Por qué Irlanda dijo no al tratado europeo

Un millón de irlandeses fueron a las urnas el 12 de junio, y rechazaron en referéndum el Tratado de Lisboa (53,4% a 46,6%), con una participación de 53%. Es el cuarto pueblo de Europa que vota en contra de tratados de la comunidad: Dinamarca fue el primero (Maastricht/1992); y Francia y Holanda los otros (Constitución Europea/2005).
Los trabajadores irlandeses, ante todo en Dublín, doblaron con su negativa al Sí; éste se concentró en los sectores de altos ingresos.
Los jóvenes de menos de 29 años votaron No 2 a 1; y 60% de las mujeres también. Por el Sí votaron las personas mayores y los propietarios de medios y altos ingresos. 
Irlanda ha sido el país más beneficiado en la Unión Europea. Desde 1973, recibió de los fondos comunes entre 10 mil y 15 mil euros por persona (población: 4.157.000 habitantes); y obtuvo el doble de lo que contribuyó en concepto de aportes.
Este hecho es reconocido por la opinión pública: 87% sostiene que es el país más beneficiado de la Unión (Eurobarómetro/2008).
El gobierno, los principales partidos y la mayor parte de los medios de comunicación respaldaron al Sí.
Las organizaciones partidarias que dijeron Sí habían obtenido 82% de los votos en los comicios generales del año pasado; ahora el Sí logró 47%.
Los últimos sondeos (segunda quincena de mayo) revelaron que apoyaría el Sí 41%, mientras votaría No el 33% (26% de indecisos).
 El principal partido, Fianna Gael, y el Laborista, instaron a sus votantes “a resistir la tentación natural de utilizar las urnas para castigar al gobierno”.
Los verdes, antes opuestos a la construcción europea, ahora integran la coalición oficialista, liderada por el Fianna Fail, principal impulsor del Tratado de Lisboa. 
La regla en los tratados generales de la UE –organismo intergubernamental– es el consenso; y ahora un millón de irlandeses han frustrado, probablemente en forma definitiva, un acuerdo constitucional de 495 millones de europeos.
Si el Sí hubiera triunfado en Irlanda, serían 16 los países que habrían aprobado hasta ahora el Tratado de Lisboa.
En las 15 votaciones previas –y en las 11 que restan–, el Parlamento es el cuerpo político que intervino e intervendrá. La dificultad surgió con la democracia directa del referéndum del 12 de junio, único de la serie.
La consulta de Irlanda, y antes las votaciones de Dinamarca, Francia y Holanda, muestran que la construcción europea padece de un déficit de legitimidad.
El No se impone en forma repetida, pero además crece en la medida en que se desciende en la escala social y en el nivel educativo.
El apoyo al Sí, cuando existe, tiene un carácter elitista, social, económico y cultural.
El resultado es que el impulso europeo tiene un sesgo tecnocrático, centrado en Bruselas; son 22 mil los “eurofuncionarios” que circulan por las calles de la capital belga.
El 10% de la población irlandesa es hoy extranjera; la cifra más alta desde 1861. Irlanda se ha transformado de país de emigración (30 millones de irlandeses abandonaron la isla en los últimos 200 años; casi 2 millones lo hicieron en 1840, cuando la Gran Hambruna) en uno de inmigración.
En Irlanda, son más de 400 mil los inmigrantes que han llegado en los últimos diez años. Provienen de Polonia, China, Nigeria, Pakistán, Irak, Lituania, Estonia, Latvia y la República Checa, entre otros.
El Parlamento Europeo (Estrasburgo) aprobó esta semana por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones una “directiva de retorno” que armoniza las normas de sus 27 miembros sobre “detención y expulsión de inmigrantes irregulares”.
Prevé su encarcelamiento administrativo durante 18 meses; la deportación de los menores de edad –incluso sin la compañía de adultos–, sin asegurar que sean recogidos por un familiar en el país de destino.
Se fija un período de “retorno voluntario” de 7 a 30 días; si los “irregulares” no abandonan la UE en ese lapso, las autoridades tomarán “medidas coercitivas” (cárcel, en instituciones de asistencia social o directamente en prisiones comunes y corrientes). La norma fue votada por la centroderecha, los liberales, 60% de los socialdemócratas y casi todos los socialistas españoles (PSOE). 
La población europea disminuye en términos absolutos y envejece (65 años o más) aceleradamente. Naciones Unidas calcula que en 2050 la fuerza de trabajo de la UE disminuirá entre 25% y 30%.
El principal desafío de la Unión no es la competencia asiática o el salto de productividad de Estados Unidos: es de orden doméstico y político; se denomina “inmigración” y “déficit de legitimidad”.