Hace pocos meses, las principales fuerzas políticas mexicanas acordaron el Pacto por México, un hecho apenas divulgado por los medios de prensa no mexicanos y menos aún debatido más allá de las fronteras de aquel país.
Los acuerdos crean un ámbito protegido de la confrontación política que permite una acción eficaz para resolver un conjunto de desafíos vitales para el país. Los primeros efectos de esta convergencia comienzan a verse, relanzando la viabilidad de un método político que durante mucho tiempo fue considerado, en nuestra región, como impracticable e, incluso, ingenuo.
Los autodenominados estrategas del poder, por lo general ágrafos caciques de tribus diezmadas por la ambición, tratan despectivamente este tipo de instrumentos. Nada más lejano de la idea de acuerdos globales que su concepción del realismo político. En el caso argentino, hemos subestimado el papel que jugaron estos personajes, en los sucesivos fracasos argentinos, en particular desde 1983 hasta nuestros días. Para ellos, todo acuerdo que no nazca de su intermediación, es objetado. Si no pueden intermediar, hacer favores a unos y a otros para luego reclamar una contraprestación (como se explica con detalle en El padrino), los pactos son descalificados. Pero los ejemplos históricos abundan en sentido contrario.
Los pactos políticos sociales fueron, en ocasiones, instrumentos esenciales para que algunos países iniciaran una etapa de estabilidad y desarrollo. Los principales partidos y las organizaciones sindicales y empresariales lograron, en momentos críticos, coincidir en un conjunto de criterios y compromisos que marginaban de la competencia política y de las demandas sociales los temas acordados.
La idea no puede ser más simple: si los sectores políticos y sociales tienen aseguradas sus demandas básicas a través del acuerdo, durante un cierto tiempo la puja distributiva, con sus conflictos inherentes, y las trabas políticas quedan en suspenso. En esas condiciones, la sociedad puede destinar, mucho más eficazmente, sus capacidades para el desarrollo.
Como imaginará, lector, la simpleza de la fórmula es inversamente proporcional a la probabilidad de hacerla funcionar. Es necesario que todos prioricen, por un tiempo limitado, el interés general respecto de sus conveniencias inmediatas. Lo cual suele ser difícil de lograr.
De todas maneras, estos acuerdos suelen proteger los intereses básicos de los sectores, como se vio en el caso de los pactos de la Moncloa, en España. En 1977, dos años después de la muerte del dictador Franco, el gobierno de transición de Adolfo Suárez, junto con todos los partidos y las organizaciones empresariales y de trabajadores acordaron la eliminación de un conjunto de prohibiciones instauradas durante la dictadura, una política antiinflacionaria, un tope de aumento salarial equivalente a la inflación y la devaluación de la moneda.
Estos acuerdos no eliminaron la lucha ni las alternativas políticas. Su objeto fue sacar de la confrontación las medidas indispensables para el resurgimiento de la sociedad española. Así se hizo, y el país, que había vivido en el autoritarismo y el atraso, se integró al mundo altamente desarrollado. La integración a Europa, la calidad de su dirigencia y los pactos explican ese cambio espectacular.
No siempre estos intentos funcionan. En ocasiones, los pactos son más bien el resultado de una imposición que de una real convergencia de voluntades. En la Argentina tenemos ejemplos de una forma empobrecida de acuerdo en los llamados pactos sociales, que resultaron tan efímeros como inútiles.
No cabe duda que la mayor dificultad para avanzar en este tipo de estrategias es la calidad política e institucional de los actores. El caso típico es cuando un dirigente político o sindical se pregunta ¿por qué voy a darle a este gobierno la posibilidad del éxito si eso me va a perjudicar? En lugar de pensar que a esta altura de la decadencia de su país sería bueno darle a la sociedad una posibilidad de recuperar la esperanza y, de paso, devolver la credibilidad a sus representantes.
En todo caso, los mexicanos están tratando de hacerlo con el Pacto por México. Este acuerdo fue firmado al día siguiente de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como nuevo presidente, en diciembre de 2012. Obviamente, había sido negociado en el extenso período que va desde las elecciones al cambio de gobierno. Sus signatarios son los principales partidos políticos.
Los temas que aborda el pacto son de un espectro amplio. Entre los más importantes se incluye la creación del programa de combate a la pobreza pensado para que no haya un uso clientelar de ayuda social (lo inverso de lo que se sucede en nuestro país). A ese programa, que asegura el mínimo de alimentación a todos los ciudadanos, se agregan los de seguridad social, los de educación, derechos humanos y el ejercicio efectivo de todos los derechos ciudadanos a las poblaciones indígenas del país.
En el campo de la economía se acuerda la reforma energética por la cual los hidrocarburos seguirán como propiedad del Estado, a la vez que se ponen en marcha políticas que tenderán al aumento de la exploración y explotación de yacimientos. Se promueve una política crediticia para las pymes y la actividad agropecuaria, con la modernización de los sistemas de comercialización. En el campo fiscal, se decide una reforma impositiva que aumentará la base de contribuyentes, que prevé mecanismos para evitar la evasión y sobre todo elimina los privilegios fiscales que benefician a los sectores de mayores ingresos.
En el campo de la seguridad ciudadana, se decide poner en funcionamiento un nuevo sistema de Justicia penal, se crea un nuevo Código Penal y de procedimientos válido para el conjunto de la Federación. Conviene recordar que, en los seis años de la gestión del ex presidente Felipe Calderón, la inseguridad se convirtió en una siniestra pesadilla: 60 mil homicidios y 25 mil desapariciones.
También se pone en marcha un sistema de rendición de cuentas para que el ejercicio del gobierno esté sometido eficazmente a la verificación pública.
Por cierto, lector, ésta es sólo una visión rápida de algunos de los capítulos y temas que incluye el pacto, que también instala un sistema de coordinación y de negociación para que durante los próximos meses los partidos signatarios puedan llegar a los acuerdos para ejecutar estas reformas. El límite que se estableció para el cumplimiento de todo lo decidido será la finalización del mandato de Peña Nieto, es decir, antes de diciembre de 2018.
El Pacto por México acuerda compromisos, crea mecanismos de negociación y establece los plazos para su ejecución.
Dudo que los políticos mexicanos sean ingenuos o particularmente desprendidos de sus intereses personales. Pero son inteligentes y saben que en una sociedad que descree de ellos y que pierde la esperanza, no hay ambición personal que sobreviva. Además, se les debe conceder una dosis de interés por el futuro común y el bienestar general.
No creo que la oposición deba unirse en el caso argentino; sería irreal y no creíble. En cambio, debería dar los pasos prácticos para iniciar el camino que los mexicanos están recorriendo. Lo tendría que hacer antes de las elecciones parlamentarias –de las cuales nos separa el mismo lapso que tuvieron los mexicanos para negociar su pacto– y, después de octubre, el Gobierno verá lo que quiere hacer.
