Cuando se cumplan doce años de gobiernos kirchneristas, la seguridad de los argentinos no sólo no habrá mejorado, sino que en algunos aspectos habrá empeorado. A pesar de la “década ganada”, el delito tiene una escala similar al alcanzado en el pico histórico de 2001/2002, al tiempo que la criminalidad organizada se expandió dramáticamente.
En efecto, los niveles de criminalidad de la Argentina descendieron levemente hasta 2007 –respecto al pico histórico de 2002– pero se mantuvieron por encima del promedio de los 90. Es decir, la “década ganada” implicó un nivel de delitos superior a la “maldita década” del 90 y a la “década perdida” de los 80.
A partir de 2007, como un médico que, enojado con la enfermedad de su paciente, rompe el termómetro y quema sus análisis de laboratorio, el Gobierno decidió que la mejor manera de dar cuenta del problema criminal era dejar de medirlo. No obstante, encuestas de victimización (Observatorio de la Deuda Social/UCA) muestran que la población que sufrió delitos creció 30% desde 2007.
Sin embargo, el problema de seguridad incubado no se reduce a que hay más delitos que antes. Hay un aspecto cualitativo de singular importancia: la expansión de la criminalidad organizada; en especial, el narcotráfico.
En efecto, en los últimos diez años la Argentina incrementó sensiblemente el consumo de drogas. El mercado interno de la marihuana y la cocaína es el doble que a comienzos de 2000, mientras que el del éxtasis creció 1.000%. Asimismo, debido a una combinación de cambios regionales y vulnerabilidades nacionales, la Argentina comenzó a desarrollar centros de fabricación de drogas (cocinas y laboratorios), que se sumaron a los tradicionales centros de acopio y fraccionamiento. A su vez, la utilización del país como plataforma de exportación ha habilitado la operatoria de redes de contrabando a escala que penetran en todos los rincones del Estado. Finalmente, las dificultades estructurales para perseguir penalmente el delito de lavado de activos producto del narcotráfico han transformado la Argentina en un destino amigable para los capitales narcos.
Este proceso de expansión del delito común y de la criminalidad organizada se produjo, en parte, como consecuencia de la negación del problema. Pudiéndolo haber abordado cuando su escala y complejidad resultaban mucho más manejables, las administraciones kirchneristas culparon a la sensación de inseguridad por los reclamos en la materia y sostuvieron hasta hace muy poco tiempo que la Argentina seguía siendo sólo un país de tránsito de droga. Mientras tanto, Rosario cayó en una espiral de violencia que hoy la lleva a ostentar niveles de homicidios superiores a San Pablo (Brasil).
Lo sucedido debe advertir a la Argentina futura de que el mero crecimiento económico, la reducción del desempleo y la abundancia de recursos fiscales, por un lado, y el incremento en la dotación de las policías, el aumento en la tasa de encarcelamiento o el endurecimiento de las leyes penales, por otro (todo esto realizado por los gobiernos kirchneristas a pesar de su retórica pseudoprogresista), no alcanzan si se carece de una política de seguridad acorde al problema a abordar.
Por ello, la Argentina que viene requiere que dicha política, entre otras cosas, concentré esfuerzos en: I) ordenar el rol de los municipios, las provincias y la Nación en la producción de seguridad; II) organizar un sistema integrado de información y estadística criminal que permita tomar decisiones basadas en evidencia, controlar el desempeño de los operadores y medir el impacto de las políticas, y III) someter a las instituciones policiales, judiciales y penitenciarias a un proceso de modernización que eleve sensible y sostenidamente su efectividad en la disuasión del delito, especialmente del crimen organizado. Caso contrario, el riesgo de la Argentina próxima será convertirse en Rosario. Es decir, el riesgo ya está en nuestro suelo.
*Politólogo. Ex viceministro de Seguridad bonaerense.
