Desde hace casi dos años, convocado por Maximiliano Tomas, editor de Cultura y espectáculos de Télam, escribo una reseña sobre un libro cada cuatro semanas en una sección rotativa llamada “El libro de la semana”. Las otras semanas escriben en el mismo espacio Alan Pauls, Graciela Speranza y Martín Prieto, quien hace poco reemplazó a Beatriz Sarlo en esa tarea. Por lo tanto, como colaborador de Télam quiero expresar mi solidaridad con los trabajadores despedidos y con las trabajadoras despedidas de la agencia nacional de noticias. No me cabe duda de que se trata de un plan de desmantelamiento de la agencia, y me permito llamar a defender las fuentes de trabajo y reivindicar el derecho a una información plural y federal. Me consta que mis compañeros de sección comparten esta opinión.
De hecho, deberíamos pensar lo ocurrido en Télam en el marco más general de la política cultural del gobierno nacional, que contiene obviamente a la gestión cultural específica –como por ejemplo la de la Biblioteca Nacional– pero que también incluye, precisamente en un sentido amplio de cultura, a medios como la Televisión Pública, al área de ciencia y tecnología –incluyendo el Conicet y el INTI– y, por supuesto, a la educación pública. Todo se inscribe en un mismo horizonte de desafección y destrucción.
Esto es lo más importante. Casi que debería terminar aquí esta columna. Pero todavía tengo un poco de espacio y quisiera decir algo más. El 5 de julio, en la versión web de Página/12, se publicó un artículo sin firma titulado “Un director de Télam denunciado”, que da cuenta de una denuncia contra Maximiliano Tomas por supuesta violación a la ley de ética pública. Soy amigo de Tomas, pero no escribo esto por ser su amigo. Al contrario: es claro lo que pienso de lo ocurrido en Télam, y de lo ocurrido en este gobierno en general. Y, por supuesto, no soy su vocero. Pero sí me preocupa el tono del artículo, francamente canallesco (imagino que por eso no fue firmado). No solo porque Tomas no es director de Télam sino editor de una sección (es decir, un trabajador con cargo jerárquico, como los editores de cualquier medio), no solo porque otras acusaciones son absurdas (como un posible conflicto de intereses por haber realizado trabajos para editoriales), sino porque como prueba de la supuesta corrupción de Tomas se muestran sus facturas de la AFIP, incluso las entregadas a una editorial para la que hace años compiló un libro de cuentos de John Cheever. La nota es más una ejecución mediática que una denuncia. Se parece más a la operación de alguna comisión interna jugando a ser la SIDE –operaciones como las que vemos noche a noche en los medios audiovisuales que Página/12, con razón, critica– que una resistencia a lo que sucede en Télam. Página/12 ha hecho una escuela –traicionada por su fundador– basada en el rigor de la investigación periodística y la denuncia. Ahora es traicionada por ellos mismos.
Habría que escribir una historia del escrache. De cómo comenzó, con Hijos como un acto de justicia contra los represores impunes, y de cómo terminó cooptado por los medios progresistas como una imitación de la estética cloacal de las operaciones de espionaje. Soy ingenuo: aspiro a que el periodismo cultural sea otra cosa. Entre tanto, hay más de 300 despedidos que deben ser reincorporados. No es Tomas el problema.
