La Presidenta habló durante dos horas y media. A medida que su perorata avanzaba, los empresarios que asistieron al encuentro organizado en Río Gallegos terminaron de convencerse de que lo mejor era callar. Por eso, a la hora de hablar hubo austeridad en las palabras. Dijeron poco y fue de tan escasa trascendencia que fue como si no hubieran dicho nada. Era eso lo que buscaban. “Lo mejor es callar porque si uno expresa lo que siente lo castigan al toque. Miren, si no, lo que le pasó a Héctor Méndez”, señalaba uno de los asistentes a la reunión en alusión a la reprimenda que recibió de parte de la jefa de Estado el titular de la Unión Industrial Argentina por haber señalado que muchos no se atreven a criticar al Gobierno.
Lo cierto es que, al margen de reconocer que la inflación es superior a la que marca el Indek y que el mínimo no imponible castiga a los asalariados, Cristina Fernández de Kirchner mostró, una vez más, su nula predisposición a realizar un análisis crítico de las políticas gubernamentales que están en el origen de los problemas que la economía exhibe y que padece la sociedad.
“Moreno es un guarango y un maleducado, pero nunca les ha pedido un peso”, esgrimió la Presidenta a modo de defensa de la gestión del secretario de Comercio Interior, mentor de la mayoría de las fallidas medidas económicas que se han tomado, especialmente desde el comienzo del segundo mandato de Fernández de Kirchner. A partir de esas expresiones, los empresarios quedaron convencidos de que las versiones que circularon con creciente insistencia sobre la renuncia de Moreno eran una cortina de humo. “Lo de las comisiones para estudiar cómo compensar los fondos que el Estado necesitará para equilibrar los efectos fiscales del eventual aumento del mínimo no imponible no va a funcionar”, dijo otro de los asistentes a la reunión de Río Gallegos.
Si algo faltara a la lógica de la ilógica que abunda en el Gobierno, tenemos ahora el conflicto desatado con LAN. La Presidenta tendría que prestar mucha atención al impacto negativo que tiene el tema sobre la relación entre la Argentina y Chile. Las declaraciones de los ministros trasandinos de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, y de Hacienda, Enrique Larraín –“esperamos que se llegue a una solución y esperamos también que el principio de no discriminación entre la inversión extranjera y la inversión nacional sea respetado,” dijeron–, representan un alerta. El nivel de ineptitud y miopía política de los funcionarios que tomaron estas decisiones está fuera de discusión. ¿Cuánto más desatino hará falta para que Fernández de Kirchner se dé cuenta del daño que ello le produce a su gobierno?
El fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York a favor de los fondos buitre pone a la Argentina al borde del default técnico. Si bien gracias a una cautelar no será de ejecución efectiva hasta que se expida la Corte Suprema de los EE.UU., la sentencia es la culminación de una estrategia equivocada producto de la subestimación del problema. Como señaló uno de los abogados que defiende a la Argentina, “haber dicho que no se les pagaría fue un grave error”.
La adjudicación de las dos represas hidroeléctricas a construir en Santa Cruz –Néstor Kirchner (ex Cóndor Cliff) y Jorge Cepernic (ex Barrancosa)– es uno de los hechos más escandalosos ocurridos durante esta gestión. El proceso licitatorio fue de una irregularidad manifiesta: se anularon dos concursos y la adjudicación terminó haciéndose a una empresa afín al kirchnerismo –Electroingeniería– que no tiene ninguna experiencia en este tipo de obras. En un duro comunicado de los ex secretarios de Energía se lee: “No tiene sentido lanzar una obra de más de 4.500 millones de dólares ubicada en Santa Cruz cuya energía se consumirá mayoritariamente en el sistema del Gran Buenos Aires y Litoral sin que se haya incluido ahora la obra de transmisión extra de alta tensión para transportar la energía, cuya longitud se estima en 2.500 kilómetros y es de altísimo costo”. Los especialistas están convencidos de hallarse frente a otro monumento a la corrupción –equiparable al de Yacyretá– que tendrá consecuencias negativas sobre las arcas fiscales, hecho del que deberán hacerse cargo los próximos gobiernos.
El tembladeral político que se vive en la provincia de Buenos Aires dentro del Frente para la Victoria es fenomenal. Daniel Scioli debe luchar para evitar un desbande que se hace más evidente. Su frase pronunciada en la reunión del Council of the Americas –“este gobierno tiene que terminar lo mejor posible”– molestó a la Presidenta. Por eso, el gobernador tuvo que salir a enmendarla al día siguiente y, como siempre ocurre, en vez de aclarar, oscureció. Los intendentes kirchneristas atosigan el teléfono de Sergio Massa y de sus hombres clave. El intendente de Tigre, a quien la Presidenta y su círculo íntimo detestan, les ha asegurado a sus pares bonaerenses que de ninguna manera está en sus objetivos complicarles la gestión. En esas conversaciones los jefes comunales dejan escuchar sus amargas quejas por los fondos que nunca llegaron para obras públicas que Julio De Vido les prometió.
El Gobierno sigue demostrando no haber interpretado adecuadamente el mensaje de las urnas. Al fin y al cabo, ese es uno de los síntomas de la enfermedad del poder.
Producción periodística: Guido Baistrocchi.
