La riqueza de la Argentina no es una abstracción financiera ni una promesa futura. Está, en gran parte y literalmente, bajo nuestros pies. La llanura pampeana, uno de los sistemas productivos naturales más eficientes del planeta, explica una porción relevante de la oferta global de granos y representa alrededor del 6% del PBI nacional. Pero ese activo estratégico –que durante décadas sostuvo el crecimiento– enfrenta hoy la tensión silenciosa de la degradación de sus nutrientes.
El valor del suelo no se mide solo en hectáreas ni en rindes, sino en su capacidad de sostener vida. Esa capacidad depende de su composición: nitrógeno, fósforo, azufre, zinc y una biodiversidad invisible que regula procesos clave. Sin embargo, durante los últimos 30 años la Argentina ha extraído nutrientes por miles de millones de dólares sin una reposición equivalente, erosionando progresivamente su base productiva y afectando la seguridad alimentaria.
La degradación no es azarosa, sino el resultado de un modelo productivo basado en prácticas y tecnologías. Décadas de monocultivo, baja rotación y alta intensidad extractiva generaron un balance negativo de nutrientes, pérdida de materia orgánica, compactación y erosión. A esto se suma un deterioro menos visible, pero igual de crítico: la pérdida de biodiversidad del suelo, clave para su fertilidad y resiliencia. Especialistas advierten que esta tendencia compromete no solo la productividad futura, sino la estabilidad del sistema agropecuario.
En ese proceso, los agroquímicos han tenido un rol ambivalente. Permitieron sostener rendimientos crecientes, pero su uso intensivo y muchas veces inapropiado altera la microbiología del suelo, afecta organismos clave para la disponibilidad de nutrientes, genera efectos residuales y dependencias crecientes. El resultado es un sistema menos resiliente, más costoso y más expuesto a riesgos.
Aquí se produce un punto de inflexión. La discusión sobre nutrientes ya no es solo agronómica sino que se conecta directamente con el comercio internacional. Porque no se trata solo de cuánto producimos, sino de cómo lo hacemos. Y el “cómo” empieza a determinar acceso a mercados, financiamiento e inversiones.
Las regulaciones ambientales avanzan con fuerza, especialmente en Europa. Normas sobre biodiversidad, trazabilidad, deforestación y uso de agroquímicos están redefiniendo las condiciones de acceso. Cerca del 49% de los agroquímicos utilizados en Sudamérica están prohibidos en la Unión Europea. Esta brecha anticipa tensiones crecientes y posibles barreras comerciales.
La paradoja es evidente. Muchas de estas sustancias prohibidas en países desarrollados son producidas y exportadas por empresas desde Europa hacia países del Mercosur. En 2024, las principales agroquímicasinformaron exportación de miles de toneladas de fitosanitarios vedados en sus propios territorios.
Sin embargo, el Acuerdo UE-Mercosur estipula el cumplimiento de altos estándares ambientales, entre ellos, las barreras comerciales a la producción que contiene esas sustancias producidas por sus compañías. Esta doble vara expone una tensión estructural. Mientras se elevan las exigencias ambientales, se sostienen cadenas de valor globales que trasladan los impactos hacia otras regiones.
Frente a este escenario, la Argentina enfrenta una decisión estratégica. Adaptarse no es una opción sino una necesidad. Algunas organizaciones de productores ya avanzan en prácticas más sostenibles, pero la escala del desafío requiere una respuesta sistémica. La gestión del suelo –y de sus nutrientes– debe convertirse en política pública y demanda acciones colectivas organizadas.
En 2025, en la Provincia de Buenos Aires se presentó una iniciativa para declarar de “interés público” el cuidado del suelo y agua, lo que obligaría a los productores a presentar planes de manejo de sus tierras, lo cual generó tensiones y el temor de una sobrerregulación estatal.
La discusión es profunda: si el suelo es la base de la riqueza nacional, su degradación no puede ser tratada como un problema individual.
El modelo actual empieza a mostrar límites claros. El monocultivo y el uso intensivo de insumos ya no solo generan impactos ambientales y sociales –como la afectación de comunidades–, sino también económicos: restricciones comerciales, mayores costos financieros, dificultades para acceder a seguros agrícolas y caída en la valuación inmobiliaria de tierras degradadas.
El mercado está cambiando. La calidad ambiental de la producción comienza a ser un factor central en la asignación de capital. Inversores, aseguradoras y compradores internacionales incorporan cada vez más el riesgo ambiental en sus decisiones.
En este nuevo contexto, la nutrición de los suelos deja de ser un tema técnico para convertirse en una cuestión estratégica de desarrollo. Reescribir el valor implica entender que la riqueza no está solo en lo que extraemos, sino en lo que somos capaces de regenerar.
Porque en la economía que viene, el verdadero activo no será la tierra en sí misma, sino su capacidad de seguir dando vida.
*Exsecretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. Docente Unsam.
