El ex presidente francés Nicolas Sarkozy fue arrestado por la policía, acusado de “corrupción activa”, tráfico de influencias y violación del secreto de instrucción. Como cualquier ciudadano, debió cumplir con el reglamento: quitarse los cordones de los zapatos, entregar su cinturón, someterse a un examen médico y degustar la pitanza de comisaría.
Es la primera vez que un ex presidente de Francia se encuentra en semejante situación. El hecho muestra, por un lado, la independencia y el buen funcionamiento de las instituciones de ese país; por otro, que el problema de la corrupción ha llegado a las más altas esferas. O sea que la trama –el abogado de Sarkozy y dos magistrados de la Corte de Casación también fueron detenidos– preocupa ya lo suficiente como para que la Justicia tome una medida de semejante implicancia política. Hace dos años y medio, Christian Wulff, en ese momento presidente de Alemania, renunció al día siguiente de que un fiscal de Baja Sajonia lo acusara de cohecho, poniéndose a disposición de la Justicia. La reacción de Sarkozy y su entorno fue denunciar el “linchamiento mediático” y el “encarnizamiento de la Justicia” antes de que ésta se pronunciara. Wulff lo está haciendo ahora, luego de resultar absuelto.
En otros países, como España, Venezuela y Argentina, el fenómeno de la corrupción lo ha invadido casi todo, últimamente también la Justicia, dilatando o impidiendo su accionar. Los mecanismos constitucionales de control son colonizados o ignorados. Con las excepciones y variantes del caso, el conjunto de la clase dirigente apoya, tolera o subestima esta evolución.
En España, el rey Juan Carlos se vio obligado a abdicar por las razones harto conocidas (en todas partes lo son), pero tanto el Partido Popular como altos dirigentes del socialismo, con el ínclito Felipe González a la cabeza, hacen lo posible por garantizarle una impunidad que incluye no responder a viejas acusaciones de paternidad. No es el único: en España hay 10 mil personajes “aforados”, es decir, impunes (http://www.perfil.com/columnistas/La-España-de-charanga-y-pandereta-20140518-0018.html).
Lo de Venezuela se puede resumir en que se ha formado una “boliburguesía” (nuevos millonarios “bolivarianos”), parte activa de la gravísima crisis económica, política y social. Idem en Argentina, donde, entre otras muchas escandalosas transgresiones, el juicio al fiscal Campagnoli constituye la muestra de que la independencia y el buen funcionamiento de las instituciones, el respeto por la letra y la ética constitucional están ausentes (http://www.perfil.com/columnistas/Ante-el-espejo-20140316-0045.html).
La novedosa excepción es el procesamiento del vicepresidente, Amado Boudou, ante la acumulación de antiguas evidencias en su contra. En un momento de mayor fortaleza del Gobierno, Boudou logró apartar a un juez de su causa y denunciar al procurador general de la Nación, obteniendo su renuncia. Ahora está procesado y parece aislado, pero su agresividad ante la Justicia indica que sabe que allí está perdido y que su única esperanza es el apoyo de la política, algo que el ex rey de España parece haber conseguido. El mensaje mafioso: protéjanme o abro la boca.
Es lo que el peronismo en versión kirchnerista intentó esta semana a las apuradas en la Cámara de Diputados, permitiendo que el pedido de juicio político a Boudou pasara a una comisión donde cuenta con mayoría. Simultáneamente, y para proteger la trama delictiva actualmente en el poder, votó en el Senado una ley, de muy dudosa constitucionalidad, que exime a los funcionarios del Estado de ser investigados por la Justicia. La crisis estructural del sistema, que se agudiza, se refleja en la política en forma de comportamientos propios de la mafia. No es casual que el Papa, que tiene dentro a sus propios mafiosos, lo haya denunciado urbi et orbi. Un fenómeno que se va manifestando poco a poco en todos los países, pero que en algunos, como el nuestro, alcanza ya cotas insoportables.
*Periodista y escritor. Ha publicado La encrucijada argentina: república o país mafioso (Planeta).
