El 24 de marzo de 1976 se desplomaron las instituciones en la Argentina. A la dictadura genocida y sus crímenes se le sumó un delito, un pecado original: la anulación lisa y llana de la Constitución Nacional en todo lo que contradijese al llamado Estatuto para la Reorganización Nacional.
Suprimieron así los derechos y garantías establecidos en la Carta Magna a sabiendas de la masacre que emprenderían.
Para llevarlo adelante se cerró el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia fue desplazada y reemplazada por una conformación adicta, presidida por un primo del primer dictador. El gobierno de facto, sin embargo, intentó darles fundamento jurídico a sus acciones, tanto con el mencionado estatuto como con la emisión de decretos-leyes reemplazando la tarea del Poder Legislativo.
Todas estas acciones se enmarcaban en un profundo desprecio por la vida democrática y con ello las instituciones que la representaban. Por aquellos años, quedó desterrada la posibilidad de disentir, de intercambiar ideas. Eran tiempos de imposición, donde la construcción de consensos, la finalidad política por excelencia de toda democracia, se transformó en una utopía.
Por ello, el período político iniciado el 10 de diciembre de 1983 tuvo que emprender un proceso complejo de recuperación de las instituciones de la república, pero también de aquellos resortes de la vida democrática que la sostienen.
Sin embargo, la tarea que comenzaba con la presidencia de doctor Raúl Alfonsín en 1983, presuponía, además de la recuperación formal de las flamantes instituciones, la recuperación de los valores que encierra la vida democrática.
En tal sentido, ¿cómo fue la evolución de la calidad democrática en nuestro país desde aquella recuperación hasta nuestros días? Cuando reflexionamos sobre la evolución de la calidad democrática desde 1983, observamos que existe una deuda pendiente. Vemos que bajo la más lacerante herencia de la dictadura militar de muertes, torturas y desapariciones, subyacen reminiscencias de una cultura autoritaria, intolerante, descalificadora que atraviesa las instituciones y la vida política del país.
Trabajar para revertir esto es la tarea que todos y cada uno de los argentinos tenemos por delante. Discutir, respetar las diferencias, intercambiar ideas, generar espacios de consenso, aceptar aciertos ajenos y reconocer errores propios, es parte del comienzo para recomponer la calidad democrática de las instituciones de nuestro país. Reconstruir instituciones que trasciendan a las personas y a los gobiernos es pensar en una estructura sólida de República y en valores irrenunciables, es pensar en un país inclusivo, donde no haya más espacio para la intolerancia, el autoritarismo y el silencio.
El 24 de marzo se celebra un nuevo aniversario del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Cuando hablamos de estos conceptos, lo hacemos para recordar y no repetir las peores páginas de nuestra historia, pero también son la clave para un país constitucionalmente sólido, y respetuoso de sus instituciones. Porque con memoria, con verdad y con justicia se construyen y se sostienen las democracias más representativas y equitativas, y qué mejor que en una fecha tan triste para todo nuestro pueblo, reflexionar sobre la calidad institucional es una deuda pendiente.
*Legislador de la Ciudad de Buenos Aires (PRO). Ex secretario de Inclusión y Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires.
