Operación J. J.

—A partir de ahora puede pasar cualquier cosa –le dijo a PERFIL una fuente de la SIDE con base en la calle Estados Unidos y veinte años en “la Casa”–. Ellos rompieron los códigos, abrieron la canilla. En todos los años que tengo en la Agencia nunca vi que saliera un legajo para una operación como ésta.
—Violaron la Ley de Inteligencia –se indigna el agente–, empezaron una campaña sucia que nadie sabe dónde puede terminar. Porque si nosotros sacamos las carpetas, no queda ningún presidente, ningún político, ningún periodista. Y después de lo que acaban de hacer, que no te sorprenda si desde adentro empiezan a filtrarse secretos de medio mundo.
—Ahora hay un conflicto interno gravísimo –se lamenta–, porque este tipo de operaciones se justifican sólo si hay una razón de peligro para el Estado. Acá lo hicieron para mostrar, un año y medio antes de las elecciones, que ellos están dispuestos a cualquier cosa. Bueno –advierte el agente–, ahora, que se agarren. Porque nadie zafa del archivo de la SIDE.
La del agente es, por así decirlo, una versión emocional de la Teoría de la Carpeta, en la que la SIDE reconoce su propia y desvirtuada esencia: se trata de una aceitada máquina estatal de extorsionar. Esa máquina es, también, un poder dentro del poder: maneja recursos libres de cualquier control y se deja utilizar por los gobiernos de turno con el miserable interés de subsistir. ¿Investiga la Secretaría de Inteligencia del Estado la base militar norteamericana en Paraguay? ¿Qué hipótesis maneja con respecto a la posible libanización de Bolivia? ¿Advirtió sobre la construcción de las papeleras en Fray Bentos? Nada de eso: los 2.500 empleados de la SIDE, repartidos en cincuenta delegaciones, que gastan anualmente 238 millones de pesos (esto es 217.000 dólares por día) y que acumulan treinta mil carpetas, son los que no advirtieron sobre los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, los que –por el contrario– filtraron el juzgado de Galeano y desvirtuaron cualquier pista legítima, los mismos que buscaron implicar a la Policía Bonaerense en el atentado a la mutual, los que sobornaron a Telleldín, los que llevaban los sobres (sueldos) a doce de los catorce jueces federales, los que infiltraron agentes en el estallido social de 2001, los que le tendieron la cama a Béliz vía Jaime Stiusso, los que pinchan habitualmente teléfonos de dirigentes políticos o sociales y periodistas, y practican espionaje en sábanas ajenas. Son, también, los que filtraron la carpeta de Juanjo Alvarez. Cada gobierno creyó en sus promesas de amor eterno y cada uno supo, tarde, que los espías responden a su naturaleza, como el escorpión del chiste.

HAN RECORRIDO UN LARGO CAMINO, MUCHACHOS.
Para poner alguna fecha de inicio, tan arbitraria como cualquier otra, las denuncias sobre campañas sucias orquestadas por la SIDE se remontan, por ejemplo, a 1997. En los primeros días de agosto de ese año, la oposición acusó al gobierno menemista de apañar al denominado Grupo de Análisis Político (GAP), una especie de servicio de inteligencia paralelo del Ministerio del Interior, cuyos miembros se bautizaron a sí mismos como “gladiadores mediáticos”. Según Clarín de entonces, “en un galpón de la calle Einstein, casi en el cruce con Famatina, a no más de quinientos metros del Hospital Penna duerme, por ahora, gran parte de los afiches que, con la firma del Partido Justicialista, cubrieron las paredes de Capital y Gran Buenos Aires recordando el paso del ex ministro Cavallo por el gobierno de la dictadura militar”. El GAP no le hizo asco a nada: se le adjudicaron entonces las amenazas a las candidatas María América González y Adriana Puiggrós, del Frepaso, panfletos que mostraban a Fernández Meijide con una hoz y un martillo, ataques a Magdalena Ruiz Guiñazú, Mariano Grondona y al autor de estas líneas, etc., etc. Lo encantador es que el GAP (también llamado Grupo de Apoyo al Petiso, por Corach) era coordinado por Alberto Iribarne, viceministro del Petiso y actual ministro de Justicia K. Entre los integrantes del GAP (siempre preferí Banana Republic), figuran: Julio Bárbaro (hoy titular del Comfer K), Ricardo García Blaya, amigo del actual ministro Iribarne, Juan Carlos Mazzón, uno de los principales operadores de K en la interna del PJ, Roberto “Pajarito” Grabois, cercano a Mazzón, antes operador de José Luis Manzano y ahora pingüino fiel.
