La Constitución Argentina siguió el sistema norteamericano de división de poderes, estableciendo una novedosa forma de participación conjunta, control cruzado y equilibrio de poderes a efectos de asegurar un fondo determinado: los valores, principios y derechos en ella enumerados. De esta manera fondo y forma dan lugar a nuestra forma democrática y republicana de gobierno, fusionándose en un único sistema complejo cuya modificación requiere de mayorías especiales distintas a las de cualquier otra ley.
El Poder Judicial juega un papel relevante: es el garante del cumplimiento de la Constitución. Para garantizar la idoneidad e independencia y fallos imparciales la Constitución exige a los magistrados sortear un complejo proceso de selección en el que intervienen organismos de los tres poderes: el Consejo de la Magistratura (Judicial), el Ministerio de Justicia (Ejecutivo) y el Senado (Congreso).
El Gobierno nos recuerda que el fondo ha cambiado: la democracia ha evolucionado y los derechos sociales desalojaron al individualismo propio de la primitiva república. Y que las formas o diseños originales de controles y equilibrios entre poderes, sobre todo el del Poder Judicial, ya no cumplen su función por haber sido diseñados para garantizar derechos menos democráticos que los actuales. El nuevo fondo es producto de la reforma constitucional del 94. La nueva forma pensada por el Gobierno, una utopía democrática cuyos efectos se desconocen, es una cuenta pendiente y requeriría también reformar la Constitución.
Muchos se han dado cuenta de que el objetivo de la reforma K, además del declamado, persigue otros fines: eternizarse en el poder, seguir haciendo negocios y cubrirse las espaldas ante una eventual derrota política.
Los votos K no alcanzan para ello. No interesa. Lo que más molesta es el Poder Judicial, viejo formato, que sigue garantizando valores y principios pasados de moda como la propiedad privada (ajena), y que para peor no le permite alcanzar aquellos objetivos declamados y ocultos. Hay que tomarlo, por lo menos someterlo, para que los jueces hagan que el derecho diga lo que el Gobierno quiere. Existe mayoría para un paquete de leyes de Democratización de la Justicia. ¿La Corte lo frena? No interesa. El Ejecutivo no eleva ternas al Senado para cubrir cargos vacantes, salvo que necesite algún fallo en particular en algún juzgado en particular. Como complemento, cuenta con el sistema de conjueces de la Ley 26.376, que le permite proponer a cualquier abogado amigo para suplantar jueces sin pasar por el sistema de la Constitución (ni concurso, ni antecedentes, ni independencia). Y tiene los votos en el Senado para aprobarlos. Los votos que se necesitan para ello también serán decididos por el Gobierno.
Esto último es lo que está sucediendo. La Presidenta envió su listado de conjueces amigos al Senado para cubrir juzgados vacantes, incluida la Corte Suprema. Los gobernadores adeptos hicieron lo propio para sus respectivas provincias. Objetivos e intereses asegurados. La muerte de Argibay acerca al objetivo. Todo llega.
En las listas, salvo honrosas excepciones, vemos nuevas familias que tendrán la posibilidad de interpretar las leyes y la Constitución en todo el país, sin necesidad de ser idóneos ni independientes ni imparciales, ni disimularlo. Pero no se trata de un tema de nombres, sino de diseño constitucional. Eliminar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, aunque sea transitoriamente, significa modificar la forma democrática y republicana de gobierno. Y bajo el ropaje de democracia pasamos a depender de una única voluntad.
Aún con la Ley 26.376 de por medio, la forma K que no conoce de autolimitación, prudencia y moderación hace del sistema de conjueces un remedio peor que la enfermedad y extremadamente peligroso. En definitiva, una burla más a la Constitución, a la República y a los argentinos.
*Ex presidente del Consejo de la Magistratura CABA. Director de Justicia de la Fundación Pensar.
