Hay momentos, en la historia de cualquier país, en los que la basura ya no cabe debajo de la alfombra. Abulta tanto y huele tan mal, que no permite caminar, trabajar, vivir.
Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Brasil. El gobierno del Partido de los Trabajadores de “Lula” Da Silva, que distribuyó el ingreso a la manera populista, sin apuntar a cambios estructurales de la economía e incorporándose con los ojos cerrados a la monstruosa corrupción político-empresarial, está en su más bajo nivel de aceptación. La presidenta Dilma Roussef apenas recoge el 10%, mientras “Lula” y otros dirigentes enfrentan graves acusaciones. La economía sufre “la peor recesión en ochenta años”; un desempleo del 8% y una inflación del 10%. En el sector privado, varios importantes empresarios están en prisión, entre ellos Marcelo Odebrecht, titular de la más grande constructora. Para hacerse una idea de las dimensiones de la corrupción político-empresaria, basta ver la “multa” que pagarán los directivos de dos empresas, Andrade Gutiérrez y Camargo Correa, luego de reconocer ante la Fiscalía brasileña que sobornaron a cambio de contratos: 500 millones de dólares. Total, una grave crisis político-económica y un regreso de los “favorecidos” a la situación anterior, o peor: sólo este mes, el consumo familiar cayó un 4,5% (El País, Madrid, 2-12-15). Esta semana, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, él mismo bajo graves acusaciones de corrupción, abrió las puertas el impeachment de Roussef. ¿Les “suena”, conciudadanos? Debería, porque entre nosotros la situación es peor, como en Venezuela, porque además la Justicia no funciona, o funciona mal. La impunidad es total. Para citar un par de datos, de los ya muy conocidos, la inflación es del 25% o más y la pobreza oscila entre el 20% y el 35% de la población, según las fuentes. En cuanto a la corrupción político-empresaria (dejemos para otro día la sindical), basta echar una ojeada a los procesos y/o acusaciones que enfrentan Cristina Fernández, Amado Boudou, Aníbal Fernández, Ricardo Jaime, Lázaro Báez, Cristóbal López y otros, para citar sólo a algunas de las cabezas del entramado. Del desmesurado aumento del patrimonio de estos personajes –y esto sólo del declarado en el país– hay información pública, pero poco se sabe de la forma y el monto de la participación de empresas tradicionales, salvo alguna excepción. Esa pista podría seguirse –es sólo un ejemplo– deshaciendo la trama de complicidades privadas en el fabuloso enriquecimiento del ínclito ex ministro de Salud (2009/15) y actual gobernador dudosamente electo de la provincia de Tucumán, Juan Manzur.
Al fenómeno de la corrupción masiva debe agregarse entre nosotros el de la influencia del narcotráfico en esa trama, asunto denunciado por el mismísimo papa Francisco y del cual el extraordinario aumento de la importación de efedrina es el ejemplo más notorio. Este asunto está bajo aparente control e investigado por la Justicia desde 2008, cuando la entonces ministra de Salud Graciela Ocaña incorporó la efedrina como precursor químico y prohibió su importación. Pero todavía en 2012, “la Aduana se negaba a informar quiénes fueron los importadores de efedrina, alegando que hacerlo sería una violación a la ley de datos personales” (Emilia Delfino, http://www.perfil.com/ediciones/elobservador/-20125-673-0001.html).
En suma, lo que se trata de señalar aquí es que cuando la trama de irresponsabilidad económica y corrupción político-empresarial llega a los niveles paroxísticos actuales de Brasil, Venezuela y Argentina, cualquier país deviene ingobernable y su inexorable destino es la crisis y el caos.
Mauricio Macri ha repetido, hablando del futuro, que será “inflexible ante la corrupción”. ¿Tendrá claro que la transparencia que promete depende de deshacer el entramado de la ya existente y castigar con la ley a todos sus partícipes?
*Periodista y escritor.
