En medio del revuelo que generan las investigaciones recientes de casos de corrupción que involucran a altos funcionarios del gobierno kirchnerista, el gobierno actual ha anunciado un conjunto de medidas orientadas a brindar herramientas a la Justicia y al Ministerio Público Fiscal para aumentar la eficacia de las acciones. En este contexto, una de las que más atención han atraído es la sanción de una ley del arrepentido, que ofrecería reducciones en las penas y hasta eximición para aquellas personas que aporten información comprobable y verosímil que ayude sustancialmente a llevar a cabo una investigación.
En los Estados Unidos, el uso de testigos arrepentidos, informantes y agentes encubiertos es una práctica extendida en la investigación de crímenes federales. A pesar de que no existe legislación que establezca su existencia y condiciones de implementación, es ampliamente aceptada, en tanto queda encuadrada en la tradición del Common Law, en donde tienen mayor peso la jurisprudencia y los usos y costumbres que en nuestro sistema, heredero del derecho romano.
En Brasil, la delación premiada, como se la conoce allí, fue incorporada en la Ley de las Organizaciones Criminales y resultó clave para que la investigación de la corrupción en Petrobras tuviera el alcance inusitado que conocemos.
En nuestro país, la posibilidad de ofrecer beneficios procesales a personas involucradas en delitos que colaboren en una investigación acerca de hechos de corrupción exige una norma que la establezca. Ultimamente, esto ha merecido atención debido a la importancia social de ciertos delitos.
Así es como en nuestra legislación vigente existen casos en los que se contempla ya la reducción de penas para quienes, habiendo estado involucrados en delitos, colaboren con una investigación aportando datos que permitan identificar a los responsables, evitar nuevos delitos, recuperar bienes o secuestrar aquellos que constituyan medios para la comisión de los mismos. Tal es lo que sucede en los casos de terrorismo, narcotráfico, trata de personas y casos de contrabando. La sanción de una ley específica para establecer esta figura implica entonces la necesidad de modificar la normativa vigente para evitar superposiciones y cuestiones de competencia.
Más allá de su extensión a otros delitos, en la discusión acerca de la futura ley, el foco está puesto en la corrupción, y cabe señalar que en este campo la delación premiada puede ser una herramienta muy útil, siempre y cuando se incluya en el marco de una política más completa.
En la medida en que no haya un cambio significativo en las prácticas de control y prevención, y en que la Justicia siga mostrando sus limitaciones para actuar, podrá servir puntualmente en algunos casos que despierten particularmente el interés de los responsables de su implementación en un momento determinado, pero no significará un avance sustancial en la lucha contra la corrupción.
Para aportar al esclarecimiento de hechos de corrupción, es necesario que algún involucrado decida acogerse a sus beneficios, para lo cual debe haber al menos una alta probabilidad de que reciba una condena. Es más difícil imaginar que alguien que considere que puede evadir la acción de la Justicia se presente como arrepentido. En el caso del Petrolão, el avance de la investigación fue lo que destruyó la conspiración de silencio e hizo aparecer a los arrepentidos, que siguen sumándose a la lista.
En suma, el impacto que una ley que consagre la delación premiada tenga en la lucha contra la corrupción depende en gran medida de la fuerza con que se exija el cumplimiento de las leyes vigentes, y ésta a su vez se supedita a la existencia de una clara determinación política, que avance hacia la inclusión de las políticas anticorrupción dentro de una política de Estado.
*Presidente FTI Consulting, miembro ACFE.