En 2000, durante la presidencia de De la Rúa, la difusión de cintas con conversaciones privadas entre Menem y Zulemita formó parte del escándalo preelectoral. En ese momento, los menemistas, en lugar de ver la viga en el ojo propio, recordaron otro antecedente radical en el uso de los espías: la oficina clandestina de seguridad e inteligencia al mando de Raúl Guglielminetti, creada por Alfonsín. El PJ denunció a comienzos del siglo XXI que habría una “ofensiva de inteligencia” que tendría por objeto “diversos blancos del horizonte directivo del peronismo”, y dio a conocer un informe de ocho páginas titulado “Dick Morris, la SIDE y la teoría de la campaña permanente”. La “contrainteligencia” peronista estaba coordinada por el número 2 de la SIDE durante Menem, José Igounet, e integrada por unos ocho agentes dados de baja al comienzo de la gestión de De Santibáñes. Otro grupo de ex servicios vinculados con el menemismo estaba coordinado por el ex agente Alejandro Sánchez, ex becario de la SIDE en Roma, ligado al “obispo” Esteban Caselli. Ambos grupos paralelos acusaban al director de contrainteligencia de la SIDE, el ex mayor del Ejército Alejandro Brousson, como responsable de la campaña sucia manejada políticamente por Darío Richarte, número dos del organismo. Una nota publicada al año siguiente, 2001, por el actual diputado K Miguel Bonasso en Página/12, da cuenta de una especie de reunión de Tupperware de trescientos espías en la quinta de Norberto Feldman, en Don Torcuato. Feldman, amigo de Alberto Kohan, le vendió durante la gestión de Facundo Suárez a la SIDE el edificio donde funciona la famosa Ojota (a cargo de las pinchaduras telefónicas, Oficina de Observaciones Judiciales), en Avenida de los Incas. Bonasso relata con asombro el tono de reunión empresarial del encuentro, en la que, a instancias del secretario Carlos Becerra, se trató como tema central “el proceso de creación de valor” y la consultora Maica Palacios sostuvo que “debemos tratar al Presidente como a nuestro principal cliente”. Señala Bonasso en la nota la promoción de varios agentes de la era menemista: Martha Parodi, Silvia Kucovas, Alberto Mazzino (quien ya volverá a aparecer en esta historia), Isabel Sarmiento, Ramón Bordes, Bettina Martelli, Jorge Castro Mongan (que cumplió el recorrido: trotskismo-Onganía-Menem-Richarte sin ningún trastorno estomacal).
En el verano de 2002, durante la gestión de Duhalde, el matrimonio K fue seguido por la SIDE con el objetivo, revelado por Jaime Stiusso al titular de la SIDE K Sergio Acevedo, de investigar el vínculo que en los 70 mantuvieron con la organización Montoneros. La operación se conoció cuando el agente arrepentido Eduardo Clementi reveló que había un dossier secreto de la pareja confeccionado, entre enero y marzo de 2002, por orden del director general de la SIDE Gustavo Mango. En lenguaje de los espías, se trataba de “un ambiental”. La operación del gobierno, los espías y los medios contra K funcionó de modo aplastante: el único programa que difundió la otra campana, con la presencia del matrimonio en el piso, fue Día D, por América TV, en aquel momento en que los K creían todavía en la libertad de prensa. CK afirmó entonces que las instrucciones fueron elaboradas cuando Carlos Soria era titular del organismo y mencionó a Gustavo Mango, director de Reunión (el encargado de reunir la información de las diversas fuentes de la Secretaría), Marcelo Pérez, delegado de la SIDE en Santa Cruz y Néstor “el Perro” Fragale. El gobierno duhaldista negó la veracidad del hecho. Le tocó hacerlo –¡Oh, juegos del Destino!– a Aníbal Fernández, secretario general de la Presidencia.
