En la Argentina el debate político viró decididamente luego de las elecciones del 28 de junio. El fin de las mayorías parlamentarias del kirchnerismo en el Congreso nacional, así como también la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y en los principales distritos del país, terminaron por agotar el modelo de hacer política que el oficialismo puso en marcha a partir de 2003.
El diálogo in extremis se instaló en la agenda pública argentina como tabla de salvación tanto de la gobernabilidad de la gestión de Cristina Kirchner como de la construcción política que la oposición intentará llevar adelante con mayor presencia legislativa tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores a partir de diciembre próximo.
Pero en el fondo de este llamado generalizado al diálogo subyace el drama de la representación política argentina; un fenómeno que no es exclusivo de este país pero que en estas tierras se vive con especial preocupación, sobre todo, por aquellos memoriosos que aún recuerdan vivamente el pasado turbulento de la Argentina contemporánea. Golpes de Estado y de mercado constituyeron la faena particular de varios procesos destituyentes que hicieron colapsar gobiernos democráticos en los últimos ochenta años.
Al hablar de representación política nos referimos, especialmente, a los partidos políticos. El proceso de disolución de los mismos queda evidenciado con la apatía de la propia dirigencia al momento de poner en marcha el mecanismo de internas abiertas votado por el Congreso en 2002, ley que se derogó en 2006 por un Parlamento compuesto por algunas figuras que hoy todavía son legisladores nacionales. En ese contexto, el desinterés ciudadano no fue menor, todo lo contrario; fue mucho más elocuente teniendo en cuenta el escenario de reclamo de transformación política en los tórridos días de 2002 con el “que se vayan todos” espetado a la dirigencia partidaria toda.
¿Por qué no se pudo avanzar en el fortalecimiento de las agrupaciones políticas pese a haber cargado con la cruda imputación de la debacle política, económica y social de finales de 2001?
Para hallar respuestas a ese interrogante es preciso dar con el puente que une dicho quiebre institucional con la vigencia actual de una sociedad con sus partidos políticos tradicionales desgastados. Tanto el peronismo como el radicalismo viven un proceso de licuación estructural que los reduce a propuestas electoralistas de alcance corto. Si el radicalismo colapsó con el fin del alfonsinismo en 1989 no se vislumbra un horizonte placentero para el peronismo luego de su “neoliberalización” menemista y su aggiornamiento “nacional y popular” de mediana intensidad del kirchnerismo.
Sin dudas, la disolución de los partidos políticos va en detrimento de la riqueza social. Un país carente de estructuras representativas del debate político termina deviniendo en un escenario de improvisados partidos de ocasión. Como ejemplo más cercano, la Argentina encuentra en su historia a la Alianza que sucedió en el poder a Menem en 1999.
La extinción de los partidos políticos mutila la riqueza de la complejidad de una sociedad; todos sus matices socioeconómicos, culturales e idiosincráticos quedan sintetizados en claroscuros ideológicos de izquierdas y derechas que agotan las múltiples experiencias sociales.
La existencia de partidos políticos, sin dudas, permite que se afiance en el discurso público una mayor riqueza de propuestas y debates; sin la frondosidad pluripartidaria se atrofia el proceso de enriquecimiento de las relaciones sociales mediadas a través de la discusión pública.
El fortalecimiento de las agrupaciones políticas y su dinamismo interno constituyen un proceso que es parte de la modernización de toda agrupación social. ¿Será entonces que nuestra sociedad contemporánea muestra signos de estancamiento, de anquilosamiento de sus estructuras dinamizadoras que supieron empujarla hasta lo que hoy es?
*Periodista y docente.
