Palabras sin pantalla

Faltan 55 días: el 20 de mayo, en vísperas del cuarto aniversario del gobierno de Néstor Kirchner, las televisoras privadas deberán presentar “un espacio de programación que contribuya a la defensa de la cultura nacional y a la educación de la población”. Lo estipula el decreto 527 firmado el 20 de mayo de 2005 por el Presidente, que les daba dos años para efectivizar esa orden.
Con ese impresionante decreto, Kirchner prorrogó manu militari la concesión de las licencias de radio y TV, permitiendo que Daniel Hadad mantuviera Canal 9 hasta 2019 y que el grupo Clarín siguiera con Canal 13 hasta el 2025. El privilegio para Hadad fue luego traspasado, sin que nadie objetara nada, al nuevo dueño de ese canal, el misterioso señor González. Telefe seguiría en manos de Telefónica hasta 2025 y el grupo integrado por Manzano, Vila y De Narváez retendrá América hasta 2022
La prorroga por diez años más de las licencias de TV abierta, radio y TV por cable suspendió los plazos en vigencia. A los quince años concedidos por ley, más la prórroga automática de diez más, se agregó otro plazo igual.
Las emisoras más comprometidas fueron beneficiadas por Kirchner con automático aumento del valor de sus activos, horizonte formidable de previsibilidad que mejoró, fuertemente, su negociación con acreedores y la posición de quienes necesitaban desprenderse de bienes.
Pese a que Kirchner advirtió entonces que “queremos los medios en manos de empresarios nacionales, como ocurre en los países más serios del mundo”, la medida fue buena también para empresas con casa matriz en ultramar.
En aquella oportunidad, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se hizo el feroz y les levantó el índice a los empresarios: “Sepan que la visión del negocio es diferente a la de antes. Les estamos permitiendo planificar a diez años más para que pongan en orden sus finanzas. Queremos también comprometerlos con los valores culturales de una Argentina que va a cumplir dos siglos y les pediremos que dediquen parte de su programación a proyectos culturales y educativos”.
¿Qué valores culturales? ¿Los de Gran Hermano?
El decreto 527 fue lo que necesitaba Hadad, que ya había pedido en enero de 2005 esa prórroga luego concedida por el Presidente. Hasta el inerme y estéril Comité Federal de Radiodifusión, que sigue encabezando el ex secretario de Cultura del gobierno de Menem, Julio Bárbaro, se había opuesto y sólo admitía mantener la licencia en curso hasta 2009.
La prórroga benefició a Canal 9, pero también a Canal 13 y a Telefe, que sólo accedieron en enero de 2005 a la prórroga automática de diez años, por lo que ambas licencias se extendieron hasta 2025. América fue entregada a Vila y Manzano hasta 2022.
También fueron galardonados por ese decreto las entonces competidoras CableVisión y Multicanal (Grupo Clarín), cuya explotación se extendía hasta 2006 y que a partir de ese momento ganaron diez años más. Pero el año pasado, con la luz verde de Kirchner, Grupo Clarín compró CableVisión y la TV por cable quedó en una situación de concentración sin precedentes.
Al exhibir su regocijo por aquel jubileo de 2005, el presidente de la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA), Carlos Fontán Balestra, expresaba felicidad: “Es muy importante para la libertad de expresión. No es lo mismo saber que se tiene una prórroga de diez años, lo que confiere estabilidad, cuando hay que salir al mundo con la programación en la era de la TV digital. Y además, con este decreto, no habrá que vivir a merced del poder político, ni pedir favores”. El presidente de la Asociación de TV por Cable, Walter Burzaco, no se andaba con vueltas: “Nos sentimos cómodos con el discurso del Presidente”.
Al prorrogar las licencias de servicios de radiodifusión, Kirchner citaba “la grave crisis que atravesó nuestro país”, y argumentaba que “si bien la referida crisis afectó a la sociedad en su conjunto, a la fecha no se ha tenido en cuenta la situación particular que han debido atravesar los licenciatarios de medios de radiodifusión, considerando los altos costos que deben afrontar para continuar brindando satisfactoriamente la prestación a su cargo”.
Luego de condolerse porque esos medios, orientados básicamente al mercado interno, “han sido uno de los sectores afectados por la intensa recesión sufrida, lo que ha provocado situaciones de rentabilidad negativa en la mayoría de las empresas” y que en definitiva, “la realidad evidencia la necesidad de adoptar medidas tendientes a asegurar la contribución que realizan los servicios de radiodifusión al desarrollo social y económico de la sociedad, posibilitando la prosecución de las transmisiones regulares y la preservación de las fuentes de trabajo”, el Gobierno se justificaba en el “interés público a los servicios de radiodifusión, tomando en cuenta (su) contribución al desarrollo social”.
Tras postular una “imperiosa necesidad de proceder a la suspensión por un plazo de diez (10) años de los términos que estuvieren transcurriendo de las licencias de servicios de radiodifusión o sus prórrogas (…), Kirchner asumía “el deber del Gobierno Nacional de contribuir a la defensa de la cultura nacional y a la educación de la población” y enfatizaba que el Estado “debe establecer (…) la obligación de los licenciatarios (…) de incluir en su programación los espacios correspondientes”.
¿Por qué un decreto y no una ley? Como siempre, el Presidente esgrimía la existencia de “circunstancias excepcionales que hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las Leyes”.
El decreto ordenaba que durante el plazo de dos años a partir de la vigencia del presente, “cada licenciatario de servicios de radiodifusión deberá elevar al Comité Federal de Radiodifusión para su aprobación un espacio de programación que contribuya a la defensa de la cultura nacional y a la educación de la población”. Junto al Presidente y Alberto Fernández, firmaban Aníbal Fernández, Alicia Kirchner, Ginés González García, Carlos Tomada, el ministro de Educación Daniel Filmus y los después marginados del poder Roberto Lavagna, José Pampuro y Horacio D. Rosatti.
Ya falta poco: en 55 días los licenciatarios deben presentar esa programación cultural y ponerla en el aire. Mientras tanto, con la eficaz colaboración de quienes aportan su “contribución al desarrollo social” con programas como Gran Hermano y otras alhajas que prestigian a la TV argentina, los licenciatarios duermen sin frazada. Saben que los programas culturales que Kirchner “exigía” a los canales, nunca se harán.
Como es habitual, eran solo palabras.