La larga cuarentena continúa. Nada que sorprenda. En el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Gran Córdoba y Gran Chaco se encuentran los focos principales de la pandemia. Desde el anuncio del sábado 23 de mayo hasta el del jueves último, la cantidad de casos se triplicó. Y así como se multiplicaron los casos, se ahondó también la controversia acerca de la duración y dimensión de la cuarentena. Esto último es producto de la falta de planificación que el Gobierno ha tenido para prever y enfrentar las consecuencias psico-socioeconómicas de la cuarentena.
¿Fue acertada la decisión de instaurarla tempranamente? La respuesta es simple: sí. Si no hubiera sido así, el nivel de contagio de esta virosis por parte de los viajeros que venían desde Europa habría alcanzado dimensiones significativamente mayores a las que hoy exhibe la Argentina.
¿Es una sorpresa que la cuarentena sea tan larga? La respuesta también es simple: no. Todo lo que está ocurriendo fue pronosticado: el aumento del números de casos y su focalización principal en las zonas más vulnerables de los centros densamente poblados formaban parte de las proyecciones que los infectólogos y epidemiólogos hicieron desde el vamos.
¿Ha habido un uso político de la cuarentena? Otra vez, la respuesta es categórica: sí. El oficialismo sigue a través de las encuestas cuál es el humor social. Esas encuestas, que hasta hace unas tres semanas mostraban elevados niveles de aprobación hacia la gestión del Gobierno, han comenzado a cambiar. Los guarismos de imagen positiva del Presidente cercanos al 70 o al 80% han empezado a declinar. El hartazgo social al “Quedate en casa” y el deterioro económico se juntan en una combinación potencialmente explosiva. A eso hay que agregarle las situaciones institucionales inquietantes que forman parte del particular universo de la cuarentena. Es claro que el kirchnerismo está aprovechando para avanzar en pos de dos logros: la impunidad y la consolidación de su proyecto de permanencia en el poder. Para ello trabaja en el copamiento de las estructuras del Estado pertinentes a esos objetivos. Tal fenómeno se hace evidente en dos áreas: una, la Justicia; la otra, las cajas.
Esta semana se produjo un hecho relevante en el Senado: se dio el primer paso para quitarle el manejo de las escuchas telefónicas a la Corte Suprema. La idea es otorgarle esa potestad al procurador general, cargo en el que el oficialismo aspira a nombrar a Daniel Rafecas, un juez que le responde. El otro paso será el intento de copar la Corte.
Respecto del copamiento K de los lugares de la administración del Estado en donde se maneja dinero, en los párrafos que siguen encontrará el lector el detalle de un episodio que pasó inadvertido para la opinión pública.
Y péguele fuerte. Sobre el fin de la semana, la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló en contra de la Argentina, al decidir que el juicio por la expropiación de YPF –concretada en 2012– seguirá en los tribunales de los Estados Unidos.
La resolución sobre el futuro del millonario litigio se produjo un año después de que Preska –sucesora del juez Thomas Griesa– ordenara al gobierno argentino y a los demandantes, Burford Capital y Eton Park, que presentaran escritos para respaldar sus posturas respecto de dónde debía continuar y cómo debía resolverse el contencioso.
La administración de Mauricio Macri había presentado una moción para desechar la demanda bajo el argumento de “foro no conveniente”, por el cual los abogados del país aspiraron a que la jueza desestime la demanda sosteniendo que el litigio debería dirimirse en los tribunales argentinos, por ser la jurisdicción más apropiada.
El costo para la Argentina en caso de perder este juicio podría ubicarse entre los 3 mil y los 9 mil millones de dólares.
Desde YPF afirman que el fallo es adverso porque la imagen internacional de la Justicia de la Argentina no es buena. Por eso, la posibilidad de que pueda resolverse en los tribunales nacionales se veía muy difícil. “No era viable. No lo vimos así nunca”, afirma una voz de importancia de la petrolera. La mirada está puesta en los Eskenazi, que le vendieron los derechos de litigio a Burford Capital.
Simultáneamente, en la misma semana que se conoció el fallo adverso por el juicio por la expropiación de la petrolera YPF, se avanzó en la conformación del directorio de la empresa, con una fuerte impronta K.
Y entre los casilleros que se ocuparon está el de la Fundación YPF, donde se designó a Ofelia “Pipa” Cedale, amiga personal de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con quien compartió años de estudio en la Facultad de Derecho de la UNLP. Pipa es además la “celestina” que presentó a Néstor Kirchner y Cristina Fernández en La Plata.
Sin el kirchnerismo en el poder, Cedale se convirtió en una pieza clave en la estructura de la Fundación Patria. Hasta diciembre de 2015 fue secretaria de Seguridad Social de la Nación; previamente se había desempeñado como secretaria de Legal y Técnica de la Anses y, durante el gobierno de Néstor Kirchner, como subsecretaria adjunta de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.
Reemplaza en ese cargo a Anabel Perrone, una funcionaria histórica a la que acusaron de ser “filomacrista”.
Como se ve, donde hay plata están los K.
Los “servicios” siempre están. Son dos las denuncias vinculadas con tareas de seguimiento por parte de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que comprometen al gobierno de Macri: una, la denuncia formulada por la interventora, Cristina Caamaño; la otra, la causa que lleva adelante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. Son denuncias graves que deben ser investigadas a fondo. Representan para Juntos por el Cambio un golpe fenomenal. “Si uno nombra al frente de los “servicios” a la dupla Arribas-Magdalani no se puede sorprender de que pasen estas cosas”, expresó por estas horas un conspicuo dirigente de la coalición que gobernó hasta el 10 de diciembre pasado.
De lo que se conoce respecto de la denuncia presentada por Caamaño, hay información concerniente a los perfiles ideológicos y a cuestiones de la vida personal de los afectados.
No debería rasgarse las vestiduras el kirchnerismo ante la verificación de estas prácticas que son lamentables, repudiables y profundamente antidemocráticas. Durante el kirchnerato existió el “Proyecto X”, que sometió a los mismos vejámenes a quienes osaron ejercer el derecho constitucional de expresarse y manifestarse en libertad. Parece que lo olvidaron.