—Denme diez minutos, un papel A4, una buena impresora y hago uno más lindo –dijo Aníbal descalificando la denuncia del matrimonio K–. A mí no me van a decir que alguien firma un instructivo de este tipo porque la Ley de Inteligencia lo impide...
—Cuando uno ve cómo actúa la SIDE, se da cuenta claramente de que todos estamos en libertad condicional –dijo entonces CK.
“El plan para reformar y controlar la SIDE”, titulaba, optimista, Página/Oficial del 28 de septiembre de 2003. “Kirchner busca reformar y domesticar la Secretaría de Inteligencia”, elogiaba el diario anunciando como propósito inmediato del gobierno K:
-desprenderse de la Ojota, que pasará a depender del Ministerio de Justicia;
-la SIDE dejará de ser auxiliar de la Justicia (o sea, dejará de pinchar teléfonos a pedido de los jueces);
- sólo brindará información sobre seguridad nacional, seguridad de las personas, delito y terrorismo, sin tareas operativas;
- se reducirá fuertemente la estructura de la SIDE en el exterior. El diario citaba en este punto la tragicómica experiencia de reclutamiento de Narim Mojhtari, una “testigo clave” del caso AMIA que no sirvió para nada, terminó en Buenos Aires ejerciendo la prostitución y la SIDE “gastó” en ubicarla 500.000 dólares. Ninguno de los objetivos fue llevado a cabo.

OPERACION JUANJO
En la tarde del sábado 9 de septiembre, Ernesto Tiffenberg, encargado de Página/12, recorrió la redacción como un calesitero con la sortija en la mano. Tenía, precisamente, uno de los premios más preciados: la carpeta original de la SIDE con los antecedentes de Juanjo Alvarez. La carpeta llegó al diario a través de Martín Granovsky, quien fue secretario de Redacción del matutino y es hoy presidente de la agencia oficial de noticias Télam. Diversas fuentes coinciden en señalar a Fernando Gonzalo Pocino, director de Reunión Interior de la SIDE y amigo de Granovsky, como el lector que tomó prestada la carpeta de la biblioteca circulante de la SIDE. Lo que Tiffenberg buscaba era un redactor dispuesto a poner su firma en una nota que no había conseguido, y que reconocía un origen poco claro. Dicen que le ofreció la carpeta a Susana Viau. Susana –una talentosa redactora, parte de la “vieja guardia” de Página/12– declinó la sortija.
Victoria Ginzberg aceptó la carpeta y puso su firma en una información que nunca llegó a investigar y que, como buen paquete, venía cerrado y con papel regalo. Pocino, quienes todos juran que envolvió el paquete, tiene 45 años y es un “hombre político” de la SIDE. En el argot de los espías, eso significa “odiado por la tropa propia”. Trabó en el último tiempo estrecha relación con Martín Granovsky y Cristina Kirchner. Cuando Granovsky asumió la titularidad de Télam, Pocino estaba dándole un abrazo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. En 2000 volvió del Congreso –donde estaba asignado– a la Secretaría, y le tocó comandar la purga de personal encarada por Santibáñes,como director del área. En prevención de posibles venganzas de los agentes despedidos, Pocino tuvo su pequeño exilio en Chile, hasta que K lo repatrió como director de Reunión Interior: es el hombre que controla todas las agencias de la SIDE en el país. El actual encargado de Personal le responde, y sólo él y los señores 5 y 8 tienen autorización para consultar los legajos, que se referencian en una computadora pero se encuentran clasificados en papel.
