En base a la presunción de legalidad que tienen las leyes, propongo que asumamos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por disposición expresa del artículo 32 de la Constitución Nacional, tiene la facultad no delegada ni delegable de proteger las libertades de imprenta, prensa y expresión (LIPE de aquí en adelante).
Y que las LIPE, por resultar esenciales para el resguardo del sistema democrático, cuentan con una tutela superlativa de tal entidad que en determinadas circunstancias podrían imponerse al ejercicio regular de otros derechos (al de propiedad o al poder de policía, por ejemplo).
Para equilibrar nuestra hipótesis, asumamos también que el Gobierno nacional jamás tuvo intención de intervenir el Grupo Clarín y que la sensación de peligro inminente en el marco de la que Macri dictó el famoso DNU fue un montaje de los “medios hegemónicos” y del Gobierno porteño, con el apoyo del resto de la oposición, para infligir una derrota marketinera al Gobierno nacional.
Claro que la Legislatura porteña al sancionar la Ley 4.565 de Defensa de la Libertad de Expresión convirtió en abstracta cualquier consideración sobre el DNU macrista.
Así que aceptemos que mientras la Justicia no resuelva lo contrario, la Ley 4.565 es constitucional y aplicable. Por lo que la Ciudad tendría competencia para defender las LIPE incluso de normas o actos administrativos del Gobierno nacional, en los casos concretos en los que así lo dispusiese la Justicia porteña.
En esta hipótesis, para nada forzada, tendríamos una ley que blinda el ejercicio de las LIPE en la Ciudad Autónoma.
Supongamos ahora que se produce un cambio de gobierno (lo que tarde o temprano debería ocurrir). Y un cambio de modelo. E imaginemos tanto al Gobierno nacional como al porteño en manos de “la derecha” (peronista o conservadora, neoliberal o populista, católica o evangelista).
En tal contexto, conjetural pero probable, volvamos a analizar la Ley 4.565.
¿A quiénes protege? A los medios nacionales y populares que crecieron al amparo del relato kirchnerista. A los medios K. A los medios independientes. A los “medios hegemónicos”. A PPT, a PERFIL, a 678. A Víctor Hugo, a Fontevecchia, a Lanata. A todos los medios y a todos los periodistas.
Ni censura directa ni indirecta. Ni clausuras ni ejecuciones administrativas. Ni expropiaciones ni intervenciones. Ni control de opiniones o contenidos ni de grilla. Ni multas ni sanciones por opinar o difundir información non grata.
Para nadie. Ni ahora, ni nunca.
Es un blindaje a la prensa que llegó para quedarse. Porque en la sociedad moderna la libertad de expresión sin libertad de prensa se reduce a libertad de pensamiento.
Esté quien esté en el poder. Y critiquen a quien critiquen, informen lo que informen, denuncien a quien denuncien, opinen lo que opinen cualquier periodista y cualquier medio.
Lo que hoy protegería a unos de otros, mañana protegería a otros de unos.
Por eso, al ampliar la protección de la prensa y poner límites al accionar de cualquier gobierno, la ley beneficia no sólo la libertad de expresión y el acceso a la información libremente elegida de los porteños y de los que visitan Buenos Aires, sino que estimula la pluralidad y la diversidad en la creación y difusión de opiniones, ideas y manifestaciones culturales. Hoy y mañana. La próxima década y todas las venideras.
*Presidente de la Fundación Pericles.
