La reimposición de aranceles por parte de EE.UU. sobre el acero y el aluminio debiera ser una advertencia para cambiar la política de la queja o el lamento, por la del aprendizaje.
La gestión saliente impulsó un cambio en la política exterior de la Argentina, al que Washington en buena medida respondió de modo recíproco. El gobierno norteamericano, sin embargo, demostró que cada vez que actuó en lo que creyó que eran la defensa de los intereses de su país o sus productores, lo hizo con pulso firme. Sea para lanas, limones, biodiésel o acero. Y, efectivamente así actúan los países en defensa de sus intereses. No por afinidades ideológicas o supuestas, o reales, amistades políticas. Luces amarillas para el gobierno entrante en esta cuestión también.
Era innecesario llegar a este punto. La historia registra hechos, que debieron abrir los ojos de nuestra dirigencia, muchos años atrás.
En 1866, había concluido la Guerra Civil en los EE.UU., la recuperación de la producción algodonera del Sur provocaba una sobreoferta de materia prima textil. Apoyado en las ideas de H. C. Carey el Congreso, a instancias del presidente Andrew Johnson y de un poderoso lobby de productores y elaboradores de manufacturas, impuso aranceles a las importaciones de lanas que sumaban un 97%. Carey, ideólogo económico republicano, creía en un sistema de economía nacional construido en base a aranceles proteccionistas. La medida perjudicaba principalmente a la Argentina, Australia y Canadá. Nuestro país, se incorporaba al mercado mundial como exportador de materias primas e importador de productos manufacturados y, entre 1840 y 1890 la lana fue el principal producto de exportación. Luego reemplazada por la carne bovina y la agricultura.
Según José Carlos Chiaramonte, uno de los historiadores que más y mejor trató el tema junto con Hilda Sabato, las lanas en aquel momento eran de alrededor del 45% del total de las exportaciones argentinas. De este total, entre el 22 y 25% tenía como destino Estados Unidos. El arancel norteamericano determinó que, en solo tres años entre 1867 y 1870, las exportaciones cayeran en un 90%, lo que derivó en una disminución de más de un 10% del total de las exportaciones en solo un par de años posteriores a la medida proteccionista que entró en vigencia en 1867.
Las voces de Sarmiento, y productores ovinos como Eduardo Olivera y Emilio de Alvear, lúcidamente indicaban que el camino era el de la diversificación de la producción agropecuaria, como así también de la industrialización de esos productos y otros. “El ganado y sus productos como industria exclusiva y única del país, tiene el inconveniente que su precio no lo reglamos nosotros por falta de consumidores sobre el terreno mismo” decía Sarmiento, en 1866, desde EE.UU., en una carta de salutación a su amigo Olivera por la creación de la Sociedad Rural. Emilio de Alvear fue más directo y en 1870 escribía que el librecambio carecía de sentido para la Argentina que había adoptado las instituciones de los Estados Unidos, pero no sus principios económicos.
Desde aquí se hicieron esfuerzos infructuosos para que los estadounidenses reviertan la medida, lo que ocurrió recién en 1894. Incluso la fábrica de paños de lana que intentaron algunos de los miembros de la Sociedad Rural con el inmigrante turinés Francesco Carulla, naufragó.
Estos pasos derivarían más tarde en un intenso debate en 1876, en el Congreso, entre Carlos Pellegrini y Vicente Fidel López del lado proteccionista y Norberto de la Riestra, ministro del presidente Avellaneda, del lado librecambista.
Transcurrido un siglo y medio desde aquellos episodios, la Argentina sigue estando a merced del proteccionismo de las grandes potencias, sin haber aprendido las lecciones de la historia: la transformación de su estructura económica parece imperiosa.
*Director del Centro de Estudios para el Desarrollo (Cepade).
