La conferencia de prensa del lunes pasado, en la que el Presidente anunció la intervención y expropiación de la empresa Vicentin, amerita un análisis para entender su trama. Cuando comenzó a hablar del tema, el Dr. Alberto Fernández dijo “Vicentin”, pero cuando anunció la intervención, dijo "Grupo Vincentin". Luego repitió cuatro veces más “Grupo Vincentin”. Solo una vez dijo “Vicentin”.
Al ministro de la Producción, Matías Kulfas, se lo vio notablemente incómodo intentando explicar el porqué de la decisión. Nadie entendió por qué no estuvo allí el ministro de Agricultura, Luis Basterra, un cooperativista que conoce muy bien lo que pasa con la empresa y los cooperativistas.
Tampoco se comprendió por qué estuvo ausente en ese estrado el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, Daniel Aníbal Costamagna. Es difícil hacer una transformación de una compañía de noventa años sin consultar a las autoridades de la provincia en la que tiene su sede. Y para completar el espectro de lo inentendible, hay que decir que el gobernador, Omar Perotti, se enteró a través de la televisión. Otra ausencia fue la del sector privado cooperativo, que además de tener una presencia de décadas en Santa Fe –que es cuna del cooperativismo–, es acreedor de Vicentin. Es decir, estuvo la senadora Anabel Fernández Sagasti, que estaba trabajando en este malhadado proyecto –que es representante de la provincia de Mendoza–, y nadie de Santa Fe.
Dentro del gabinete nacional, más de uno quedó atónito. “Habíamos prometido otra cosa”, dijo uno de sus miembros más conspicuos, quien con un dejo de amargura, expresó: “Son las cosas de la señora”, en clara alusión a Cristina Fernández de Kirchner.
“Vamos a defender la soberanía alimentaria” fue una de las desafortunadas frases que pronunció el Presidente. Fue una de las cosas que se decían por parte del Gobierno durante el conflicto del campo por la Resolución 125. Por si alguien lo olvidó, eso sucedió hace 12 años.
A ello hay que agregar otra declaración inquietante del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien en la semana fue prolífico en frases desafortunadas. “Hay muchas empresas concursadas, pero no las vamos a estatizar a todas” (sic). Nótese que no dijo no vamos a estatizar a ninguna más sino que no a todas.
Entre las empresas más endeudadas con el Banco Nación, figuran las siguientes:
- Molinos Cañuelas debe 20 mil millones de pesos. El 20% se lo adeuda al BNA. Y según las categorías del Banco Central, entra en el lote de las número 5, que son las “irrecuperables”.
- Compañía Argentina de Granos, dependiente del Grupo Navilli, debe 7.700 millones de pesos. El 40% es deuda con el BNA. Es Categoría 5.
- Ieasa (ex Enarsa) debe 11 mil millones de pesos. Es categoría 5.
- ARSA (Alimentos Refrigerados SA) es una empresa que Vicentin creó en 2016 como parte de su plan de expansión hacia nuevos rubros. Le compró a Sancor el negocio de yogures, postres y flanes por US$ 100 millones.
- Impsa metalúrgica de Pescarmona en Mendoza debe 3.800 millones de pesos y el 80% le corresponde al BNA. Es categoría 5.
¿Serán estas firmas las próximas a ser estatizadas?
Todo ha sido hecho de manera tan desprolija que hasta el mismísimo Guillermo Moreno salió a darle al Presidente una lección de derecho administrativo.
Hasta Guillermo Moreno le dio una clase de derecho administrativo al Presidente.
La reacción de la ciudadanía de Avellaneda y Reconquista debería ser para el Gobierno una advertencia. La designación del subinterventor, Luciano Zarich, también trae malos recuerdos. El colega Matías Longoni fue víctima de una patoteada por parte de Zarich, a quien mencionó en una investigación periodística en 2015 por la emisión de los Registros de Operaciones de Exportación (ROE) a empresas truchas.
Dato curioso: cuando Aníbal Fernández se sentía ya como gobernador de la provincia de Buenos Aires, hizo en el Teatro Argentino de La Plata la presentación de su futuro gabinete. Entre los postulantes a ocupar cargos estuvieron Zarich y el interventor designado, Gabriel Delgado.
La situación de Vicentin y los préstamos que recibió por parte del Banco Nación tienen que ser investigados a fondo. Esa investigación debe incluir los préstamos otorgados a la empresa durante el kirchnerato.
El trasfondo de toda esta operación tiene de oscuros nubarrones toda la gestión de Alberto Fernández. La aparición de Eduardo Duhalde, criticando fuertemente al Presidente no es un dato menor. Como tampoco lo fue el de las críticas de Roberto Lavagna. Ambos son hombres de consulta de Alberto Fernández.
El hecho ha encendido las alarmas de todos los sectores empresariales con los que el Presidente se había reunido una semana atrás.
Las ideas que expresó tanto AF como la senadora Fernández Sagasti, en el sentido de buscar imponer la soberanía alimentaria forman parte de una concepción ideológica que atrasa, como la mayoría de las concepciones ideológicas del kirchnerismo y las de sus oponentes. La Argentina parece condenada a una dirigencia llena de clichés y, por ende, pendular y carente de planificación y previsibilidad. Esto incluye, obviamente, a parte de quienes integraron el gobierno de Mauricio Macri, de catastróficas consecuencias económicas y sociales.
