En Argentina siempre hubo pobres, pero la pobreza estructural en los grandes centros urbanos como un fenómeno estructural vino emergiendo en las últimas cuatro décadas. Luego de cada megacrisis (caracterizadas por una mezcla perversa de devaluación, hiperinflación, recesión profunda y desempleo), como el agua que baja luego de la marea, quedó un porcentaje de la población por debajo de la línea estadística de la pobreza.
Lo llamativo del caso argentino es que, con cada shock económico, cuando la recuperación marcaba nuevamente el ritmo de la resiliencia de la sociedad, se subía un nuevo escalón en la variable “pobreza”. El último fue el aislamiento al que acudió el Gobierno para amortiguar la pandemia. Las sucesivas mediciones del índice de pobreza que realiza el Indec (que mide sólo la variable de ingresos) como el que sigue el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, que incluye otras variables y que por lo tanto siempre arroja unos puntos más; mostraron lo previsible: el fuerte impacto que las restricciones a la circulación, la suspensión de actividades y el tsunami monetario en los que viven al día. Así, en el primer semestre de 2021, 40,6% de la población medida vivía por debajo de la línea de la pobreza y 31,2% de los hogares quedaron en esa condición. La situación de indigencia, aun saliendo del pozo más profundo de la inactividad también quedó en más de un dígito: 10,7%.
Justamente, en el análisis que realizó Cippec sobre este informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), destaca que, a pesar de la profundidad de la crisis, es un logro que no se haya disparado, gracias a la batería de medidas como el como el IFE, los aumentos de transferencias a titulares de la asignación universal por hijo, la Tarjeta Alimentar y bonos a jubilados y titulares de políticas. “Estas medidas tuvieron un rol importante en evitar un peor escenario social, pero no alcanzaron para contrarrestar en su totalidad a los impactos negativos de la crisis”, concluye.
Además de la indigencia, que objetivamente dificulta el desarrollo vital hasta un umbral mínimo, todas las sociedades “tienen” pobres: unas porque los generan, otros porque los toleran. La inquietud radica, en nuestro caso, en una combinación de la estratificación ascendente. Al comienzo de la era democrática, la pobreza ni siquiera tenía una medición sistemática, sólo la muy vaga del Indec de “necesidades básicas insatisfechas” (NBI) que medía la carencia en una serie de indicadores. Algunos arriesgan a estimar que alcanzaba un 10% al salir del Rodrigazo (1975), por lo que habríamos cuadruplicado esta marca en apenas 45 años, o sea en menos de dos generaciones. Es lo que la economista Marina Dal Poggetto etiqueta como la única política de Estado exitosa desde 1983: la generación de pobreza.
En los últimos 20 años, la economía argentina fue adoptando un instrumental para que el impacto de las crisis sea menor, pero de ninguna manera pudo contener la suba continua de la pobreza. Son dos aspectos con diferente tratamiento: la indigencia se puede contener y en todo caso mitigar algunos de sus aristas más problemáticas, como la desnutrición o la proliferación de enfermedades agudas. En el caso de la pobreza, los remedios no están disponibles en el corto plazo
Agustín Salvia, el director del ODSA de la UCA ha reiterado que ninguna política para erradicar la pobreza tendrá éxito si no hay un sostenido aumento de la demanda de trabajo formal. Y para ello, lo que se precisa es que el sector privado, que se estancó en la última década como tomador de personal, vuelva a requerir empleados. Y eso sólo ocurre de dos maneras: facilitando la interacción en el mercado laboral (que requiere una postergada reconvención de las regulaciones existentes) y que la economía vuelva a crecer, algo deseable pero muy difícil de lograr si un Estado que no hace sus deberes continúa agobiando a quienes cargan con el lastre ajeno. Alguna vez se debe romper este círculo vicioso.
