Mientras se sucedían a lo largo de la semana las tretas y triquiñuelas alrededor de la composición del Consejo de la Magistratura (organismo destinado a designar jueces, juzgarlos, removerlos, administrar los recursos destinados a la Justicia y confeccionar protocolos para asegurar la independencia de los magistrados), la justicia como tal seguía en grave default en el país. En una carta publicada el domingo 17 de este mes en la sección correspondiente de ese diario, un lector de La Nación citaba oportunamente una serie de hechos que ratifican esa despiadada realidad. El señor Enrique Pablo Mayochi, su firmante, enumeraba allí la sospechosa muerte del fiscal Nisman un día antes de acusar de graves delitos a la presidente (casualmente es ella quien más embarró ahora la cancha en el tema del Consejo), el asesinato de un ex secretario privado de la misma CFK quien había declarado contra ella en una causa de corrupción, el otorgamiento de un plan social a su empleada doméstica (que trabajaba en condición ilegal) por parte de la titular del Inadi para evitar así ser denunciada, la ausencia de una diputada que se paseaba por Disneylandia mientras su bancada perdía una votación crucial, el sobreseimiento de la vicepresidente y sus hijos en un juicio en el que se violan reglas procesales, un juez que califica de “delincuentes” y “mafiosos” a sus superiores, integrantes de la Corte Suprema e impulsa una marcha contra ellos, los episodios centrados en tráfico de bolsos y bolsas con dinero espurio, los vacunatorios VIP, las fiestas clandestinas (una de ellas en la residencia presidencial de Olivos en plena pandemia y con la población obligatoriamente confinada, cabría agregar), etcétera.
“En un país serio, sostiene este ciudadano en su carta, esas situaciones hubieran producido una reacción política o jurídica acorde con el hecho en cuestión”. Pero esto es Argentina y, como concluye el firmante de la misiva, aquí “no pasa nada”. También se lamenta el ciudadano Mayochi de la ausencia de una reacción colectiva que impulse la destitución y el enjuiciamiento de los responsables de escamotear la justicia. Y esa ausencia de toda sanción moral por parte de una ciudadanía apática y pasiva es un dato que merece ser subrayado y que contribuye a la impunidad y los enjuagues que son sello en el funcionamiento de la justicia argentina. Cuando “no pasa nada”, todo pasa…de largo.
Como señala el filósofo político Michael J. Sandel, cuyas clases en Harvard se dictan en espacios abiertos y suelen ser seguidas por hasta 10 mil personas, para ir contra la injusticia es necesaria la indignación, un tipo especial de ira que se siente ante quien obtiene lo que no merece. En su brillante ensayo titulado Justicia (¿hacemos lo que debemos?) Sandel apunta tres objetivos esenciales de esta: maximizar el bienestar, respetar la libertad y promover la virtud. Y, con resonancias aristotélicas, define a la virtud como un conjunto de actitudes, conductas y cualidades de carácter de cuyo cultivo depende una buena sociedad. Para este filósofo la justicia está relacionada con el modo en que se distribuyen en una sociedad los ingresos y patrimonios, los deberes y los derechos, los poderes y las oportunidades, los oficios y los honores. Es obvio que en la sociedad argentina esa distribución no solo carece de equidad, sino que es cada vez más desigual e injusta. En realidad, en todas las sociedades existe la inequidad, pero las hay en donde la justicia no ha perdido del todo su propósito ni la política ha olvidado por completo su promesa esencial (promover y administrar el bien común), de manera que la esperanza de la equidad puede todavía estimular una visión común y convocante respecto del porvenir.
Más allá de la composición final del Consejo de la Magistratura, de la discusión sobre su integración y de los chanchullos promovidos por quien busca en el poder judicial atajos que le garanticen su impunidad, sigue ausente la cuestión de la justicia y de su posibilidad en un país donde su dolorosa carencia garantiza que, al final, nunca pase nada.
*Escritor y periodista.
