El caso Odebrecht es la piedra del escándalo del momento. Es una faceta más de la corrupción que golpea a la Argentina. El problema de fondo sigue siendo el principio de leniência incluido dentro del acuerdo entre Odebrecht y la Justicia de Brasil, que básicamente otorga inmunidad penal para los ejecutivos de la empresa en el país vecino que hayan declarado sobre los sobornos en la Argentina, pese a que también hubieran cometido el delito de pagar coimas. La ley argentina no permite acuerdos con esos beneficios para los arrepentidos.
En el comunicado que los fiscales enviaron desde Brasil, sólo se refuerza esta idea de cooperación. Esta circunstancia ha hecho recrudecer el enfrentamiento entre el Gobierno y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Mauricio Macri en persona ha acusado a la procuradora, de indiscutible militancia kirchnerista, de no difundir los nombres de los involucrados en los hechos bajo investigación a fin de proteger a los ex funcionarios del kirchnerato.
Desde la Procuraduría contraatacan señalando que si difundieran esos nombres incumplirían los requerimientos de sus pares brasileños. Es una disputa de suma cero que, de persistir, tendrá una sola consecuencia: la impunidad.
Justicia interna. En esa misma dimensión –la de la impunidad– orbita el caso del camarista federal Eduardo Freiler. Hace rato que Freiler debería haber dejado de ser juez. Su enriquecimiento es injustificable y su comportamiento, no ya como juez sino como simple ciudadano, es absolutamente indecoroso. El voto del consejero Jorge Candis, académico simpatizante de Justicia Legítima, lo salvó del juicio político. Sin embargo, el caso va más allá del voto de este miembro kirchnerista del Consejo de la Magistratura. Fuentes judiciales afirman que no tiene sentido seguir cargando las tintas contra el consejero Candis, ya que institucionalmente resulta mucho más grave el apoyo de algunos jueces (en especial la jueza y consejera Gabriela Vázquez, aliada incondicional del FpV). Los críticos del entorno de Freiler en la Justicia Federal sostienen que son varios los jueces y fiscales de Comodoro Py que por lo bajo operaron para salvarlo, quizás como una reacción corporativa ante un futuro intento por parte del Ejecutivo de sanear los juzgados federales.
Camino a las urnas. Mientras tanto, el clima electoral se va recalentando. Florencio Randazzo insiste en que no se bajará por nada del mundo y el 10 de junio dará a conocer algunas de sus ideas en materia de economía y seguridad, incluyendo una autocrítica a la inflación y la inseguridad en la provincia de Buenos Aires durante los 12 años del kirchnerato. Mientras tanto, los más acérrimos defensores de CFK siguen de cerca los pasos de todos, incluidos los propios y los aliados. Cuentan fuentes cercanas al entorno de los acólitos de la ex presidenta que no sólo Julián Alvarez fue blanco de críticas en la semana que pasó. El propio Axel Kicillof estaría cuestionado por sus encuentros con referentes de otros espacios. En la mayoría de los casos ni siquiera existieron, pero el solo rumor sirvió para poner nerviosos a Máximo y los suyos.
“Hay una implosión en La Cámpora cada vez que se analiza con seriedad la posibilidad de que La Jefa no compita”, señala un reconocido dirigente K, quien agrega que “quienes conocen su estado de ánimo aseguran que CFK está fuerte y convencida, pero con muy pocas ganas de entrar en la lógica de una campaña que le demandaría al menos algunas apariciones y recorridas públicas. Está cansada, visiblemente molesta con las fugas de su espacio y prefiere evitar el roce callejero con la gente común”.
Misterio Ducler. La inesperada muerte de Aldo Ducler ha introducido en el paisaje político un hecho sorpresivo que estaba fuera de la agenda del presente. Es que ya nadie se ocupaba del oscuro caso de los fondos de Santa Cruz depositados fuera del país por decisión del entonces gobernador Néstor Kirchner. Nunca hubo una explicación clara, sustentada en documentación fehaciente, de lo que fue ese hecho escandaloso. Recuérdese que durante los años del menemato la provincia embolsó US$ 654 millones en 1993 por regalías petroleras con la Nación, y US$ 1.100 millones al venderse YPF a Repsol en 1999. Los resúmenes de una cuenta abierta en el Morgan Stanley –entidad que actúa como banco de inversiones y agente de bolsa– de Nueva York, donde se había depositado una parte de ese dinero, eran recibidos en Mercado Abierto, la financiera de Ducler, que funcionaba en avenida Corrientes 415, sexto piso. Se sabía que Ducler había manejado esos fondos. Lo que no se sabía era que la turbia historia de los fondos de Santa Cruz tendría hoy alguna vigencia judicial.
La falta de justicia tiene esa consecuencia: los hechos delictivos caen en el olvido. El ex titular de Mercado Abierto había declarado el martes ante la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) que tenía documentación para aportar en relación con el caso. Juan Manuel, el hijo de Aldo Ducler, ha hecho saber en estas horas que su padre estaba amenazado, por lo que había pedido custodia. Lo más significativo de lo expuesto por Ducler en la fiscalía es que aseguró tener el correspondiente respaldo documentario. De ser así, estaríamos ante un caso de altísimo voltaje político que complica a CFK.
Cadena mortal. La muerte de Ducler se inviste de la impronta de otras muertes ligadas a la corrupción ocurridas en la historia de los últimos años en nuestro país. Cómo no recordar la muerte del brigadier Juan José Etchegoyen –el 13 de diciembre de 1990–, denunciante de las irregularidades en la Aduana, o la de Marcelo Cattáneo, vinculado al escándalo IBM-Banco Nación, que el 4 de octubre de 1998 apareció ahorcado en un descampado aledaño a la Ciudad Universitaria, o la del ex fiscal Alberto Nisman, cuya investigación está a punto de dar un vuelco copernicano. En una de las escenas de la película El padrino, Michael Corleone (Al Pacino) dice: “Si hay algo seguro en esta vida, si la historia nos ha enseñado algo, es que se puede matar a cualquiera”. La historia argentina le da la razón.
Producción periodística: Santiago Serra.
