Este es, sin lugar a dudas, el peor momento del presidente Alberto Fernández desde que empezó la pandemia del coronavirus. Despidió de la Anses al responsable máximo del viernes negro, que expuso en la calle, y por impericia, a millones de personas de alto riesgo, apiñadas para cobrar infructuosamente su haber. Previamente, una serie de episodios lo obligaron a un zigzagueo dialéctico tratando de enmendar situaciones conflictivas, algunas producto de sus propios desaciertos: desde el anuncio luego desmentido de las salidas recreativas en la cuarentena, los errores en materia de relaciones exteriores (enfrentamiento gratuito con Chile y con Suecia, amenaza de deserción del Mercosur, etc.), más la ausencia de mención alguna sobre estrategias para encarar la emergencia económica poscuarentena.
En este contexto, ha estallado con resonancia la espectacular suba de la cotización del dólar llamado “blue”.
Sería inútil buscar las respuestas a la estampida cambiaria buceando únicamente en aspectos monetarios o financieros, si no se considerara el marco general que la condiciona.
Además de la pandemia y de la economía nacional conmovida en sus cimientos, la Argentina se podría enfrentar, en primer lugar, a un nuevo default, que afectaría no solo las finanzas públicas, sino y fundamentalmente a las empresas privadas –factor clave a fin de comenzar a pavimentar la salida poscuarentena–, en el acceso a las líneas de crédito internacionales, perentorias para su devenir.
Asimismo, más allá de las muestras de civilizada convivencia exhibidas al inicio de la pandemia, desde el Gobierno comenzaron a exteriorizarse actitudes del Presidente, del gobernador bonaerense y de otros funcionarios oficiales, atacando directamente a miembros de la oposición o denunciando presiones, ya sean de políticos o periodísticas (¿desde cuándo opinar distinto significa presionar?), hasta la escandalosa actitud de la Oficina Anticorrupción, que abandonó su rol de querellante en causas donde se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero de la familia Kirchner, que es interpretada como en sintonía con las intenciones de la vicepresidenta de obtener la rápida administración de sus bienes.
Esta abdicación constituye una continuidad en la acción emprendida ya con anterioridad por el Gobierno en materia judicial, que comenzó a agudizarse cuando el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, solicitó inconsultamente la prisión domiciliaria para el confeso Ricardo Jaime, o para Martín Báez, entre otros, hecho no desautorizado por el Presidente, quien a su vez pudo haber objetado la oleada de prisiones domiciliarias con algún repudio al beneficio otorgado al ex vicepresidente Boudou.
Esta nueva actitud del Poder Ejecutivo se desarrolla en el marco de una inactividad inquietante de la Justicia y también del Congreso que, en el caso de este último, gracias a la presión de la oposición, recién acaba de retomar su actividad.
A su vez, la sanción del DNU confiriendo poderes discrecionales para la reasignación de partidas constituye un alarmante avance del Poder Ejecutivo sobre el Congreso.
Es en este escenario que el billete verde, eterno refugio de sus ahorros para los argentinos, se dispara, impulsado fundamentalmente por la incertidumbre, no solo económica sino institucional, en un mercado de dimensión reducida, que lo expone a oscilaciones bruscas ante mínimos movimientos.
Adicionalmente, la increíble brecha entre la cotización oficial y el blue constituye un factor perverso que contribuye a lesionar aún más el saldo de la balanza comercial, al alentar sub y sobrefacturaciones en las exportaciones e importaciones, respectivamente.
La demora en corregir esta distorsión, ante el hipotético temor a una nueva repercusión inflacionaria, lesiona así, aun más, el magro acervo de divisas del Tesoro Nacional.
Sería imprescindible una corrección.
*Economista.
