Cualquier sistema penal realiza una selección de los casos en los que se concentrará: es imposible perseguir todos los delitos con la misma intensidad. Muchos países mantienen mecanismos de selección explícitos a partir de decisiones que fiscales y jueces hacen públicas. Otros, como el nuestro, no poseen criterio explícito y se rigen por factores ajenos a quienes deberían elaborar esas políticas. Así, la dificultad que implica investigar los delitos más complejos hace que no sean los prioritarios.
Nuestro régimen criminal no es precisamente benévolo. Su tasa de encarcelamiento se duplicó entre 1998 y 2005 (era de 84,2 presos cada 100 mil personas y pasó a 170). Más de la mitad de las personas privadas de libertad no tienen sentencia firme. Una simple recorrida por cualquier cárcel sirve para advertir que la inmensa mayoría de sus habitantes pertenecen a las capas sociales más bajas de la sociedad. La selectividad natural implica que los hechos que se persiguen con mayor impulso sean los relacionados con delitos perpetrados por esos sectores (en general, contra la propiedad o tráfico de estupefacientes a pequeña escala). En cambio, los delitos económicos (o de “cuello blanco”, como los de corrupción), representan la sección del Código Penal sobre la que el sistema ha decidido implícitamente no concentrarse. La impunidad sobre esta clase de hechos es una incitación a que se sigan cometiendo.
Pero concentrar energías en los eslabones más altos de la cadena implicaría que no se cometan los delitos que están debajo (por ejemplo, perseguir la venta de autopartes robadas, disminuiría el robo de automóviles), por lo que la selección es también ineficiente.
Las causas de que el sistema judicial perpetúe esta selectividad que cae con más peso sobre los sectores vulnerables son múltiples. La más evidente es la falta de voluntad política de los poderes públicos –entre ellos, los tres poderes del Estado. Para modificar el status quo hacen falta reformas estructurales y hasta ahora nadie quiso tomar esa iniciativa.
*Codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