—Es un tipo repelente, sin códigos y amigo de la botella –dicen a PERFIL dos ex agentes que lo conocen bien–. Pocino, antes de todo, fue radical y llegó a la SIDE por gestión de Enrique Nosiglia. Su operación de inteligencia más conocida fue infiltrarse en la contracumbre de Mar del Plata del año pasado, que se suponía opositora pero estaba financiada por el gobierno K. Esta semana –¿quizá por efecto negativo de la Operación Juanjo?–, a Martín Granovsky, invitado fijo de todos los viajes presidenciales al exterior, lo bajaron del avión. Lejos de ofenderse, el presidente de Télam llamó al Gobierno para avisar que iría a Estados Unidos por su cuenta, en un avión de línea.
—Quédense tranquilos que yo me arreglo. Ya lo hablé con Timerman –avisó Martín.
El domingo 10, Juanjo Alvarez se enteró de la denuncia que lo involucraba al leer el diario en su quinta de Tortuguitas. A excepción de su mujer, nadie en su familia lo sabía. Uno de sus hijos, de 20 años, portador de una grave enfermedad hepática, tuvo el domingo por la noche un pico de estrés que empeoró su patología. Mañana se subirá con su hijo a un avión que los llevará fuera del país por una semana. Alvarez tiene veinticinco años en la política y, según relató a sus amigos esta semana, estaba acostumbrado a recibir en su oficina de la calle Quintana a servicios o ex servicios que pretendían extorsionarlo con su historial de la SIDE. En 2002, Seprín publicó el rumor, aunque agravado: decía que había “operado” desde el ’76. Alvarez jura ante quien quiera escucharlo que en Casa de Gobierno todos conocían su pasado y que también lo supieron todos los presidentes que le ofrecieron trabajo. Alvarez también advirtió, desde hace algunos meses, que la propia SIDE lo había convertido en blanco: hace un tiempo habló con un importante empresario del rubro energético, y combinaron un almuerzo; a las pocas horas, el empresario recibió un llamado de Casa de Gobierno en el que le preguntaban, con tono burlón, por qué iba a almorzar con dirigentes opositores. El almuerzo se canceló. En enero de 2004, mientras su familia estaba en Punta del Este, uno de sus hijos avisó que llegaría esa noche a Buenos Aires para ver un recital. Nadie más que la familia sabía del cambio de planes. Su suegra recibió a la madrugada un llamado diciéndole que habían secuestrado a su nieto cuando viajaba desde Punta del Este. La noticia era falsa pero los que llamaban conocían detalles que sólo se habían hablado en el interior de la casa del diputado. Después del escándalo, Rafael Bielsa fue el único dirigente K que lo llamó para expresarle su apoyo. Con Horacio Verbitsky, que apoyó expresamente en diversas notas la gestión de Alvarez, discutió esta semana a los gritos porque ningún periodista de Página lo llamó para pedirle su descargo antes de publicar la nota. Desde el mismo domingo, los teléfonos de Alvarez no paran de sonar: lo llamaron decenas de espías en retiro o en actividad para ofrecerle carpetas de distintos personajes políticos. La política de los próximos días para Alvarez es esperar: no se encontró con Lavagna y sólo hablaron por teléfono cuando el ex ministro leyó el diario. Ninguno de los dos sabe cómo va a seguir la relación.
A los pocos días de conocida la Operación Juanjo, Clarín publicó una curiosa versión (que presentó como “oficial”) diluyendo la responsabilidad del Gobierno en el asunto. Decía el diario que la “aparición de la carpeta de Alvarez fue fortuita y derivó de un pedido del juez Oyharbide para que le remitieran expedientes en los que estuviese involucrado el general Harguindeguy. Oyharbide acaba de anular el indulto en favor del militar. Al recoger esos papeles, los agentes de la SIDE K encontraron la carta de recomendación de Harguindeguy para Alvarez en 1981”. La versión es absolutamente falsa: fuentes muy cercanas al juez aseguraron a PERFIL que no sólo no vieron jamás la carpeta sino que nunca pidieron a la SIDE antecedente alguno de Harguindeguy.
