Llegó un nuevo año, y con él, el balance habitual.
Se trazaron metas de inflación. Demasiado ambiciosas, y se ensambló una política monetaria sobre esa base, que no solo no logró el objetivo, a pesar de declamaciones que “las metas que se cambian no son metas”, y al final, las metas en materia de una herencia tan compleja se transformaron en un corset para toda la economía.
Cayó la actividad, mucho el primer año, menos el segundo, pero se sostuvo sectorialmente, sobre todo a través de la obra pública.
No llegó la inversión externa: esta tardará mucho en venir, al menos hasta que los fundamentals de la economía (déficits gemelos, nivel de actividad, baja del ruido político) tomen otro color. Quizás el segundo semestre de 2018 nos muestre otra cosa.
¿Qué estuvo bien? El enorme trabajo de Economía sobre el gasto público. También el manejo de endeudamiento externo.
¿Qué estuvo mal? El manejo tarifario, desastroso. La política monetaria, que frenó en vano la economía para tener más de 10 puntos adicionales en inflación que los esperados. Esto, más la “resaca” de los miles de millones que nos costarán las Lebacs, las cuales además ya todos se preguntan “cómo lo vamos a desarmar”.
Es difícil de explicar hablar de un país que quiere producir y dar rendimientos de casi el 30% en dólares en dos años.
Hay un gran divorcio de las tasas con la actividad económica, tomado como una arenga de las instituciones empresariales, cuando simplemente decían algo que era obvio.
Ahora: se corrigieron las metas, se comenzó la baja de las tasas y no nos asustamos tanto por corrimientos del dólar.
De todas formas, se está haciendo sin prisa y, esperemos, sin pausa.
Sin inversión exterior, y con menores fondos para la obra pública, lo que indudablemente puede salvar el año es el consumo y la producción. Y estos necesitan tasas sensiblemente más bajas para poder desarrollarse.
En otro orden, quedó “colgada” la ley del mercado de capitales de nuevo. Una pena.
Financiamiento es trabajo, es actividad y cada año que nos quedamos en este tema, perdemos capacidad competitiva, no solo localmente, sino regionalmente.
Sin un mercado fuerte, y con un sistema bancario sólido pero pequeño, o hay mucho para hacer, será más de lo mismo.
Para ilustrar los temas mencionados con cifras hay que ver cómo estamos con las pymes y con infraestructura.
En materia de pequeñas y medianas empresas vemos su importancia como empleadoras y en luego el paupérrimo nivel de financiamiento que tienen.
En nuestro país, de acuerdo con los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Trabajo de la Nación existen alrededor de 600 mil mipymes (menos de 200 personas) que ocupan a más de 4 millones de empleados. Es decir, 99% de las empresas registradas en Argentina son micro, pequeñas y medianas, y emplean formalmente al 65% de los trabajadores.
Según el Fondo Monetario Internacional y el informe Finance Gap realizado por IFC (Corporación Financiera Internacional), en nuestro país hay una demanda potencial de crédito para financiar mipymes en el orden de los US$ 100 mil millones. Cuando se realiza el relevamiento de la oferta actual de financiamiento para este segmento en el sistema bancario y el mercado de capitales dicho volumen no supera el 3% del PBI, lo cual marca una clara desconexión entre el sistema financiero y el sistema productivo de las pequeñas y medianas empresas. El nivel de tasa de interés es un factor determinante de la desconexión entre el sistema financiero y las pymes.
Surge la necesidad, entonces, de reorientar financiaciones de capital de trabajo con foco en el corto plazo hacia nuevos destinos, mayores montos y plazos, a tasas más competitivas y ampliando la escala de asistencia.
A nivel de infraestructura, el gráfico es claro, donde por falta de financiamiento, Argentina y México son los que menos han invertido, por ende, perdido competitividad.
Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Eclac), la inversión en infraestructura en la región pasó de promediar 3,5% del PBI en la década de 1980 a los niveles actuales en un rango promedio de 2 a 3% del PBI.
Los próximos años representarán un desafío para los programas público-privados para liderar la revolución de infraestructura en Argentina.
Su éxito dependerá en buena medida de la correcta asignación de los riesgos de los proyectos, la medición de los impactos fiscales explícitos y contingentes, y de crear un contexto para incentivar la competencia de inversores, la adecuada asignación de garantías y promoviendo la transparencia.
Entonces, este año ¿qué podemos esperar?
Una mejoría si se acentúa la corrección de la política monetaria, y se comienzan a combatir las raíces reales de la inflación: el mecanismo de conformación de precios.
Cuando se habla de inflación se les echa la culpa a los salarios, al dólar, a la humedad, pero lo que no decimos es que una gran cantidad de empresas, sino la mayoría, utilizan para la fijación de estos lo que creen que pueden cobrar sin referencia alguna con sus costos.
Esto no es ir contra la libertad de mercado, en absoluto, es no ser naif, y si los empresarios que actúan de esa forma persisten, bueno, tendrán que soportar la importación que venga a ubicarlos en la realidad. Todos sabemos que una prenda textil aquí vale diez veces lo que en Estados Unidos, no estoy hablando de China.
Entonces, si el Gobierno se compromete en este tema, como lo viene haciendo con el gasto público, bien puede ser este el año del despegue.
*CEO de First Capital Markets.
