Por qué los desaparecidos no son 30 mil

Siete años en el poder, con los derechos humanos como una de sus prioridades, y el kirchnerismo jura no saber cuántas víctimas hubo durante la dictadura. Por el contrario, se aferra a la cifra mágica de los 30 mil desaparecidos, un número que ya nadie sabe bien de dónde salió. Y acusa a quienes se atreven a cuestionar esa cifra de hacerle el juego a la derecha más recalcitrante para disminuir la dimensión de la tragedia. 

El argumento oficial es sonoro, pero frágil: la aberración criminal del terrorismo de Estado no depende del número de víctimas, y, en todo caso, las cifras más serias que se manejan, que oscilan entre seis mil y nueve mil casos, son muy impactantes y revelan la magnitud de la herida provocada a todos los argentinos. 

Una de las maneras de ayudar a cerrar esta herida sería averiguar qué pasó con cada uno de los desaparecidos: quien los mató, cuándo y cómo murieron, dónde están sus restos; las respuestas básicas que podrían mitigar el dolor de sus seres queridos, que ahora no tienen ni un lugar donde llevar una flor.  Pero es difícil lograr esas respuestas sin una lista lo más exacta posible de todas las víctimas de la dictadura, que permita distinguir quienes permanecen desaparecidos.

A esta altura, sostener que los desaparecidos fueron 30 mil es convertir a ese problema en insoluble, en una bandera que sirve para hacer política con los derechos humanos pero nada más.  Además de esa razón de política práctica, hay una cuestión de fondo para saber cuántos fueron los desaparecidos: es la verdad.  Veamos cuáles pueden ser las cifras verdaderas. El año pasado, Graciela Fernández Meijide publicó un libro, La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina, en la que recordó que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas había recibido 7.380 denuncias, que se convirtieron en 8.960 con casos mencionados por otros organismos.

Y advirtió que “con el paso del tiempo, la lista fue depurada”, por lo cual intentó actualizarla, pero encontró que la secretaría de Derechos Humanos  de la Nación no brindaba esa información. Tomó los listados de esa repartición y comprobó que incluían a 7.030 personas como víctimas de desaparición o ejecución sumaria y a otros 924 con datos incompletos. Total: 7.954. Fue al Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, en la Costanera porteña, y encontró los nombres de 8.875 personas, aunque desde antes del golpe, 1969, a 1983.  Por otro lado, en mi libro Operación Primicia, el ataque de Montoneros que provocó el golpe de 1976, incluí un informe reservado realizado en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que indicó que hasta el 14 de abril de 2010 se habían pagado indemnizaciones a los herederos de 7.500 víctimas de desaparición (cuando ya se encontraron los restos), desaparición forzada y ejecución sumaria (asesinados y muertos en enfrentamientos).

Pero, según me informó la secretaría de Derechos Humanos en un email el 15 de junio de 2010, esa cifra abarcaba pagos a parientes de personas desaparecidas o muertas antes del golpe del 24 de marzo de 1976, que a esa fecha sumaban 1.130, por lo cual el número referido estrictamente a la dictadura llegaría a 6.370 casos.  Sin embargo, éste no sería el número definitivo ya que un número incierto de parientes, encabezados por Hebe de Bonafini, la titular de Madres de Plaza de Mayo, se han rehusado a cobrar esa indemnización.  El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, no quiere dar a conocer los datos sobre el total de indemnizaciones pagadas, presuntamente para no atizar la polémica sobre cuántos fueron los desaparecidos.

Tampoco informa sobre el dinero pagado ni sobre los casos más polémicos, como los guerrilleros que murieron durante el ataque a un regimiento en Formosa el 5 de octubre de 1975, en pleno gobierno constitucional del peronismo. Duhalde también podría aclarar de dónde salió la cifra de 30 mil: Fernández Meijide sugiere que pudo haber sido inventada por los exiliados en Europa para lograr una mayor repercusión a sus denuncias.   

El gobierno no está solo en el manejo de esos datos: lo respaldan sus aliados en los organismos de derechos humanos, como Bonafini y Estela de Carlotto. Uno debería suponer que estos dirigentes deberían estar deseosos de saber lo que pasó con sus seres queridos, pero no es tan así. El 17 de diciembre de 2001, el periodista Rafael Saralegui publicó una nota en La Nación sobre la ubicación de los restos de Raúl, uno de los hijos de Bonafini, que estaba sepultado como NN en el cementerio de Ezpeleta. Era una información que provenía de la Cámara Federal de La Plata, pero Bonafini se negó incluso a conocerla.

"No hay ningún juez, ni fiscal, ni diputado, ni presidente que tenga estatura moral para meterse en mi vida privada. Nunca voy aceptar la muerte, ni la reparación económica, ni la exhumación de cadáveres. Si yo no lo investigué, nadie tiene autoridad para hacerlo. Mis hijos están vivos", declaró al sorprendido periodista. 

*Editor jefe del diario PERFIL y autor de "Operación Primicia".