Muchos recordaron, esta semana, otras oportunas intervenciones preelectorales de la SIDE K. Por ejemplo, la denuncia por las cuentas del candidato del ARI Enrique Olivera en el exterior. Fue avalada por Bielsa, Aníbal F, el propio presidente K, Martín Granovsky y Alberto F. Daniel Bravo, hijo de Alfredo, funcionario del gobierno ibarrista y parte del entorno de Alberto F, fue quien hizo la denuncia ante la Oficina Anticorrupción y no ante la Justicia (¿porque lo hubieran acusado por falsa denuncia?).
La operación K contra Olivera no tuvo sólo apoyo político: Rolando Graña, al frente del noticiero de América TV, dio la investigación como propia y juró continuarla, y Eduardo Feinmann sostuvo en Radio 10 que “no hay que relacionar la denuncia de Bravo con la campaña”. Víctor Santamaría, dirigente del Sindicato Unico de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) y editor de Caras y Caretas, la revista de Felipe Pigna, uno de los pilares de Alberto F en la Ciudad de Buenos Aires, también propugnó la investigación urgente de Olivera. Bravo fue el mismo que convenció a Pontaquarto de denunciar las coimas en el Senado, y lo llevó de la mano al despacho de Alberto.
“Asoma un nuevo Pontaquarto en el horizonte –escribió Jorge Asís en su columna de Internet–. El nuevo Pontaquarto ¿será mujer o varón?”, se pregunta el Turco refiriéndose a la mediática aparición de Sandra Montero: “La Pontaquarta se limitó a contar acerca de maletines abiertos que supo fisgonear. El Pontaquarto que se avecina procede, según ciertas fuentes, de la misma Planta Fabril. La fábrica que tiene la máquina capacitada para producir Pontaquartos standard, en serie. Y hasta Pontaquartos de Quinta Generación”. LAS CONTRACARPETAS
Enarboladas en el Congreso por Eduardo Camaño, aparecieron esta semana las contracarpetas de la trinchera lavagnista:
-Felisa Miceli fue directora de Presupuestos Provinciales de Martínez de Hoz, entre 1976 y 1979;
- Alicia Kirchner fue directora de Asuntos Comunitarios del Ministerio de Asuntos Sociales de Santa Cruz durante la dictadura;
- Gabriela Ciganotto, presidenta del Banco Nación K, fue secretaria de Hacienda de Caleta Olivia en el último año del “proceso” militar;
- Dante Dovena fue, durante la dictadura, funcionario político del Ministerio de Desarrollo y Vivienda;
- el suegro del secretario K Carlos Zanini fue ministro de Gobierno de la dictadura;
- Héctor Timerman, cónsul en Nueva York, fue director de La Tarde, diario que saludaba en 1976 “el desbande” de los sindicalistas y promovía la flamante dictadura de Videla.
—Ponerse el traje de los derechos humanos cuando uno no puede tirar la primera piedra no está nada bien –dijo el diputado radical por Santa Cruz Juan Acuña Kunz, ante los micrófonos de 1030 Del Plata–.
La Operación Juanjo, entretanto, llegó a la Justicia. La jueza federal María Romilda “Chuchi” Servini de Cubría le pidió al fiscal Miguel Angel Osorio que dictaminara si corresponde abrir una investigación para saber si difundir esa carpeta de la SIDE constituye un delito. Si el fiscal abre la investigación, Victoria Ginzberg, la periodista de Página/12 que firmó la nota, deberá declarar como testigo. ¿Se animará a reconocer que le dieron el paquete atado?