Desde la asunción del Gobierno de Javier Milei el 10 de diciembre del 2023 se cuestionó el manejo de las pensiones por discapacidad, denunciando un crecimiento excesivo, sospechado de ser resultado de un manejo político por el gobierno anterior. Incluso se cuestionó que en algunas provincias, existía un acuerdo con el consentimiento de profesionales médicos que ayudaban a otorgar estas pensiones como una forma de beneficiar políticamente, sin que se justificara por el nivel de la discapacidad de esas personas.
Esto avaló la revisión de esas pensiones por parte de la Agencia Nacional de la Discapacidad –Andis– que implicó suspender el beneficio a un importante número de personas, con la consiguiente crisis para éstas que debieron bruscamente volver a hacer exámenes, consultas y controles nuevamente para justificar su condición sin recibir el beneficio. Si bien debe haber existido excesos y usos políticos en algunos casos, la revisión se hizo en forma brutal y drásticamente, sacrificando a muchos que realmente tenían un nivel de discapacidad que necesitan el beneficio para subsistir. Todo esto realizado en una forma muy cruel y sin las garantías que la gente requiere. El gran fundamento fue la falta de dinero y por eso se debía revisar para recortar con el mecanismo que trajo el Gobierno al Estado Nacional: la famosa motosierra. Este modo de cortar gastos del Estado a través de la motosierra es indiscriminado y grosero, carece de sensibilidad y de operar con precisión, por eso destruye con un gran nivel de error. Esto aplicado a las necesidades de las personas de todas las edades con discapacidad destruyó a muchas de ellas y a sus familias, generando un daño social muy grave. Esto explica la reacción de la sociedad, incluso de los partidarios del Gobierno, que en este tema no apoyó la conducta que vetó la ley aprobada en el Congreso que restituía la política en este campo. Por eso el rechazo al veto en el Congreso fue tan unánime y contundente.
Lo terrible que ocurrió, fue que en simultáneo a la consideración del veto del Gobierno en el Congreso a la ley sancionada, se difundieron unos supuestos dichos del responsable de la Agencia Nacional de Discapacidad –Andis– denunciando el negociado que estaba ocurriendo con la compra de los medicamentos para dicha Agencia a una droguería que pagaba un 8% de “coima” al Gobierno. Procedimiento que ya ocurría con el anterior gobierno, pero que ahora había aumentado, pasando el pago del 5% al 8%.
Esto conmocionó a toda la sociedad, especialmente porque el Gobierno que se promocionó bajo el lema que acabaría con la corrupción, ahora está envuelto en una trama corrupta muy grave. Y no es la única, porque a principio de año tuvo el caso $Libra al que se sumaron otros. Esto último produjo el descontento y la frustración de mucha gente que confió en el Gobierno y ahora está decepcionada. Todo parece indicar que esta modalidad de corrupción en la compra de medicamentos ocurre en otras dependencias oficiales, no es ésta la única y de esta forma la corrupción alcanza niveles muy graves. Y claramente afecta a las personas porque el dinero que va a la corrupción reduce los beneficios a la población. En estos casos por tratarse de medicamentos es más evidente que en otros aspectos.
Es sabido que los medicamentos son un rubro en el cual la corrupción es muy frecuente y es esto lo que les da a las empresas productoras de fármacos un poder muy grande que impacta en la política, un gobierno que ordena e impide esas manipulaciones es afectado políticamente. En el país el gobierno de Illia fue un pionero en esto porque se sancionaron dos leyes que rigen la producción y comercialización de fármacos que fueron clave para regular y evitar la manipulación y corrupción, algo que influyó en la oposición que experimentó el presidente Illia, que terminó derrocado por una dictadura militar con gran apoyo de los sectores del grupo de poder. En el gobierno del presidente Alfonsín, nuevamente la política desarrollada por la Secretaría de Salud en conjunto con la de Comercio, que controló el manejo de los laboratorios internacionales impidiendo que especularan con la diferencia entre el costo de la importación de las drogas y el rendimiento de la comercialización de los medicamentos para obtener ganancias artificiales.
Esto generó una oposición silenciosa que afectó al ministro de Salud y Acción Social que implementó dichas medidas. Esta denuncia actual puede ser esclarecedora para la población, que en general, no visualiza esto y por ello no afecta a quienes se benefician que son los que acceden y sostienen el pago de estas “coimas”. Por ahora la que aparece es la droguería, pero ellas en general son gestoras, no las que pagan, esas son las empresas farmacéuticas.
Conocer esto puede ayudar a disminuir la valoración de las farmacéuticas y a favorecer su control y eliminar esta modalidad de corrupción. Acabar esta corrupción impactará positivamente en la gente, que recibirá mayores beneficios.
¿Será posible?
Esperemos que lo sea y ayudemos a que ocurra.
