boudou y el propio Redrado, tiene patas cortas.
