Se pueden tener aprensiones sobre Donald Trump y malas consideraciones sobre su gobierno y personalidad. Hoy, destacadas figuras de la vida política, militar y social de EE.UU. creen, aunque solo falten días para que deje su cargo, que es muy peligroso que tenga poder sobre el uso del arsenal nuclear y entienden que aún puede causar daño a las instituciones formales del país. De ahí que impulsaron la Enmienda 25 de su Constitución Nacional.
Esto es una parte del análisis. Por otro lado, advertimos con escozor y creemos peligroso que empresas privadas como las plataformas Twitter y Facebook se adjudiquen cualidades judiciales y bloqueen las cuentas de Trump impidiendo el acceso del presidente a sus redes privando a millones de ciudadanos de conocer, mediante esos masivos instrumentos, lo que piensa su máximo referente.
Es cierto que no lo dejaron sin voz. Esto aplica a las redes, pero Trump puede hablar, escribir o grabar audios para miles de diarios, canales de TV, radios, revistas, blogs y otras formas audiovisuales Lo innegable es que, en los espacios de distribución de información más importantes del mundo, incluido YouTube que ha suspendido su canal, donde Trump construyó su vinculación directa con el electorado de su país, ha sido censurado.
Es lógico preguntarse si lo que hacen Facebook y Twitter los pone finalmente en el rol de medios de comunicación de nuevo tipo o los aleja del pretendido sentido neutro e intermediario de contenidos que postulan. En este caso, opinan sobre lo que postea Trump; es claro que se meten con los contenidos y evidente que eligen censurar. O sea que consideran una opinión, crispante, violenta, pero opinión en sí, como un delito. Pero no son jueces para hacerlo y sientan un “amenazador” precedente en cuanto a libertades públicas y DD.HH.
Si lo que Trump dice es opinión, es inviolable su derecho a expresarlo, y si lo que dice es un delito, será la Justicia, y no una empresa privada, la que debe decidir.
Existe consenso sobre la gran amplitud de este derecho ya que toda persona tiene libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio.
Pero es cierto que no hay derechos absolutos y esta libertad no ampara expresiones que inciten a la violencia, la discriminación o los asesinatos, ni puede usarse como forma de invadir la intimidad de las personas ni para difundir mentiras sobre alguien. Pero en verdad, si se hace esto se está cometiendo un delito y no representa el ejercicio del derecho y la libertad de expresarse.
La Corte Suprema norteamericana hace una sutil pero necesaria distinción en lo que llama “fighting words” (palabras de pelea) y sostiene el criterio de que la libertad de expresión puede limitarse cuando se incita al odio, pero no en la mera manifestación de ideas u opiniones odiosas.
El Tribunal Europeo de DD.HH., basado en cierta jurisprudencia de cortes norteamericanas, levanta la teoría del “libre mercado de las ideas” diciendo que solo un espacio así de vasto puede garantizar debates amplios.
Al respecto, hay una formalidad institucional, y es un fallo de ese tribunal europeo conocido como Sentencia 235/2007 “Caso Librería Europa”, que señala que “nuestro ordenamiento constitucional no permite tipificar como delito la mera transmisión de ideas, ni siquiera en los casos en que se trate de ideas execrables por resultar contrarias a la dignidad humana”
Lo cierto es que puede haber interpretaciones diversas sobre lo que significa la libertad de expresión, pero no se pone en duda que es uno de los derechos humanos más preciados.
Lo que intentamos situar en valor, y sí debe preocupar, es que tamaña dimensión legal sea manejada por empresas privadas ya que eso es riesgoso para los pactos democráticos de las sociedades. Más allá de Trump.
*Diputado nacional, Río Negro. Presidente Comisión de Comunicaciones e Informática 2003/2007. Coordinador Gral. del Sistema Argentino de Televisión Digital 2009/2015, 2021. Director del Consejo Académico de Pirca, Observatorio Audiovisual.
