Entre las políticas del nuevo gobierno nos concentramos en tres atravesadas por el debate acerca de las posibilidades de incrementar los grados de soberanía(s) de un país periférico. Son políticas que favorecen e incentivan la extracción de recursos naturales no renovables, en particular minería (bajo el intento de dejar sin efecto la ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas en la minería metalífera en Mendoza), gas y petróleo de Vaca Muerta; la nueva ley de economías del conocimiento y el paquete de medidas que apuntan a reconstruir el sistema de ciencia y técnica (CyT) nacional.
Estas políticas recogen una voluntad de trabajar para la recuperación económica de Argentina, en particular las últimas dos, apostando a mejoras en materia de desarrollo económico. Sin embargo, pueden acabar reforzando el lugar dependiente y subordinado del país facilitando tres formas de extractivismo: de recursos naturales, de datos y de conocimiento. Las tres profundizan la dependencia de países como Argentina y contribuyen a la concentración y centralización de capital en manos de un puñado de empresas con origen en países centrales pero que, cada vez más, declaran sus ganancias y activos en paraísos fiscales.
En América Latina existe una larga tradición académica y de lucha contra el extractivismo de recursos naturales. En general, los recursos no renovables se extraen de países subdesarrollados y son luego valorizados en países centrales. El riesgo no es solo la reproducción de la dependencia económica, sino las nocivas consecuencias ambientales, para la salud humana y la biodiversidad. Frente a las consecuencias del calentamiento global y la destrucción generalizada del planeta, las propuestas de salir del atolladero económico de Argentina de la mano de industrias extractivas contaminantes, lejos de constituir una solución de raíz, en el mejor de los casos será un afluente de divisas y crecimiento en el corto plazo, con efectos perversos en materia de desarrollo en el mediano y largo plazo. Y en el peor de los escenarios, no logrará un ingreso suficiente de divisas en tanto las energías renovables se abaratan constantemente y hay riesgo de exceso de oferta de energías fósiles.
Una fuente más reciente es el extractivismo de datos. Los mayores monopolios intelectuales del mundo, las empresas con mayor valor de mercado, basan ese monopolio en la centralización y el análisis de datos que cosechan gratuitamente de sus plataformas. Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft junto a sus rivales chinas cimientan sus negocios en la valorización de datos individuales de consumidores y/o clientes.
El análisis de estos datos con algoritmos de inteligencia artificial les permite detectar negocios promisorios, innovar en productos y la creación de nuevos mercados. El resultado son abultadas ganancias y suba del precio de sus acciones. Nos ofrecen productos de acuerdo a patrones de consumo e información personal, lo que maximiza sus ventas y perjudica a las empresas más pequeñas, sin esa información.
Los monopolios intelectuales de internet imponen las condiciones de contratación a quienes ofrecen en sus plataformas, publicitan en ellas o usan sus servicios en la nube (cloud servicing). Siempre el resultado es más ganancias a costa del resto. De modo que los países en desarrollo contribuyen con sus datos a reforzar el negocio de un puñado de multinacionales no casualmente originarias de los dos países más poderosos del centro. En este contexto, la Unión Europea está discutiendo políticas de privacidad de la información, discusión que no puede faltar en ninguna ley que busque promocionar un sector que rápidamente tiene al monopolio de la mano de activos intangibles cuyas economías de escala potencialmente no tienen fin.
Combatir estas dos formas de extractivismo no solo requiere un Estado fuerte, sino también el desarrollo de más ciencia y tecnología pública que habilite alternativas. A tal fin, no solo es imperiosa la recomposición salarial, el crecimiento de su planta y mayores fondos para realizar investigaciones, sino que también se requiere desarrollar medidas de política que limiten la tercera forma de extractivismo, el extractivismo de conocimiento. Comúnmente se piensa que la única forma de perder recursos de CyT es el éxodo de investigadores, lo que implica una pérdida de potencial de desarrollo. Pero ¿qué sucede con el conocimiento de punta que se sigue produciendo en el país?
La lucha del sector CyT durante el gobierno de Mauricio Macri fue una clara evidencia de la fuerte voluntad de les investigadores de contribuir a solucionar problemas de desarrollo, ambientales, de salud, etc. Sin embargo, la vinculación con empresas usualmente les impone ritmos acelerados, dictados por la obtención de ganancias en el corto plazo, que no son los tiempos de la investigación y, en general, no los desafía en materia de investigación. Predomina la realización de tareas de rutina como la asistencia técnica. Y las grandes multinacionales se apropian gratuitamente de sus ideas y/o resultados.
El frenesí por publicar resultados exitosos lo más rápido posible, dados los criterios de evaluación del sistema de CyT, hace públicos prematuramente resultados que permiten que empresas de países centrales, en base a ellos, innoven. La “transferencia ciega de conocimiento” refuerza el rezago productivo. Si los avances se hicieran en el país, podrían contribuir a reducirlo.
Entre 1998 y 2017, 4,6% de las publicaciones en el área de farmacia de la Universidad de Buenos Aires aparecen citadas en patentes internacionales. Ninguna pertenece a una organización argentina. Un 60% de ellas son propiedad de multinacionales. Las cifras evidencian la necesidad de repensar los criterios de evaluación de les investigadores, las prioridades y áreas de vacancia que se integren a un plan nacional de desarrollo y con diálogo entre investigadores, hacedores de política, comunidades y movimientos sociales.
Si las empresas que operan en el país no tienen la capacidad o el interés de contribuir al sistema científico-tecnológico, es hora de pensar en la provisión pública organizada y centralizada de productos que se derivan de las investigaciones públicas. Dado su impacto en materia de desarrollo y frente a los monopolios intelectuales de la industria farmacéutica mundial, vale destacar la producción pública de medicamentos genéricos, así como de nuevos medicamentos y tratamientos producto de investigaciones de punta del sistema científico.
Argentina tiene alternativas, pero explorarlas exige limitar las fuentes de extractivismo de recursos que hoy contribuyen a reproducir su dependencia y subdesarrollo. La creación de fuentes limpias de energía debería ser la prioridad en materia energética. Es necesario pensar en desarrollar industrias intensivas en conocimiento en áreas todavía no dominadas por grandes monopolios intelectuales. Estas grandes empresas no reconocen patria y solo buscan la maximización de sus ganancias, que después declaran donde se les cobren menos impuestos. Grandes monopolios intelectuales locales desregulados sin dudas no son una alternativa de desarrollo, aunque puedan contribuir a las cifras de crecimiento. La centralización pública de datos, usando inteligencia artificial para analizarlos, podría eficientizar la planificación estatal. Pese a la destrucción reciente del sistema científico y a sus limitantes estructurales (precarización laboral de investigadores doctorales y posdoctorales, y escaso financiamiento), en su desarrollo y consolidación encontramos otra pista clave para cualquier plan de desarrollo.
Pensar y ejecutar un plan de desarrollo para Argentina en el actual escenario internacional no es sencillo. Será menos complejo si refuerzan los lazos regionales, dado el complejo contexto de avance de la derecha en América Latina. Pensar una estrategia colectiva del subcontinente, más que un proyecto deseable, se ha transformado en un paso ineludible si se quiere apostar al desarrollo económico, social y ambientalmente sustentable.
