El azar quiso que presenciara “en vivo y en directo” tanto el anuncio por parte del presidente Obama de su decreto sobre política migratoria como el inicio de la discusión posterior.
No es mi intención aquí incursionar en dicho debate, ni siquiera en la necesaria discusión que, al respecto, habrá que encarar seriamente en la Argentina, más allá de la “escaramuza” surgida en el marco de la propuesta a la reforma del Código Procesal Penal. Sí me parece oportuno comentar, como ejemplo, la forma en que el análisis de las políticas públicas, en otros países, incluye los “costos económicos” de éstas.
En efecto, al momento de ser anunciada, el estudio de la reforma migratoria norteamericana incorporó el hecho de que legalizar a millones de inmigrantes tiene efectos sobre el gasto público en particular, y sobre la economía en general. A partir de su legalización, dichos inmigrantes adquirirán una serie de derechos vinculados con la seguridad social, la salud y otros beneficios, que implican gastos presupuestarios por miles de millones de dólares. También es cierto que, legalizados, los ciudadanos en cuestión pasarán a pagar más impuestos que los que pagan actualmente. Asimismo, los cambios en la política migratoria anunciada tienen efectos sobre el mercado de trabajo y los salarios.
Traslademos ahora el ejemplo a nuestro entorno. Casi diariamente, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo proponen y aprueban reformas que tienen implícitos aumentos del gasto público. Tales aumentos, en general, no sólo no se estiman, sino que tampoco se sugiere su fuente de financiamiento.
Así pasa y ha pasado con la reforma previsional, que incorporó millones de personas al sistema jubilatorio, o con las sucesivas modificaciones a las prestaciones de salud “obligatorias”, que tienen costos tanto para el sistema público como para los ciudadanos aportantes al sistema privado.
Ocurre con la reforma educativa: ¿resultó el aumento en la meta de gasto en porcentaje de PBI suficiente para cumplir con todos los objetivos? ¿Cómo se financió? Ocurre, incluso, con la reforma del Código Procesal Penal, o del propio Código Penal. ¿Alguien calculó si las modificaciones al esquema de trabajo de fiscales y jueces implica mayores costos y, en ese caso, qué partidas presupuestarias se afectan y con qué recursos? ¿Alguien estimó lo que significa para los costos del sistema carcelario la incorporación de penas de prisión más severas y, por lo tanto, el aumento del número de presos o del tiempo que éstos permanecen en las cárceles? ¿O el costo de su reeducación y rehabilitación?
No estoy sugiriendo que las reformas utilizadas aquí como ejemplo no deben o no debieron hacerse. Tengo opinión formada sobre cada una de ellas, pero no es ése el punto. Lo que estoy tratando de comentar es que no se puede sugerir cambios en las políticas públicas sin el consiguiente cálculo de sus costos presupuestarios y su fuente de ingresos correspondiente, sea ésta un aumento de recursos o una reasignación de gastos.
Máxime si se tiene en cuenta que la Argentina de hoy está en récord de presión tributaria, en récord de gasto público, que va camino a más de 6% del PBI de déficit fiscal, que no tiene acceso a crédito genuino y que se financia con el abuso del impuesto inflacionario. Es decir, un impuesto que pagan proporcionalmente más los sectores de menores recursos.
En ese sentido, resulta paradójico escuchar a la Presidenta de la Nación esgrimir una defensa a la “responsabilidad presupuestaria” cuando se sugieren modificaciones al impuesto a las ganancias que pagan asalariados. O al ministro de Economía defender el nivel actual del gasto público, sin presentar ningún indicador de eficiencia o algún ejercicio sobre el efecto en la economía en su conjunto, en caso de que dicho gasto hubiera sido administrado por el sector privado, con menos impuestos. ¿O acaso un asalariado que recibe una rebaja impositiva gasta sus ingresos “peor” que el Estado, en términos de demanda, o redistributivos, si se ahorran recursos, por ejemplo, en otros gastos públicos?
En síntesis, dado que estamos en la víspera de un debate electoral y dado el estado de las finanzas públicas tanto en el nivel nacional como provincial, sería bueno que dicho debate incorpore la responsabilidad presupuestaria en serio y no como mero slogan.
