sábado 21 de mayo de 2022
COLUMNISTAS OPINIÓN
24-04-2022 01:10

La sospecha que paraliza al país

24-04-2022 01:10

Sospechar es lo contrario de confiar. Sospechar es buscar siempre lo que hay debajo. Confiar viene del latín confidare, cuya raíz “con” significa junto o cerca de; y su raíz “fi” viene de “fides”, fiar. En medio de los egoísmos individuales y las tensiones entre los intereses de unos sectores frente a los demás, las sociedades evolucionaron porque hay un punto en el que dejan de sospechar los unos de los otros y aceptan entregarse a la confianza mutua.

La confianza en que el otro es de fiar, más allá de sus propios intereses, es la base del capital social y del desarrollo económico. Confiar en un acuerdo de palabra, en un contrato, en que el papel moneda tiene determinado valor, en que los deudores pagarán sus deudas.

De Bourdieu y Coleman a Putnam y Fukuyama, la sociología promovió el estudio del concepto capital social” y los economistas se ocuparon de demostrar su relación con el desarrollo económico de los países: a mayor capital social más desarrollo. Y viceversa. El viceversa es el caso argentino.

Oficialistas y opositores descartan iniciativas y proyectos por el solo hecho de que provienen del otro

Ganancias

El país de la última década es el ejemplo de que pueden cambiar gobiernos y modelos económicos, pero sin confianza no hay plan exitoso. Se sospecha de que las reglas que un día existen al siguiente cambien y, sobre todo, se sospecha del otro.

El proyecto oficialista de ley por la renta extraordinaria es una muestra de esa desconfianza. Consiste en una alícuota que se aplicaría por única vez a las empresas que presenten ganancias superiores a $ 1.000 millones y sean “anormalmente altas en 2022”, según explicó Martín Guzmán.

La iniciativa fue interpretada por la oposición y el empresariado como una nueva señal antiestablishment de esta administración y como una medida alocada sin registros en el mundo.  

Lo cierto es que la propuesta coincide con la sugerencia a los países que el FMI acaba de hacer en su informe de abril. En su Capítulo 2, el organismo propone justamente eso, a modo excepcional: “Aumentos temporales en el impuesto a las ganancias corporativas diseñado para capturar el exceso de ganancias”. Agrega que “para aliviar la carga sobre las finanzas públicas, podrían contemplarse impuestos temporales más elevados sobre los beneficios excesivos”.

Malignamente Cristina

Pero el proyecto fue rechazado de inmediato, sin necesidad de análisis. Se adujo que era una medida técnicamente delirante, pero el verdadero rechazo se debió a que proviene de la representación política de un sector de la sociedad del que el resto de la sociedad sospecha.

Entre otras cosas, no confía en que este nuevo impuesto sea “por única vez”, una sospecha basada en antecedentes reales y cercanos. Desconfía de si esta vez será la última y también desconfía de en qué se van a usar los fondos recaudados.

La sospecha permanente paraliza porque hace presuponer que toda iniciativa de un lado viene con trampa o está guiada por fines malignos u oportunistas. Por eso, el primer instinto de la grieta es frenar cualquier idea que provenga del otro lado. Dedicarse a analizarla sería una pérdida de tiempo y quien lo hiciera hasta resultaría sospechoso.

Bienes no declarados

Si hay un sector que ya desconfía de la seriedad de una propuesta del ministro de Economía, cuando la iniciativa surge de Cristina Kirchner, la repulsión es más profunda. Fue lo que provocó la presentación del “Fondo para la cancelación de la deuda con el FMI”, para gravar con un “aporte de emergencia” a los bienes en el exterior sin declarar.

Como la desconfianza de unos hacia la vicepresidenta es tan grande como la desconfianza de otros hacia Macri, puede ser difícil responder la siguiente pregunta: ¿qué tan incorrecta sería la intención de obtener fondos de aquellos que evadieron al fisco?

