El próximo presidente deberá encarar con urgencia la necesidad de contar con un sistema estadístico confiable. No es una cuestión de formas sino de fondo. Pero eso será sólo el primer paso; además, deberá desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación de la gestión pública, tal como han hecho los principales países de la región en esta década.
En los últimos años se ha corrido el debate haciéndose hincapié sólo en las mediciones de inflación y pobreza, cuando en realidad la mayoría de las estadísticas públicas carecen del rigor técnico necesario. Esto no sólo implica un arduo trabajo al momento de analizar la situación macroeconómica, tal como, por ejemplo, contrastar los datos de las exportaciones que informa el Indec con las importaciones desde Argentina que informan el resto de los países (se sorprenderían al ver las diferencias). No se trata sólo de si las consultoras económicas pueden estimar con la misma capacidad técnica que un instituto de estadísticas la inflación (¡por supuesto que no!, pero sin dudas demuestran mayor rigurosidad que el actual Indec). Lo relevante es que, por la mala información, la gestión pública se ve afectada.
Es nuestro derecho como ciudadanos saber en qué se gastan nuestros recursos, y si ese gasto fue eficiente y eficaz en cumplir con los objetivos. Hoy en Argentina no lo sabemos porque no contamos con estadísticas confiables, pero además porque tampoco se ha desarrollado un sistema de seguimiento y evaluación de la gestión pública al servicio de la ciudadanía. La falta de estadísticas es sólo el eslabón roto más notorio de la cadena de la evaluación de la gestión pública, mientras que los otros eslabones prácticamente no existen.
Un reciente informe elaborado por el BID sostiene que Argentina tiene uno de los peores sistemas de “seguimiento y evaluación de la gestión pública”, ubicándose en un ranking de 24 países de América Latina y el Caribe sólo por encima de Paraguay y Belice. De un índice máximo de 5 puntos, Argentina obtuvo en 2013 una nota de 0,8, un claro “desaprobado” en la materia, que evidencia un progreso nulo con respecto a la medición realizada en 2007.
El BID también destaca que, de esos 24 países, Argentina figura segundo en incremento del gasto público medido en porcentaje del PIB desde 2007 hasta 2013. Sin embargo, ¿cómo podemos evaluar la efectividad y la eficacia de ese incremento del gasto?, ¿cómo sabemos si las políticas, los programas y los proyectos que se implementaron contribuyeron positivamente a la ciudadanía?, ¿cómo saben los responsables de los ministerios y las dependencias estatales cuál es el verdadero impacto de los programas que desarrollan?
Esas preguntas quedan sin respuestas porque no contamos con un sistema de seguimiento y evaluación de la gestión pública.
Esperemos que a partir del 10 de diciembre se inicie la recuperación del prestigio perdido por el Indec, pero además que comiencen a realizarse estudios de seguimiento y evaluación que sirvan para fortalecer la gestión pública educativa, sanitaria, en vivienda, en infraestructura, etc., particularmente las dirigidas a los que hasta ahora no querían “estigmatizar”.
*Economista.
