El viernes próximo a las 15.15, en la sede de la Organización de Estados Americanos, 1989 F Street NW, Washington DC, ocurrirá un hecho inédito en los treinta años de la democracia argentina. Siete periodistas expondrán ante la audiencia otorgada a tal efecto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre “las distintas acciones adoptadas por el Estado argentino que, a nuestro juicio, implican serios retrocesos en la vigencia del derecho de libertad de expresión en la Argentina. Estimamos que sólo el diligente actuar de ese organismo podrá poner límite a las condiciones de creciente hostilidad impulsadas por las autoridades gubernamentales nacionales, que afectan seriamente el ejercicio del periodismo independiente”, según expresa textualmente el documento.
Me gusta decir que el principal insumo del periodismo no es la noticia. Es la libertad. Con libertad se puede hacer un periodismo bueno, malo o regular. Pero sin libertad sólo es posible hacer propaganda. Y eso es lo que buscan los gobiernos autoritarios: controlar todo y que nadie los controle a ellos. Domesticar a los periodistas para convertirlos en propagandistas. Eso es intolerable para una democracia plena y republicana. La libertad debe ser defendida con uñas y dientes frente a cualquier gobierno o cualquier poder. Hay que levantar la bandera de la libertad, y no importa si el gobierno que la quiera pisotear es de derecha o de izquierda, o si los censuradores son los dueños de los medios o los grandes empresarios. No hay periodismo sin libertad.
La década ganada por los Kirchner fue el momento de menor libertad de prensa en la Argentina desde 1983. Néstor y Cristina pusieron en marcha un plan sistemático para eliminar las críticas y utilizaron el aparato estatal para atacar a periodistas independientes. Y apelaron a todos los mecanismos posibles.
Una lista incompleta debe incluir la acción directa con agresiones físicas e insultos, la difamación y la estigmatización constante desde los medios estatales y paraestatales, las acusaciones falsas de los peores delitos, como “golpistas”, “sicarios” y “criminales”, la privación arbitraria de la pauta oficial, el cepo publicitario y las presiones hacia los anunciantes privados, el apriete a los dueños de los medios para que despidan o no renueven contratos, la mussoliniana pegatina de afiches con el rostro de periodistas que luego fueron sometidos a una parodia de juicio popular en la plaza pública, la incitación a niños y militantes a que escupieran esas fotos, la saturación de comentarios insultantes mediante una brigada de mercenarios por internet, la utilización de la ex SIDE y la AFIP, con escuchas ilegales y carpetazos como instrumentos para intimidar y castigar, la prohibición de publicar las cifras del verdadero costo de vida y la querella a las consultoras que se atrevieron a hacerlo, y la conformación de un oligopolio amigo del gobierno con subsidios millonarios que pagamos todos; éstos son sólo algunos de esos atropellos autoritarios.
Son acciones que podríamos agrupar bajo el rótulo de “patoterismo de Estado”.
Los siete periodistas de los más diversos medios, hartos de tanta persecución, que hicimos este reclamo en defensa propia, de muchos otros colegas y del derecho de los ciudadanos a ser informados con transparencia somos Magdalena Ruiz Guiñazú, Nelson Castro, Joaquín Morales Solá, Pepe Eliaschev, Luis Majul, Mariano Obarrio y quien esto escribe.
El próximo 1º de noviembre, en el Salón Rubén Darío, ubicado en el octavo piso de la sede de la OEA, durante veinte minutos se argumentará sobre todo lo denunciado. Habrá otros veinte minutos dedicados al descargo de un funcionario nacional designado por el gobierno de Cristina.
Hasta ahora no se sabe quién será ese representante. El único país que se negó a responder a una audiencia de estas características fue Cuba.
También participará Catalina Botero, la destacada relatora de libertad de expresión.
La CIDH tiene mucho prestigio y fue varias veces citada elogiosamente por la propia Cristina. En este 149º período de sesiones se tratarán denuncias sobre gobiernos de matriz ideológica antagónica, como las violaciones a los derechos humanos con los presos y las Damas de Blanco en Cuba, o la utilización de los drones, los aviones no tripulados, como armas de guerra por parte de Estados Unidos, o la situación de los detenidos en la base naval de Guantánamo. Esto demuestra que el trabajo de los comisionados no tiene un sesgo político particular y que su interés principal es preservar las libertades públicas.
Quienes padecimos la dictadura celebramos el histórico informe de la CIDH que vino a nuestro país entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979. Para confeccionarlo entrevistaron a Jorge Rafael Videla, quien era el jefe del terrorismo de Estado, y a decenas de autoridades nacionales y provinciales, pero también a los organismos que con tanto coraje defendían los derechos humanos en las peores circunstancias y asimismo a políticos radicales como Ricardo Balbín y Raúl Alfonsín, peronistas como Deolindo Bittel y el comunista Fernando Nadra, entre otros.
Las conclusiones de la Comisión hicieron eje en el problema “de los desaparecidos”, por considerarlo entre los más graves, y exigieron que se informara el paradero de éstos, que cesara la acción represiva del Estado y que se restituyeran los niños apropiados de los detenidos políticos o los nacidos en cautiverio, entre otras denuncias que muchos argentinos no podían o no se atrevían a hacer.
Por supuesto que hay que salvar las distancias. Ni siquiera hay punto de comparación entre aquel 1979 horroroso en sus crímenes de lesa humanidad y este 2013 lamentable en su intento de instalar un discurso único y chupamedias.
Pero el valor de la libertad es indiscutible en todos los tiempos y bajo cualquier régimen.
Serrat nunca dudó al decir que “ para la libertad, sangro, lucho y pervivo”, en la convicción de que si el autoritarismo resiste, hay que resistir, porque “retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida”.
Todo sea para la libertad