La desconfianza también está presente puertas adentro del Gobierno. De hecho, hace dos meses que el cristinismo le había presentado el proyecto a Guzmán. El ministro expresó interés en el tema, pero pidió tiempo para estudiarlo. Nunca respondió. En Economía aceptan el cajoneo: sospechaban de las intenciones del cristinismo para aprobar la ley.

¿Sirve o no? El debate del jueves en el Senado entre Juliana Di Tullio, una de las promotoras de la iniciativa, y Martín Lousteau, simboliza la parálisis que provoca la sospecha mutua constante. El debate se centró en si la aprobación de la ley implicaría un blanqueo de capitales, como sostiene Lousteau; o si se trata de un aporte compulsivo, como afirma Di Tullio.

El radical tiene razón cuando observa que, así como está, esta ley permitiría blanquear bienes no declarados pagando el 20% (o el 35%, si pasan seis meses). Pero el tema de fondo es si los nuevos instrumentos que plantea el proyecto para obtener la información necesaria de los evasores (como la figura del colaborador o el levantamiento del secreto bancario), son o no eficientes para recuperar una parte de los US$ 400 mil millones que se estima permanecen sin declarar en el exterior.

Si se pudiera dejar de lado la presunción de culpabilidad ante cualquier iniciativa legislativa, lo que se podría debatir es cuáles serían las herramientas más eficientes para detectar y recuperar dinero evadido. Que es un legítimo objetivo de cualquier gobierno. ¿Qué político se opondría a ello?

Hemingway decía que la mejor forma de averiguar si se puede confiar en el otro es confiando.

Las revelaciones de un experimento entre agrietados

Empleo

Sin el factor de la desconfianza per se, sería posible analizar el drama del empleo en la Argentina. El problema es que cuando el macrismo insinúa cualquier abordaje sobre el tema, nada se puede analizar a continuación. Porque el otro bando da por hecho que lo único que se pretende es destruir más el empleo.

Eso pasó hace tres semanas cuando Carlos Melconian habló de reforma laboral en la Bolsa de Comercio o cuando, en plena pandemia, Roberto Lavagna presentó un “Plan de crecimiento con inclusión” que aportaba una propuesta para el incremento del empleo formal.

Según datos del Ministerio de Trabajo, entre enero de 2012 y enero de 2022, el empleo privado registrado pasó de 6.068.000 personas a 6.034.000 personas. Esto es: en diez años, mientras la población del país creció un 10%, en las empresas privadas se perdieron 34 mil puestos de trabajo. En esta década perdida en materia laboral, la cantidad total de empleados formales (privados, públicos, monotributistas, etc.) apenas creció en línea con el aumento poblacional. Fundamentalmente, por el 27% de crecimiento en el empleo público, que pasó de 2.600.000 empleados a 3.300.000.

El año pasado, por cada puesto formal que se creó, hubo otros ocho que se crearon en negro. Los más de siete millones de empleados informales del país cobran, en promedio, la mitad de lo que ganan los empleados registrados. Además de carecer de la protección de las leyes laborales.

Está probado: a mayor confianza más desarrollo. Y viceversa. El viceversa es el caso argentino

Lo curioso es que, cuando se habla en privado, sí hay coincidencia en la necesidad de sentarse a pensar cómo incorporar a esos millones de empleados en negro al mercado formal. Lo expresan políticos de la oposición y del oficialismo. Lo explican los empresarios que prefieren dejar de producir más por temor al costo de eventuales demandas laborales de sus nuevos empleados. Y lo reconocen los sindicalistas, que ven cómo año tras año desciende el número de empleados que aportan a sus sindicatos (en las últimas cuatro décadas, bajó a la mitad la cantidad de afiliados), mientras crece el poder de los grupos piqueteros.

El empobrecimiento general le suma una desconfianza adicional a la grieta: los que están mal sospechan que las iniciativas de los otros son para que estén peor.

La debilidad lleva a que, instintivamente, se desconfíe de todo. Y nadie más débil hoy que la dirigencia argentina.

No parecen entender que, en el afán de seguir jugando a la grieta, pueden perder a manos de algún político antisistema que sepa sintetizar la suma de todas las desconfianzas sociales.