El consumo está destinado a ser la variable de ajuste de 2014, algo esperable por los desequilibrios acumulados. Sin embargo, será difícil que exportaciones e inversión puedan hacer de contrapeso, debido a problemas estructurales de competitividad. Es esperable que la masa salarial pierda este año la carrera contra la inflación y que la demanda de bienes durables se contraiga no sólo por el factor precios, sino también por el encarecimiento del crédito y el instinto de conservación de los consumidores ante un eventual aumento del desempleo. Hasta aquí, la descripción del ciclo económico es común a muchos países cuando arrastran desajustes. Pero hay peculiaridades que agravan el panorama para el caso argentino: primero, un sector público incapaz de hacer política anticíclica, por el elevado déficit y la falta de crédito; segundo, importantes sectores industriales (hay excepciones, afortunadamente) tienen dificultades para reorientar rápidamente su producción al exterior, sea por una cuestión de precio, de tecnología/calidad o de financiamiento. Esto hace que el empleo y los salarios industriales se comporten como si pertenecieran al comercio o los servicios, acentuando la fase negativa del ciclo. El deterioro fiscal y la falta de competitividad convergen en un efecto negativo adicional: las jubilaciones se actualizan por una fórmula en la que la evolución de los salarios –incluido el sector público y la industria– es clave, tanto como el empleo que influye sobre la recaudación vinculada al sistema previsional. El reciente anuncio de un 11,3% de actualización semestral para las jubilaciones, que posiblemente alcance sólo para cubrir la inflación de tres meses, es el ejemplo más crudo de porqué las condiciones aludidas hacen más cruento el ajuste.
Distintos indicadores de inflación convergen a una variación de los precios en torno al 35% interanual para estos primeros meses de 2014. No se discute si esto habrá de afectar el consumo, sino la magnitud del impacto. Por supuesto que los bienes de primera necesidad serán los más protegidos en la caída, en una escala que se amplifica cuando pasamos a bienes de consumo durable. Son los efectos colaterales de la devaluación del peso y de la suba de tasas de interés aplicadas en enero ante la sangría de reservas experimentada por el Banco Central.
Para atenuar el impacto del ajuste, el camino más recomendable es lograr el aquietamiento de la inflación a partir de abril. El instrumento más potente para tal objetivo pasa por la moderación del aumento del gasto público que, con una variación interanual de 44% en enero, arrancó el año en la dirección opuesta a lo que se necesita. Para un mismo objetivo de inflación, si se esquiva la herramienta fiscal, el instrumento disponible será la suba adicional de la tasa de interés, que tiene efectos colaterales mucho más dañinos y sólo podría lograr resultados de corto plazo.
Lo interesante es que aquietar la inflación no sólo podría ponerle un piso a la caída del consumo, sino que podría ampliar el horizonte para los otros vectores de la demanda agregada, las exportaciones y la inversión.
Se analizó aquí un año atrás (“Mercado cambiario: tarde o temprano habrá que unificarlo”) cómo la brecha cambiaria afectaba negativamente tanto la marcha de las exportaciones como de la inversión. Este fenómeno ha sido incorporado al diagnóstico oficial y varias de las medidas adoptadas en el último tiempo pueden ser explicadas por el objetivo de cerrar la diferencia entre el dólar blue y el oficial. Sin embargo, para que la inversión comience a reaccionar hace falta tiempo, que es la forma en que se recupera la confianza.
Respecto del eventual repunte de las exportaciones, si bien la devaluación mejoró en el margen la rentabilidad de determinados sectores, hay que tener en cuenta que hoy el tipo de cambio cercano a 8 pesos es casi 20% menos competitivo en términos reales que el de 2009. Además, para cerrar contratos con el exterior hace falta mayor certidumbre acerca de la evolución de los costos internos de aquí en más (y poder ofrecer financiamiento a los clientes del exterior, un mecanismo que no tiene prioridad en las normas actuales del Banco Central).
Por el momento, los datos son negativos respecto de la calidad del ajuste en marcha: a) las exportaciones a Brasil, predominantemente industriales, caen 23,3% interanual en lo que va del año, en un contexto en el que las importaciones totales del vecino país suben 3,6% (Argentina pierde market share a ritmo acelerado); b) las importaciones totales de nuestro país podrían haber caído un 15% interanual en febrero, de acuerdo a los datos de impuestos vinculados a las compras al exterior.
Es decir, hay pocas señales de un “ajuste positivo”, por el cual las importaciones se estabilizan y las exportaciones suben, haciendo la tarea de mejorar el saldo comercial. El complejo sojero hará su aporte este año, con exportaciones que alcanzarían a 23 mil millones de dólares, incluyendo derivados, según estimación de Juan Garzón, investigador de Ieral, pero aún cuando estarían aumentando 1,8 mil millones de dólares respecto
de 2013, no alcanzarían a compensar la merma por el maíz, la cebada y el biodiésel. El estancamiento del área agrícola cultivada (por la elevada presión impositiva y los problemas de infraestructura) de los últimos años y la pérdida del autoabastecimiento energético pasan su factura
en el peor momento: las importaciones de electricidad, gas y combustibles se llevan casi el 50% de los dólares aportados por la agroindustria.
Respecto del sector manufacturero, cabe lo subrayado más arriba, en el sentido de que la economía argentina está organizada de un modo tal que no son muchas las industrias que pueden vender indistintamente al mercado interno y al externo. No es un adn especial de los empresarios argentinos, sino reglas de juego sesgadas por el mercado-internismo. Así, las exportaciones de manufacturas industriales por habitante de la Argentina suman 655 dólares/año, lo que compara con 2.319 dólares per cápita de México y 9.137 dólares de Corea.
Son problemas estructurales de la Argentina que hacen que las recesiones motivadas por factores internos puedan ser más severas. A su vez, el desborde del gasto público llevó primero a elevar la presión tributaria a nivel récord y, segundo, al financiamiento inflacionario (emisión monetaria), factores ambos que erosionaron la competitividad de las empresas locales. Y llevar el tipo de cambio a las nubes para empujar artificialmente las exportaciones derivaría en tasas de pobreza de niveles insoportables.
El círculo se cierra con un posible ajuste de las cuentas fiscales por el lado que menos quiere promocionarse: en 2013 el gasto del sector público en jubilaciones y pensiones sumó el equivalente a 10,4 puntos del PIB y, por lo anunciado hasta ahora en materia de actualizaciones, en 2014 esa partida apunta a contraerse hasta 9,8 puntos del PIB.
Es cierto que en materia de jubilaciones no pueden hacerse milagros cuando los asalariados privados formales (la base de la pirámide fiscal) son sólo el 18,3% de la población en la Argentina, cuando en Chile, por ejemplo, alcanzan al 37,5%. Sin embargo, una política que genere los incentivos apropiados para la formalización de los trabajadores podría también rediseñar el uso del Fondo de Garantía del sistema previsional, de modo de contemplar casos como el de este año.
